El VOTO DE LA MUJER EN MÉXICO Y SU CRONOLOGIA

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Hace 67 años se reconoció el derecho de las mujeres a participar políticamente, a ser ciudadanas en plenitud de derechos, a votar y ser votadas y con ello se dio un paso fundamental hacia la universalización del sufragio, el cual constituye un requisito indispensable para una nación que aspira a ser considerada auténticamente democrática, con ello se eliminó esa ominosa condición de estatus de ciudadanía que eran la condición de género.

La lucha por la democracia a lo largo del mundo moderno coincide con la lucha por la expansión de los derechos políticos, eliminando condiciones inaceptables para adquirir el estatus de ciudadanía y el ejercicio en consecuencia de los derechos políticos que de éste se derivan en un régimen constitucional de derechos.

Hace 67 años de este hecho histórico emprendido por grandes mujeres insta a que nuestro país avance consistentemente en esta lucha, por lo que le invito estimado lector a que me acompañe por los sucesos cronológicos de como fue avanzando a través del tiempo la concepción de este tan valioso derecho.

La reforma constitucional de octubre de 1953 potenció las reformas visionarias que en las legislaciones locales de Yucatán, Chiapas y San Luis Potosí se habían impulsado para facilitar la participación política de las mujeres, para permitir la participación política de las mujeres en diferentes ámbitos electivos de esas entidades, pero cabe señalar que esas reformas ni habían logrado estabilidad en los ordenamientos locales y mucho menos condiciones para que la competencia electoral se diera con una equidad en clave paritaria, para ello tendrían que pasar lamentablemente décadas.

De hecho, pasaron seis décadas, varias reformas constitucionales y legales y una amplia relación de resoluciones administrativas y jurisdiccionales que fueron poco a poco creando un ecosistema normativo e institucional más adecuado para la igualdad de derechos de mujeres y hombres en el ejercicio de los derechos políticos y que se reflejaran tanto en la competencia por los cargos de elección, como en la integración de los órganos de representación política del Estado Mexicano.

Las reformas de 1993 y 1996, incluyeron por primera vez cuotas, primero sugerencias y luego cuotas para los géneros sin efectos vinculantes; la reforma de 2002 dio inicio a la obligatoriedad de incumplir con las cuotas de género y sirvió de base para el célebre acuerdo del Instituto Federal Electoral que estableció el método de cremallera en la integración de las listas de representación proporcional.

La reforma de 2007-2008, retomó dicho método de cremallera y lo llevó al ámbito legal, y elevó a 60, 40 por ciento la cuota en las candidaturas, obligando a los partidos a destinar el dos por ciento de su financiamiento público a la promoción política de las mujeres.

La trascendental resolución 12624 del 2011, del Tribunal Electoral dispuso que las cuotas serían obligatorias sin excepciones, estableciendo así que la promoción y el ejercicio de la democracia interna no podía ser una excusa para cumplir con las cuotas hoy con la paridad.

La Reforma Constitucional y Legal de 2014 consolidó el ciclo evolutivo de las acciones afirmativas y sustituyó al sistema de cuotas por el sistema paritario con base constitucional, y otorgó facultades a las autoridades electorales para garantizar su aplicación.

La reforma de 2020, del 13 de abril de 2019 finalmente coronó más de 70 años de lucha para lograr nuestro histórico anhelo de igualdad, entre hombres y mujeres, empujando el surgimiento de un concepto muy poderoso “paridad en todo”.

Y finalmente, la reforma,  del 13 de abril de este año, abrió la puerta para que todo el aparato del Estado, y de manera particular, las instituciones que integramos el sistema nacional de elecciones, se vuelque para prevenir, inhibir y, en su caso, perseguir las conductas que impliquen violencia política contra las mujeres por razón de género, un fenómeno que como una triste paradoja de los logros conseguidos en la construcción de una democracia paritaria se ha incrementado a la par de las conquistas políticas de las mujeres en los años recientes.

Para concluir hay que resaltar que a plena participación y el liderazgo de las mujeres en pie de igualdad con los hombres ya no es una opción; es una necesidad urgente y que todos los órdenes de gobierno, los partidos políticos, la sociedad civil y la ciudadanía en general deben de adquirir el compromiso para trabajar en la suma de esfuerzos y las voluntades, haciendo de esto una realidad, en reconocimiento al resultado de una lucha iniciada y continuada, generación tras generación, por las mujeres sufragistas para obtener el derecho pleno de votar y ser votadas.