+ El boicot a la carrera de abogados, síndrome de hartazgo social; Día de juzgados para políticos mexiquenses; Alcalde de Metepec vinculado a proceso penal; Lino “N” libre como el viento

La frase:

Entre las muchas cosas que dijo Nancy Nápoles Pacheco, fue que no había sido notificada de asistir a un juzgado. Ayer lo hizo. Esto quiere decir que…

TAMBIÉN EN ESO MINTIÓ

Día de juzgados para políticos mexiquenses

La vida de la política mexiquense se trasladó este jueves 9 de julio de las cámaras de diputados, alcaldías y demás escenarios tradicionales hacia los juzgados, ahí estuvo la nota más destacada, aunque eso suene ridículo en un ambiente en el que se supone la legalidad debería estar por sobre cualquier cosa.

 

Por una parte, la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, debutó ante el juez que conoce de su causa, en calidad de señalada, por el presunto delito de fingir su secuestro y con ello hacer una maniobra financiera que implicaría apoderarse de cuarenta millones de pesos para cubrir un desfalco a la administración municipal.

 

Pues, tal como estaba previsto, se presentó en los juzgados que están en las instalaciones de la penitenciaría de Tenango del Valle, para intentar explicar cómo está eso de que la secuestraron, no la maltrataron, sólo la asustaron, le pidieron 40 millones de pesos a cambio de rescatarla, y finalmente se liberó y echó a correr sin ninguna resistencia ni violencia. Casi una súper mujer.

 

Como se esperaba, casi diez horas no fueron suficientes para desenmarañar las múltiples versiones que sobre ese caso ha dado la presidenta municipal de Tenancingo, por lo que el juicio seguirá en los próximos días.

Lo que sí destacó es que ciudadanos de Tenancingo, a los cuales gobierna, exigieron a las afueras de las instalaciones judiciales que Nancy Nápoles Pacheco renuncie o por lo menos interponga una licencia al cargo de presidenta municipal, pues nadie en ese municipio le cree una pizca sobre su presunta inocencia y aseguran los hombres y las mujeres de Tenancingo que debe dejar su cargo para enfrentar a la justicia estatal sin ningún tipo de presión legal.

A gritos y con pancartas, los ciudadanos de Tenancingo le exigieron a su autoridad municipal que abandone la presidencia municipal y que presente a toda su familia ante el juez para que se aclare su presunta participación en este caso, el cual está ya en la atención de la autoridad judicial, y podría tomar tintes tan serios que sea necesario que intervenga el gobierno federal.

 

Alcalde de Metepec vinculado a proceso penal

Otro que se echó unas cuantas horas de su jornada laboral ayer en los juzgados del Valle de Toluca fue el presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, quien salió de ahí con la noticia de que el juez que conoce de su causa decidió vincularlo a proceso. Eso, hay que aclarar, no quiere decir de modo alguno que lo haya declarado culpable de algún delito, sólo quiere decir que, según los cálculos del señor justicia, quien cree tener elementos suficientes como para comenzar a desarrollar un juicio por el delito de abuso de autoridad. Esto, con relación a la entrada espectacular que hizo Fernando Flores Fernández a las instalaciones del club deportivo La Asunción, de Metepec.

A pesar de que no ha marcado realmente ninguna responsabilidad el juez sobre Fernando Flores, lo cierto es que lo único que salió diciendo es sigo siendo alcalde de Metepec, como para que a todo el mundo le quede muy claro que mientras no haya una resolución donde se dicte un delito en su contra, él seguirá yendo a trabajar a la presidencia municipal de Metepec.

De acuerdo con comentarios de algunos de los abogados que forman parte de su equipo de defensa legal, eso no tendrá ninguna repercusión legal y mucho menos política, pues él puede seguir gobernando Metepec, no pedirá permiso o licencia al cargo y mucho menos será removido por ninguna autoridad             –como podría ser la Legislatura local— para enfrentar alguna penalidad.

