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COLECTIVOS “NO AL TARIFAZO” RECHAZAN EL INCREMENTO AL TRANSPORTE

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Integrantes del movimiento “No al Tarifazo· realizaron una asamblea ciudadana para expresar su rechazo al incremento en las tarifas del transporte público, el cual fue definido por la Secretaría de Movilidad de la entidad mexiquense el día viernes 10 de octubre a través de la Gaceta de Gobierno, denunciando que detrás de la medida existe una política con fines electorales y de beneficio a grupos empresariales ligados al poder político en la entidad.

Durante el encuentro, los participantes señalaron que la administración estatal ha destinado 65 millones de pesos en activos a empresas vinculadas al Grupo Atlacomulco, y que, según declaraciones oficiales, se planea entregar cerca de 5 mil millones de pesos anuales a transportistas mediante fideicomisos.

De acuerdo con los ciudadanos, esos recursos podrían utilizarse para construir hasta cinco nuevas líneas de Mexibús que mejorarían la movilidad y dejarían un legado duradero para los habitantes del Estado de México.

Los asistentes advirtieron que el esquema actual de apoyo a transportistas “es una política efímera y clientelar”, pues las unidades compradas con estos recursos se convertirán en chatarra en pocos años, sin resolver los problemas de fondo. También denunciaron que muchas de las empresas beneficiadas incumplen normas ambientales, laborales y de seguridad vial.

El movimiento recordó que el último estudio tarifario, publicado en 2020, estimaba que con una tarifa de 12 pesos los operadores podían recibir un salario digno y mantener unidades con menos de diez años de antigüedad, sin embargo, la realidad es distinta: muchos choferes no tienen sueldo fijo y circulan camiones con más de 13 años de servicio.

Entre las principales demandas de No al Tarifazo se encuentran: inversión en infraestructura, transporte seguro y accesible, y tarifas preferenciales para estudiantes, personas mayores y con discapacidad. También exigieron que se cumplan las promesas de campaña relacionadas con la expansión del Mexibús en el Valle de Toluca, que fue retirado del plan de desarrollo estatal y que, gracias a las movilizaciones, ha vuelto a colocarse en la agenda pública.