DECOMISA FISCALÍA ESTATAL 2700 MÁQUINAS TRAGAMONEDAS EN 56 MUNICIPIOS DE EDOMÉX
Por Fátima Chávez
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que, a una semana del inicio de la “Operación Dos de Bastos”, implementada desde el pasado 13 de julio, han sido aseguradas más de 2 mil 700 máquinas tragamonedas en 56 municipios de la entidad, además de la suspensión de actividades de 300 establecimientos presuntamente relacionados con esta actividad ilícita.
El operativo fue puesto en marcha tras el homicidio de un joven de aproximadamente 20 años, ocurrido el 12 de julio al interior de un establecimiento con máquinas tragamonedas en el municipio de Otzolotepec, hecho que derivó en una investigación más amplia sobre la operación de estos negocios y su presunta relación con grupos delictivos.
Durante las acciones, la Fiscalía también inspeccionó alrededor de 100 establecimientos comerciales y logró la detención de cinco personas por diversos delitos del fuero común.
Entre los sitios revisados se encuentran Plaza Aragón, Plaza Santín, en Toluca; Plaza Lago, en Tlalnepantla; y Plaza Centella, Plaza Arkana Norte, Plaza San Miguel y Mega Izcalli, en el municipio de Cuautitlán Izcalli.
Como parte de los aseguramientos fueron decomisados aproximadamente cinco millones de pesos en efectivo, integrados por monedas de dos, cinco y diez pesos, así como billetes de 100, 200 y 500 pesos. De acuerdo con las investigaciones, estos establecimientos generaban un flujo económico estimado en 50 millones de pesos.
La FGJEM señaló que las máquinas tragamonedas eran inicialmente importadas; sin embargo, las investigaciones permitieron identificar que posteriormente comenzaron a fabricarse en el municipio de Cuautitlán Izcalli.
Las autoridades también advirtieron que estos establecimientos presuntamente eran utilizados por grupos criminales para captar a menores de edad y adolescentes, quienes eran involucrados inicialmente en actividades delictivas como robos y posteriormente en otros ilícitos.
Asimismo, se investiga el reclutamiento de madres de familia para la distribución de drogas y la imposición de máquinas tragamonedas a comerciantes como parte de esquemas de extorsión y cobro de cuotas.
Respecto al destino de las máquinas aseguradas, la Fiscalía explicó que los propietarios deberán acreditar su legal posesión. Dependiendo de lo que determine la Fiscalía General de la República (FGR), podrán iniciarse procedimientos de extinción de dominio o de disposición anticipada de los bienes, para posteriormente proceder a su destrucción.
De igual forma, quienes reclamen el dinero decomisado deberán demostrar su procedencia lícita; de lo contrario, será considerado producto de una actividad ilícita.
La FGJEM precisó que su actuación se sustenta en investigaciones por delitos del fuero común, entre ellos encubrimiento por receptación, extorsión, apología del delito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras que la regulación y autorización para la operación de máquinas tragamonedas corresponde a las autoridades federales.