Es decir, trámite y más trámite, como para hacer que pase más tiempo, como para seguir creciendo el morbo político, sin que eso signifique que Fernando Flores haya cometido delito alguno, pues ciertamente entró de manera un tanto violenta a las instalaciones del club de golf y centro deportivo La Asunción, pero de ahí que haya matado a alguien o que por lo menos le haya puesto unos golpes, la verdad es que no, que si hubiera hecho lo mismo Juan Pérez; es decir, cualquier otro ciudadano, seguramente ya a estas alturas del partido, nadie se acordaría del incidente, pero como se trata del político más conocido de Metepec, y además se trata de un empresario importante y de una figura con alto grado de relevancia, pues seguirán alimentando el morbo y las estrategias legales para ver en qué acaba el asuntito, pero de ahí a que exista un grado de responsabilidad o que el alcalde vaya a pisar alguna cárcel, de eso pueden estar seguros que no ocurrirá.

Mucho ruido, pocas nueces. Dice el dicho.

Lino “N” libre como el viento

Finalmente, Lino “N”, servidor público adscrito a la Secretaría General de Gobierno, también visitó –a fuerza— los juzgados penales, pero él en el estado de Oaxaca, pues la justicia federal pretendía iniciar juicio en su contra por delitos como abuso de autoridad y por supuestamente mantener ligas con grupos delictivos del país.

Pero toda esa escena salió chafa, tan chafa como los argumentos de García Harfush y su equipo de abogansters que intentaron aumentar el número de personas en la cárcel como resultado de los operativos que supuestamente realizan autoridades federales en contra de servidores públicos por supuestas relaciones con grupos delictivos.

 

A final de cuentas, en la audiencia desarrollada, se concluyó que no existen elementos suficientes como para vincular a proceso a Lino “N”, quien podrá regresar al Estado de México y, quizá, hasta ser restituido en el cargo de director general de gobierno para la zona sur-poniente, donde, aseguran los alcaldes de la región, sí ha hecho una buena tarea en materia de gobernabilidad.

Entonces, todas las notas escritas hasta el momento en la que se le señaló como un mafioso y un político implicado en cosas raras pues entonces no tendrán validez alguna y podrá regresar a la actividad política y al desempeño de su cargo público. Ahora habrá que ver si el secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, simplemente lo acomoda en otra responsabilidad o considera que ya lo chupó el diablo.

Cuando la justicia se vuelve carrera para evitar solución a asuntos

Hay una escena que se repite con demasiada frecuencia en el Estado de México: mientras una institución organiza una carrera, un foro o una campaña para hablar de derechos humanos, de igualdad o de acceso a la justicia, afuera de sus instalaciones hay personas exigiendo exactamente eso que se presume desde el templete.

 

La distancia entre el discurso oficial y la realidad se ha vuelto tan grande que ya no sorprende que los eventos institucionales terminen convertidos en escenarios de protesta.

La convocatoria para bloquear la Carrera de la y el Abogado del próximo 12 de julio no es, en el fondo, una inconformidad contra el deporte ni contra una actividad de convivencia. Es una manifestación de hartazgo. Cuando las víctimas sienten que las puertas de las instituciones permanecen cerradas, cualquier acto público destinado a proyectar una imagen de compromiso termina siendo interpretado como un ejercicio de relaciones públicas antes que como una muestra genuina de justicia.

Los colectivos que convocan a la movilización no llegan con reclamos abstractos. Llegan con nombres, expedientes y testimonios. Colocan sobre la mesa el caso de Viridiana Rodríguez Rico, quien ha denunciado haber sido víctima de violencia física, psicológica y sexual, y sostiene que el Poder Judicial no le reconoció la calidad de víctima.

