+Cara y cruz sobre una posible jugada de ajedrez político con el posicionamiento de Horacio Duarte Olivares, huachicol de por medio; los discípulos de Del Mazo Maza, primer hilo que revienta

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La frase:

 

Todo es un tablero de ajedrez que noches y días donde el destino juega con los hombres como piezas.

OMAR JAYAM

El ajedrez político mexiquense comenzó a moverse mucho antes de lo previsto y todas las miradas apuntan hacia un solo personajeHoracio Duarte Olivares.

Lo que hasta hace algunos meses parecía una administración concentrada en consolidar el proyecto de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, hoy se encuentra envuelta en rumores, cálculos sucesorios y versiones de una reconfiguración que podría modificar el equilibrio de fuerzas dentro de Morena rumbo a la elección de 2029.

Las versiones sobre una eventual salida de Duarte de la Secretaría General de Gobierno han dejado de ser simples comentarios de pasillo. Cada vez son más insistentes las señales que apuntan a una estrategia política diseñada para colocarlo en una posición privilegiada dentro de la próxima Legislatura federal mediante una diputación plurinominal.

La jugada no es menor. Una curul en San Lázaro le permitiría mantenerse vigente en la política nacional, conservar influencia dentro del movimiento y contar con la protección institucional que brinda el fuero constitucional, al tiempo que fortalecería sus aspiraciones para convertirse en el sucesor de Delfina Gómez.

La eventual salida del texcocano tendría implicaciones profundas para la administración estatal. La Secretaría General de Gobierno no es una dependencia cualquiera; es el corazón político de la entidad. Desde ahí se construyen acuerdos con alcaldes, legisladores, organizaciones sociales y actores políticos de todos los colores.

Duarte ha concentrado tal nivel de interlocución y operación que dentro y fuera del gobierno existen quienes lo consideran una especie de vicegobernador de factoSu influencia se consolidó desde que abandonó la Agencia Nacional de Aduanas de México en octubre de 2022 para asumir la coordinación política de la campaña que llevó a Delfina Gómez al triunfo electoral.

Sin embargo, mientras su proyecto político parece avanzar, también crecen los cuestionamientos que amenazan con convertirse en un lastre para sus aspiraciones. En paralelo a las versiones sobre su relevo han resurgido señalamientos relacionados con su paso por las aduanas del país durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Diversos críticos sostienen que durante ese periodo se fortalecieron prácticas asociadas al denominado huachicol fiscal, un esquema de evasión y tráfico de combustibles que ha generado preocupación dentro del propio gobierno federal.

Las acusaciones van más allá de señalamientos políticos. Sus detractores hablan de presuntas redes de operadores y colaboradores que habrían actuado con amplios márgenes de impunidad. Incluso, versiones provenientes de investigaciones estadounidenses sobre el tráfico irregular de combustibles mencionan a ex funcionarios vinculados al sistema aduanero mexicano como posibles facilitadores de operaciones que permitían la salida de combustibles hacia Estados Unidos y su posterior reingreso ilegal al territorio nacional.

En ese contexto, el nombre de Horacio Duarte aparece recurrentemente en el debate público, aunque hasta ahora no existe un pronunciamiento oficial que confirme responsabilidades o procesos judiciales en su contra.

El huachicol una de las lacras de México.

La situación adquiere una dimensión adicional por las especulaciones sobre una posible fractura política con la gobernadora. Aunque ninguna de las partes ha confirmado diferencias, los observadores recuerdan inevitablemente el distanciamiento que en su momento protagonizó Higinio Martínez Miranda con la mandataria estatal.

En Morena saben que las rupturas internas suelen ser más peligrosas que la oposición externa, especialmente cuando se trata de definir candidaturas futuras.

Aprovechando este escenario, la oposición ha intensificado sus críticas. La senadora y dirigente estatal priista Cristina Ruiz Sandoval asegura que las divisiones dentro de Morena son consecuencia de presuntos actos de corrupción que eventualmente alcanzarán a distintos actores políticos.

