+Entrega de despensas en zonas vulnerables no es una política de seguridad alimentaria sino de control territorial; y así el próximo candidato se convierte en “benefactor”, sin poner su dinero; Oscar Flores y Tlaxcala
La frase:
Los reyes no deben mirar hacia cosa ya pasada, sino proveer para las futuras.
MAQUIAVELO
LAS DÁDIVAS DISFRAZADAS
La práctica sistemática de entregar dádivas bajo el disfraz de programas sociales o apoyos comunitarios se ha convertido en la faceta más cínica de los actos anticipados de campaña en diversos municipios del Estado de México.
Alcaldes y diputados, en una carrera desbocada por el posicionamiento electoral, han transformado las necesidades más básicas de la población en una moneda de cambio política, utilizando recursos que, aunque muchas veces de origen público, se presentan como gestos de generosidad personal para burlar la normativa vigente.
La entrega de verduras, legumbres y despensas en zonas vulnerables y no tan vulnerables no es una política de Seguridad Alimentaria, sino una estrategia de control territorial.
Al condicionar la entrega de estos insumos a la presencia física del funcionario y a la toma de la fotografía para redes sociales, se rompe la línea de la institucionalidad.
Lo mismo ocurre con los subsidios para tinacos y calentadores solares; estos apoyos, que deberían formar parte de una planeación urbana y ambiental transparente, se dispersan de manera discrecional en actos masivos que funcionan como mítines políticos adelantados, donde el mensaje central no es el beneficio social, sino la figura del benefactor que aspira a un nuevo cargo o a la reelección.
Aún más delicado es el uso de implementos médicos como muletas y sillas de ruedas. Jugar con la movilidad y la salud de las personas para obtener una ventaja política es una de las formas más bajas de proselitismo.
Estas acciones, realizadas fuera de los tiempos que marca la ley electoral, buscan generar un sentimiento de gratitud y deuda en el electorado, viciando de origen la equidad de la contienda.
El espíritu de la ley sobre actos anticipados de campaña es precisamente evitar que quienes ostentan el poder o tienen acceso a recursos utilicen su posición para promoverse frente a quienes no la tienen.
A pesar de que las autoridades electorales mantienen la mirada sobre estas actividades, la simulación jurídica permite que estos servidores públicos continúen operando bajo el amparo de supuestos informes de actividades o programas de gestión social.
Sin embargo, la ciudadanía percibe con claridad que la repentina aparición de camiones cargados con cemento, tinacos o productos del campo no responde a una vocación de servicio, sino al calendario de las urnas.
Mientras el sistema de fiscalización no sea lo suficientemente robusto para sancionar estas entregas como lo que son —promoción personalizada con fines electorales—, la democracia seguirá siendo rehén de una política clientelar que prefiere regalar legumbres hoy para cosechar votos mañana, perpetuando la improvisación y la falta de proyectos de largo aliento en favor de la gratitud inmediata.
ÓSCAR FLORES Y SUS ASPIRACIONES TLAXCALTECAS
El secretario de Finanzas del Estado de México, Óscar Flores, se encuentra en el centro de la polémica ante sus evidentes aspiraciones políticas por la gubernatura de Tlaxcala.
Aunque el funcionario asegura que su compromiso actual reside con la gobernadora Delfina Gómez y la presidenta Claudia Sheinbaum, sus acciones contradicen el discurso de institucionalidad, pues ya encabeza eventos masivos en su tierra natal mientras afirma estar esperando los tiempos.
A esta ambición electoral se suma una gestión administrativa cuestionada por presuntos abusos de autoridad y una estrategia recaudatoria que ha encendido las alarmas en el sector comercial mexiquense.
La inconformidad social ha escalado debido a las acciones de la Dirección General de Recaudación, a cargo de Roberto Alejandro Guzmán Cariño.
A través de documentos oficiales, la dependencia pretende imponer un cobro anual de 30 mil pesos a todas las unidades económicas dedicadas a la comercialización de oro, independientemente de su tamaño.
Esta medida no solo carece de fundamento legal sólido, sino que se pretende aplicar de forma retroactiva, violando flagrantemente el Artículo 14 constitucional, el cual establece que ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Expertos legales señalan que la autoridad está incurriendo en un exceso de facultades, pues el Derecho Positivo Mexicano impide a los gobernantes actuar más allá de lo estrictamente establecido en la norma.
La imposición de este gravamen a las joyerías se perfila como un acto que el Código Penal estatal podría tipificar como abuso de autoridad, dado que se omitieron las garantías de audiencia consagradas en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna. Críticos de su gestión sugieren que esta urgencia recaudatoria, sumada a su polémico paso por las finanzas de la SEP, podría tener como fin último el financiamiento de sus aspiraciones en Tlaxcala, afectando directamente el patrimonio de los comerciantes del Estado de México mediante interpretaciones forzadas de la ley.
Este panorama de tensiones en la entidad se inserta en un contexto nacional convulso para Morena. Mientras a nivel federal se lidia con las repercusiones de los nexos del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya con el crimen organizado en Sinaloa —tras las declaraciones de Ismael El Mayo Zambada— y se generan fricciones diplomáticas con gobiernos como el de Argentina, en el Estado de México la política local muestra contrastes marcados.