CAEN INGRESOS DE LOCATARIOS DEL MERCADO JUÁREZ POR LA PRESENCIA DE AMBULANTES

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Por Fátima Chávez

El crecimiento del comercio ambulante y semifijo en las inmediaciones del Mercado Juárez de Toluca se ha convertido en un problema que, de acuerdo con el comercio establecido, trasciende la competencia económica y alcanza aspectos de movilidad, limpieza y seguridad.

Al respecto, Carlos Gabriel Ulloa González, locatario de la Unión de Comerciantes Establecidos del Mercado Juárez, advirtió que la falta de una solución permanente ha permitido que el conflicto se prolongue y que los espacios públicos sean ocupados de manera recurrente.

El representante del sector formal señaló que los establecimientos han resentido una caída considerable en sus ingresos, con disminuciones que, según sus estimaciones, van del 70 al 80 por ciento, situación que atribuyó en buena medida a la competencia que representa el comercio informal instalado en calles y zonas aledañas al mercado.

Ulloa González consideró importante diferenciar entre las personas que recurren al ambulantaje como una alternativa para obtener ingresos y las organizaciones que coordinan la ocupación de espacios públicos. Desde su perspectiva, el problema se agrava cuando se incumplen acuerdos alcanzados previamente con las autoridades municipales para liberar las inmediaciones del mercado.

Recordó que en distintos momentos se han planteado reubicaciones hacia sitios como la Aviación Autopan, bajo el compromiso de retirar los puestos de las inmediaciones del Mercado Juárez. Sin embargo, sostuvo que después de los operativos o reubicaciones, las agrupaciones regresan paulatinamente a los espacios públicos, generando un ciclo que hasta ahora no ha permitido resolver de fondo el conflicto.

A la afectación económica se suma, dijo, el deterioro de las condiciones de movilidad al detectar vehículos estacionados sobre ciclovías, obstrucción de rampas para personas en silla de ruedas y calles ocupadas por puestos ambulantes que dificultan el tránsito peatonal y vehicular.

Asimismo, cuestionó las condiciones de limpieza en el perímetro, al señalar que comerciantes semifijos dejan bolsas y residuos en la vía pública, incluso en zonas donde existen contenedores para depositar la basura. El problema adquiere mayor relevancia por tratarse de un punto con alta afluencia de personas y cercano a la terminal de autobuses, donde, afirmó, visitantes y usuarios se encuentran con una imagen de desorden y acumulación de desechos desde su llegada.

La preocupación del comercio establecido también se extiende a la seguridad, pues Ulloa González sostuvo que la saturación de calles, la concentración de puestos y las dificultades para transitar generan condiciones que pueden ser aprovechadas para cometer robos contra peatones y clientes como por ejemplo los motoratones, carteristas y farderas.

Además, aunque aseguró no haber sido víctima personalmente, afirmó que integrantes del gremio han enfrentado presuntas extorsiones y chantajes, casos que, señaló, ya fueron denunciados ante las autoridades correspondientes.

En cuanto a los operativos realizados para retirar al comercio informal, reconoció que las acciones de las autoridades buscan recuperar las calles y garantizar el tránsito peatonal; sin embargo, cuestionó su efectividad cuando únicamente producen resultados momentáneos.

‘El principal señalamiento del sector formal es precisamente que, después de los desalojos, los puestos vuelven a instalarse en los mismos puntos, por lo que el problema termina reproduciéndose» afirmo el locatario.

Ante este escenario, la Unión de Comerciantes Establecidos del Mercado Juárez planteó que la solución no debe limitarse a operativos periódicos, sino avanzar hacia acuerdos permanentes con las organizaciones de comerciantes.

Ulloa González insistió en que debe existir una reubicación definitiva del ambulantaje en espacios donde pueda desarrollar su actividad sin bloquear calles, accesos y ciclovías, pero también sin poner en riesgo la supervivencia del comercio formal.

El conflicto refleja así una problemática que las autoridades locales han enfrentado durante años: la necesidad de ordenar el espacio público y garantizar el derecho al trabajo sin permitir que la informalidad termine trasladando los costos del desorden a comerciantes establecidos, peatones, usuarios del transporte y habitantes de la zona.

Mientras no exista una estrategia que combine regulación, reubicación efectiva, vigilancia y cumplimiento de los acuerdos, los operativos aislados difícilmente podrán ofrecer una solución duradera.