La legisladora sostiene que existe una estrategia sistemática de protección hacia funcionarios y militantes del partido gobernante cuando surgen denuncias o señalamientos públicos.

Ruiz Sandoval ha sido particularmente severa al referirse al tema del huachicol fiscal. Afirma que las autoridades han permitido la permanencia de redes de corrupción y advierte que tarde o temprano deberán enfrentar consecuencias legales.

 

Desde su óptica, el robo de combustible y los recursos obtenidos mediante estas prácticas podrían estar siendo utilizados para financiar proyectos políticos y campañas electorales, una acusación que eleva el nivel de confrontación entre oficialismo y oposición en el Estado de México.

Mientras tanto, el silencio sigue siendo el principal protagonista. Ni Horacio Duarte ni el Gobierno mexiquense han confirmado una renuncia, una candidatura o un eventual reacomodo político.

Pero en política, muchas veces el vacío de información se llena con especulaciones. Y en este caso, cada día sin una definición oficial alimenta la percepción de que algo importante se mueve detrás de las puertas del poder.

La pregunta ya no parece ser si habrá cambios, sino cuándo ocurrirán y qué tan profunda será la sacudida que provocarán en Morena y en la sucesión mexiquense que, aunque aún distante, ya comenzó a jugarse.

En medio de este escenario también emerge una preocupación que la oposición ha colocado en el centro del debate público: el eventual uso de recursos de procedencia ilícita para fortalecer estructuras políticas y electorales. Los críticos del oficialismo sostienen que la concentración de poder alcanzada por Morena en distintas instituciones del Estado, incluyendo su creciente influencia sobre organismos y espacios que anteriormente funcionaban como contrapesos, podría generar condiciones para una menor vigilancia sobre el destino de los recursos públicos.

Aunque estas acusaciones no han sido acreditadas por las autoridades competentes, forman parte del discurso político que acompaña la disputa por la sucesión mexiquense y que promete intensificarse conforme se acerque el proceso electoral de 2029.

Delmacistas a prisión

Otro que al parecer cayó en desgracia fue un insigne integrante del gabinete de gobierno del ex gobernador del Estado de MéxicoAlfredo del Mazo Maza, a quien recientemente se le vio disfrutando en un partido de la Selección Mexicana de Futbol, en el ahora llamado estadio Ciudad de México.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplió órdenes de aprehensión en contra de Óscar “N”, ex subsecretario de Administración durante el gobierno estatal de Alfredo del Mazo Maza, así como de otros nueve ex funcionarios, por su presunta participación en una red de venta ilegal de plazas dentro de la ahora Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI).

 

Las detenciones –por lo menos cuatro– se ejecutaron en el municipio de Metepec como parte de una investigación relacionada con posibles actos de corrupción en la asignación de espacios laborales dentro de la dependencia estatal.

De acuerdo con las indagatorias, los ex servidores públicos estarían involucrados en un esquema mediante el cual presuntamente se comercializaban plazas a cambio de recursos económicos.

 

Óscar, primer Delmacista sometido a proceso.

Tras su captura, los imputados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial y posteriormente trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez –Santiaguito– donde enfrentarán el proceso penal correspondiente.

 

Las autoridades mexiquenses continúan con las investigaciones para determinar el alcance de las presuntas irregularidades y establecer si existen más personas involucradas en esta red de corrupción que habría operado dentro del sector educativo estatal.

 

Hasta donde se sabe, este grupo de ex funcionarios habrían asignado las plazas laborales en el sector educativo del Estado de México a personas que no cumplían los requisitos de ley, a cambio de importantes sumas de dinero.

Es un esquema de corrupción en el cual podrían incluso estar implicados personas que hasta no hace mucho todavía tendrían cargos en la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, por lo que las investigaciones continuarán hasta presentar ante la justicia a todos los implicados, sin importar si pertenecen o no a la actual administración morenista.