+ Hoy marcha de protesta de integrantes de Pro-Centro Histórico de Toluca; ¿Entra a las arcas municipales la multa por arrastre de grúas?; Fernando Flores Fernández entre los mejores alcaldes
La frase:
La gente no compra por razones lógicas, compra por razones emocionales.
ZIG ZIGLAR
EL DETALLE: Si deciden no dar marcha atrás, este jueves los integrantes del Patronato Pro-Centro Histórico de Toluca realizarán una marcha con todos sus integrantes, o por lo menos la mayoría, que partirá del jardín Zaragoza hasta palacio municipal, en protesta por la enorme cantidad de vendedores ambulantes que han aparecido en el primer cuadro de la ciudad y que realizaron una operación dumping, por llamarle elegantemente, colocándose fuera de las principales papelerías con precios al 50% de los que se dieron en el comercio establecido.
Por cierto, sabía usted que un solo individuo maneja a 11,000 vendedores ambulantes, con cuotas de 500 pesos a la semana, lo cual le permite un ingreso en efectivo de 5 millones de pesos por semana, lo que hace un total de 20 millones de pesos al mes.
La pregunta es: ¿con quién reparte las ganancias?
¿Y el dinero que generan los arrastres de las grúas en Toluca?
En Toluca, la administración del alcalde Ricardo Moreno Bastida enfrenta una pregunta que no debería quedar en el aire: ¿a dónde está yendo el dinero generado por los arrastres de vehículos realizados por empresas de grúas que operan en el municipio?
La preocupación surge a partir de señalamientos sobre la existencia de arrastres que, presuntamente, se realizan sin que exista una infracción previa que los sustente y, además, sin claridad sobre el destino de los recursos que se cobran por estos servicios.
De acuerdo con los señalamientos, desde el 1 de enero de 2026 operan tres empresas de grúas encargadas de realizar arrastres en Toluca, sin embargo utilizan una cromática supuestamente oficial del Gobierno del Estado de México.
El punto que genera mayor cuestionamiento no es únicamente la participación de compañías particulares, sino la falta de transparencia respecto a los procedimientos mediante los cuales se ordenan los arrastres, se determina su cobro y se garantiza que los recursos correspondientes ingresen a la Tesorería Municipal cuando así corresponda.
Porque si existe un cobro derivado de una actuación de la autoridad municipal, la ciudadanía tiene derecho a conocer cuánto se recauda, quién lo cobra, bajo qué fundamento legal, qué empresas participan y, sobre todo, cuál es el destino final de cada peso.
En materia administrativa, la autoridad no puede actuar simplemente porque tiene la facultad material de hacerlo; debe existir un fundamento jurídico claro que permita justificar cada actuación.
La seguridad jurídica exige que los ciudadanos conozcan las reglas bajo las cuales pueden ser sancionados o afectados en sus bienes, mientras que los principios de legalidad obligan a que las conductas, sanciones y procedimientos estén debidamente establecidos.
Por eso, si efectivamente existen vehículos que son trasladados por grúas sin que previamente exista una infracción que lo justifique, la administración municipal tiene mucho que explicar. Y si además se generan cobros cuyo destino no es claramente identificado dentro de las cuentas municipales, la pregunta deja de ser sólo administrativa para convertirse en un asunto de transparencia y rendición de cuentas.
Ricardo Moreno llegó al gobierno de Toluca con el discurso de transformar la administración municipal y recuperar la confianza ciudadana, pero esa confianza no se construye únicamente con anuncios, también se demuestra cuando existen dudas sobre el manejo de recursos públicos y se responde con documentos, cifras y explicaciones verificables.
El Ayuntamiento de Toluca tendría que aclarar públicamente el esquema bajo el cual trabajan estas tres empresas, presentar los contratos, convenios o instrumentos jurídicos que las vinculan con el municipio, explicar las tarifas aplicables y transparentar los ingresos generados desde el 1 de enero de 2026.
Porque cuando un ciudadano pierde su vehículo por un arrastre, no sólo enfrenta el costo económico de recuperar su unidad. También tiene derecho a saber por qué fue trasladada, qué autoridad lo ordenó, cuál fue la infracción cometida y dónde termina el dinero que tuvo que pagar.
La legalidad no puede ser una cuestión de interpretación conveniente; seguridad jurídica tampoco puede depender de la discrecionalidad de quien ordena un arrastre y la recaudación municipal no puede quedar envuelta en una zona gris.
Fernando Flores entre alcaldes mejor evaluados
Metepec vuelve a aparecer en el escaparate de los municipios mejor evaluados del país. La encuesta más reciente de RUBRUM coloca al presidente municipal Fernando Flores Fernández en el séptimo lugar nacional en desempeño, con una calificación de 7.23 puntos, entre más de cien alcaldes evaluados. Un dato que, sin duda, puede presumirse desde el Palacio Municipal y que sirve para alimentar la narrativa de que Metepec es un referente nacional de gestión.
Pero una encuesta siempre merece ser leída con cuidado, sobre todo cuando la fotografía que ofrece el papel no necesariamente coincide con la que enfrentan todos los ciudadanos en las calles.
Porque mientras RUBRUM coloca a Metepec con 7.98 en servicios públicos, suficiente para ocupar la cuarta posición nacional, en el municipio persisten problemas que difícilmente pueden resolverse con una buena calificación.
También destaca el 7.03 obtenido en percepción de seguridad y el 7.20 en cercanía social. Sobre el papel, son números que hablan de una administración con presencia y aceptación ciudadana. La medición, además, consolida a Fernando Flores como el alcalde mejor posicionado del Estado de México y como un perfil constante dentro del top 10 nacional.
El problema aparece cuando las cifras se convierten en propaganda y dejan de ser un punto de partida para preguntarse qué falta por hacer. Un 7.23 no es un diez. Un cuarto lugar nacional en servicios públicos tampoco significa que todos los servicios funcionen de manera impecable.
Y una buena percepción de cercanía social no puede convertirse en un cheque en blanco para una administración que todavía tiene pendientes frente a sus habitantes.
Metepec podrá presumir rankings, encuestas y reconocimientos, pero la verdadera evaluación no ocurre en una tabla de posiciones. Ocurre cuando un vecino sale de su casa, recorre su colonia, enfrenta un bache, solicita un servicio, busca seguridad o espera que el gobierno responda ante un problema cotidiano.
Las encuestas pueden ser un termómetro, pero no deben confundirse con el diagnóstico completo. RUBRUM coloca a Fernando Flores Fernández en una posición privilegiada y sería absurdo ignorar ese resultado; sin embargo, también sería ingenuo pensar que una calificación de 7.23 significa que Metepec ya alcanzó la excelencia.
El reto para el alcalde no es mantenerse en el top 10 ni celebrar que está a escasa distancia del primer lugar. El verdadero desafío es conseguir que esa percepción favorable se traduzca en una experiencia cotidiana igualmente favorable para cada familia metepequense.
Porque gobernar no consiste únicamente en aparecer bien evaluado: consiste en que la gente pueda comprobarlo todos los días.
Así que sí, Metepec tiene razones para presumir el séptimo lugar nacional de Fernando Flores y el cuarto sitio en servicios públicos; pero también tiene razones para exigir más, porque cuando un gobierno aspira a ser referente nacional, el 7.23 debería ser un motivo para redoblar esfuerzos, no para echar las campanas al vuelo.