Su decisión de no acudir a la continuación de la audiencia relacionada con el proceso que enfrenta el ex alcalde de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, por el presunto delito de secuestro exprés con fines de extorsión, quedó acompañada de una frase que debería encender todas las alertas institucionales: aseguró que teme por su vida y la de su hijo porque, afirma, no cuenta con protección de las autoridades. Más allá del desenlace judicial, resulta preocupante que una persona manifieste ese nivel de desconfianza hacia el sistema que debería garantizar su seguridad.

A ese expediente se suma la denuncia pública de María Irene Dipp Walther, segunda esposa del senador y ex gobernador Eruviel Ávila Villegas, quien difundió un video en el que afirmó haber sufrido violencia psicológica y amenazas, responsabilizando a su esposo de cualquier agresión que pudieran sufrir ella o sus hijos.

Los organizadores de la protesta cuestionan que, pese a la gravedad de esas declaraciones, no existiera un posicionamiento contundente por parte de las autoridades estatales. El silencio, en estos casos, también comunica, y con frecuencia es interpretado como indiferencia y compromiso hacia la parte agraviante.

La tercera historia que impulsa la movilización corresponde a Nancy Rocío Durán Barrios, quien denunció al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), Víctor Leopoldo Delgado Pérez, por presunto acoso laboral, sexual y actos de discriminación.

De acuerdo con los convocantes, la respuesta institucional se limitó a cambios de adscripción de algunos funcionarios señalados, sin sanciones de fondo ni una reparación efectiva para la denunciante.

Si esas afirmaciones son ciertas, la institución encargada de defender los derechos humanos terminaría enfrentando cuestionamientos precisamente por la forma en que atiende denuncias al interior de su propia estructura.

Todos estos casos deberán resolverse conforme al debido proceso y respetando plenamente la presunción de inocencia de las personas señaladas. Sin embargo, también es cierto que la justicia no puede limitarse a recordar principios jurídicos mientras la percepción ciudadana es que las víctimas enfrentan más obstáculos que quienes concentran poder político o institucional.

 

Cuando distintas historias coinciden en señalar omisiones, lentitud o falta de sensibilidad, el problema deja de ser individual para convertirse en una crisis de confianza.

Quizá lo más preocupante no sea únicamente la existencia de estas denuncias, sino la percepción de que el poder protege al poder. Esa idea, independientemente de que pueda acreditarse o no en cada caso, erosiona profundamente la credibilidad del sistema de justicia.

Y cuando la ciudadanía deja de confiar en los tribunales, en los organismos de derechos humanos o en las instituciones encargadas de impartir justicia, el daño trasciende cualquier administración.

También llama la atención el silencio institucional. En un contexto donde las denuncias por violencia de género ocupan diariamente la agenda pública, guardar distancia o limitarse a comunicados burocráticos suele interpretarse como indiferencia.

La ausencia de posicionamientos claros alimenta la percepción de que existen víctimas de primera y de segunda categoría, dependiendo del peso político de las personas involucradas.

A ello se suma el reclamo de madres buscadoras, familiares de personas privadas de la libertad que denuncian fabricación de delitos y comunidades que afirman enfrentar intereses políticos, inmobiliarios o criminales sin encontrar una respuesta efectiva del Estado.

Las carreras pueden continuar organizándose. Los discursos pueden seguir pronunciándose. Los mensajes institucionales pueden multiplicarse en redes sociales. Pero ninguna estrategia de imagen logrará sustituir lo único que realmente reclaman quienes saldrán a manifestarse: justicia.

Porque la confianza no se recupera con kilómetros recorridos, sino con decisiones transparentes, investigaciones sólidas y sentencias que demuestren que la ley se aplica con el mismo rigor para cualquier ciudadano, sin importar el cargo, el apellido o la influencia política.

Las instituciones harían bien en entender que el verdadero desafío no es evitar que una protesta interrumpa una carrera. El verdadero reto consiste en impedir que la ciudadanía siga creyendo que, para ser escuchada, primero tiene que salir a bloquear las calles. Cuando la justicia deja de convencer, la protesta se convierte en el último recurso de quienes sienten que nadie más los escucha.