+Isidro Fabela, Nicolás Romero, Tenancingo, San Felipe del Progreso, Jiquipilco y Zinacantepec, no transmitieron el juego de México, les pesó pagar derechos; ¿Deben los Ayuntamientos costear la cara diversión con el dinero público?
La frase:
El pueblo, del que en otro tiempo dependían el gobierno, la justicia, las fuerzas armadas, todo, ahora se desentiende y sólo desea dos cosas: pan y circo.
JUVENAL
POLÍTICA DE PAN Y CIRCO… PERO NO TAN CARO
Para una buena parte de los mexicanos, el Mundial de Futbol representa mucho más que un torneo deportivo. Es una pausa colectiva en la rutina, un motivo para reunirse con la familia, convivir con los vecinos y compartir la esperanza de ver a la Selección Mexicana escribir una página memorable.
Bajo esa lógica, varios gobiernos municipales del Estado de México anunciaron con entusiasmo la instalación de pantallas gigantes en plazas públicas para transmitir el partido inaugural entre México y Sudáfrica.
La intención parecía acertada: democratizar una fiesta global y acercarla a quienes no pueden costear servicios de televisión restringida o acudir a establecimientos privados.
Sin embargo, la emoción duró poco. Horas antes del silbatazo inicial, la promesa fue retirada. Los ayuntamientos de Isidro Fabela, Nicolás Romero, Tenancingo, San Felipe del Progreso, Jiquipilco y Zinacantepec confirmaron la cancelación de las transmisiones públicas del debut mundialista.
A través de comunicados difundidos en redes sociales, las autoridades argumentaron que la decisión obedecía al respeto de los lineamientos legales y de derechos de transmisión de la FIFA, sin abundar en mayores detalles. Para cientos de familias que ya planeaban acudir a estos espacios, la noticia cayó como un balde de agua fría.
La explicación oficial pronto dio paso a una conversación más amplia. A través de los canales oficiales los municipios desistieron de instalar pantallas debido a los costos asociados con los permisos requeridos para la exhibición pública de los encuentros.
Lo que inicialmente parecía un problema administrativo terminó revelando la dimensión económica detrás del espectáculo deportivo más importante del planeta.
De acuerdo con la información difundida, el pago por la licencia de autorización para transmitir los partidos de la Copa Mundial de Futbol 2026 en plazas públicas oscila entre los dos y los seis millones de pesos por evento, dependiendo de las características de la proyección y el aforo contemplado.
Cifras que varios gobiernos municipales y estatales consideraron excesivas y que provocaron que muchos optaran por suspender la colocación de pantallas en parques y espacios abiertos.
En el Estado de México, inicialmente se contemplaba que 14 municipios formaran parte de esta estrategia de transmisiones colectivas. Sin embargo, conforme se conocieron los costos y las implicaciones legales, varios fueron desertando de la iniciativa hasta reducir significativamente el número de sedes previstas.
El entusiasmo inicial terminó chocando contra una realidad presupuestal que pocos habían anticipado o querido reconocer públicamente.
El episodio vuelve a colocar sobre la mesa una discusión incómoda: la del uso de recursos públicos para financiar actividades recreativas cuando persisten necesidades urgentes sin resolver.
Porque si bien nadie puede negar el valor social del deporte y de los espacios de convivencia comunitaria, también es cierto que millones de pesos destinados a la transmisión de un partido inevitablemente generan cuestionamientos en entidades donde abundan carencias cotidianas.
La lista es larga y conocida por cualquier ciudadano. Calles repletas de baches que dañan vehículos y ponen en riesgo a peatones; cuerpos policiacos que trabajan sin el equipamiento suficiente; estaciones de bomberos con unidades deterioradas o sin herramientas indispensables para atender emergencias; comunidades enteras con deficiencias en alumbrado público; sistemas de recolección de basura insuficientes y municipios que aún enfrentan problemas para contar con sitios adecuados para la disposición final de residuos sólidos. Son necesidades permanentes que rara vez logran resolverse con la misma velocidad con la que se anuncian eventos de carácter mediático.
En ese contexto, la controversia no radica únicamente en si la FIFA tiene derecho a proteger sus transmisiones, algo que forma parte de su modelo comercial y de una industria que mueve miles de millones de dólares.
La verdadera discusión es si los gobiernos deben comprometer recursos públicos para costear licencias cuyo valor puede alcanzar hasta seis millones de pesos por unas cuantas horas de entretenimiento, mientras asuntos básicos permanecen postergados bajo el argumento de la falta de presupuesto.
No es la primera vez que el Mundial enfrenta el debate entre el acceso popular y la lógica del mercado. La propia organización notificó, a través del gobierno mexicano, que establecimientos con imágenes, publicidad o referencias al torneo podrían enfrentar sanciones si no contaban con las autorizaciones correspondientes.
La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en la Ciudad de México advirtió incluso que las multas por incumplir estas disposiciones podrían alcanzar las 250 mil Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a cerca de 28 millones de pesos, una cifra suficiente para inhibir cualquier intento de proyección improvisada.
El futbol seguirá siendo un lenguaje común capaz de reunir a desconocidos en un abrazo después de un gol. La Selección Mexicana continuará despertando ilusiones y generando momentos de identidad compartida. Pero lo ocurrido en varios municipios mexiquenses deja una enseñanza que va más allá del marcador.
La pasión deportiva no está exenta de decisiones políticas ni de prioridades presupuestales. Entre quienes consideran que el acceso al Mundial debería garantizarse como una experiencia comunitaria y quienes sostienen que ningún espectáculo justifica un gasto millonario cuando persisten necesidades elementales, el debate apenas comienza.
Porque quizá el verdadero fuera de lugar no fue cancelar las pantallas horas antes del partido, sino evidenciar que en México seguimos discutiendo si destinar millones a una fiesta de 90 minutos o invertirlos en tapar baches, iluminar calles, equipar bomberos y dignificar servicios públicos que la ciudadanía espera los 365 días del año.
Mientras el balón rueda y el negocio mundialista sigue su curso, la pregunta permanece en las plazas vacías: ¿cuáles son, realmente, las prioridades del servicio público?