+La Chilanga VIP ahora opera con el nombre de “Mi Berrinche”; Guarura de Ricardo Moreno, no pasó la prueba del añejo; operativo en zona de Hospitales, los comerciantes regresaron
La frase:
Hay que predicar con el ejemplo
VIEJO REFRÁN
En Metepec, la legalidad parece conducirse a distintas velocidades y con marcadas excepciones. El caso del establecimiento que antes operaba como Bar La Chilanga VIP y que hoy reabrió sus puertas bajo el nombre de Mi Berrinche vuelve a poner bajo un severo cuestionamiento la actuación de las autoridades municipales.
Ubicado sobre el Circuito Metropolitano Exterior, en la Manzana 015 de la zona Agrícola Lázaro Cárdenas, en San Salvador Tizatlalli, el inmueble continúa funcionando con absoluta regularidad, desatando la indignación de vecinos e integrantes de la comunidad.
La controversia, expuesta públicamente por el usuario Mauricio Toledo, no es menor. El inmueble fue escenario de un hecho violento en el que una persona perdió la vida el pasado 13 de abril, cinco personas fueron detenidas. Tras el trágico suceso, el lugar habría sido suspendido temporalmente; sin embargo, familiares de la víctima y vecinos denuncian que el establecimiento reanudó sus actividades comerciales abriendo prácticamente todos los días.
Trasciende entre los señalamientos que dicha reapertura se habría concretado mediante el pago de una multa al municipio, una versión sostenida por los denunciantes que requiere una aclaración formal e inmediata por parte de las instancias correspondientes.
Lo que le da un giro aún más delicado al asunto es la existencia de una respuesta oficial emitida por la propia autoridad municipal. Mediante un documento signado por María Elisa Quijada Badillo, titular de la Dirección de Desarrollo Económico, Turístico y Artesanal de Metepec, la dependencia hace referencia explícita al Bar Mi Berrinche, antes Bar La Chilanga VIP, en la ubicación antes descrita.
En el escrito, la funcionaria señala que, tras realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos, no se encontró ningún registro que coincida con las especificaciones del establecimiento.
Para fundamentar dicha inexistencia, el documento cita diversos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, así como disposiciones del Bando Municipal de Metepec y del Código de Reglamentación Municipal.
En términos claros y oficiales: en los archivos de la dependencia encargada de regular el comercio no existe antecedente ni registro alguno que acredite la licencia o el trámite correspondiente para dicho negocio.
Es justamente aquí donde la incongruencia administrativa alcanza tintes de escándalo. Si formalmente el establecimiento no existe dentro de los registros de Desarrollo Económico, surgen interrogantes inevitables para el gobierno encabezado por el alcalde Fernando Flores Fernández: ¿con qué autorización o bajo qué figura administrativa opera actualmente Mi Berrinche?, ¿cuenta con una licencia de funcionamiento válida?, ¿posee dictámenes vigentes en materia de Protección Civil?, ¿existe algún permiso provisional expedido por la autoridad?, ¿se levantó legalmente la suspensión previa y qué verificaciones se han ejecutado desde que volvió a recibir clientes?
Los señalamientos de los inconformes no se detienen ahí. La denuncia salpica directamente a la Dirección de Gobierno, encabezada por Luis Jorge Arenas, e involucra a elementos de la Policía Municipal, a quienes se les acusa de transitar con frecuencia por la zona sin intervenir ni impedir la continua operación del lugar.
Si bien estas acusaciones sobre la omisión policial y de gobernación no han sido acreditadas de manera independiente por este medio, constituyen un llamado urgente para que las autoridades competentes investiguen formalmente y deslinden las responsabilidades a las que haya lugar.
El reclamo central permanece firme en las voces de los familiares de la víctima, quienes exigen saber por qué un inmueble marcado por la violencia y el luto continúa trabajando con total impunidad.
La respuesta del Ayuntamiento de Metepec no puede diluirse en evasivas, sospechas de billeteo o meros rumores de pasillo. Si el gobierno municipal abandera el discurso de la regulación, el orden y el apego a la ley, está obligado a transparentar qué inspecciones ha realizado, quién autorizó la reapertura y por qué un negocio sin registro sigue abriendo sus puertas.
Cuando un establecimiento señalado por una tragedia opera al margen de los archivos oficiales, el silencio de la autoridad termina convirtiéndose en parte del mismo problema.
Guarura de Moreno no pasó la prueba del añejo
En la política suele decirse que la confianza se gana con el ejemplo, y en materia de Seguridad Pública esa máxima debería ser inquebrantable. Sin embargo, un episodio ocurrido en Metepec vuelve a poner bajo los reflectores a la administración municipal de Toluca, luego de que uno de los escoltas del alcalde Ricardo Moreno fuera retenido por presuntamente conducir una unidad oficial con aliento alcohólico.
El hecho, por sí solo, ya resulta preocupante, pero el escenario adquiere otra dimensión cuando se habla de un servidor público encargado de la protección del presidente municipal. La responsabilidad de un elemento de seguridad no termina al portar un uniforme o un arma; también implica actuar con disciplina, respetar la ley y ser ejemplo para la ciudadanía.
De acuerdo con la información conocida, el escolta circulaba en una unidad oficial, presuntamente con aliento alcohólico y, además, el vehículo carecía de placa trasera, por ello fue retenido durante un operativo por elementos de la Policía Municipal de Metepec.
Una combinación que difícilmente puede justificarse cuando se trata de quien tiene la obligación de salvaguardar la integridad de las autoridades y de la población.
El asunto también abre un debate sobre el uso de los recursos públicos. El artículo 351, fracción I, del Código Penal del Estado de México establece sanciones para quien disponga de bienes públicos para fines distintos a los autorizados.
Si la unidad oficial era utilizada fuera de sus funciones o bajo condiciones indebidas, corresponde a las autoridades determinar si existe alguna responsabilidad administrativa o penal.
Más allá del desenlace legal, el costo político ya está sobre la mesa. La administración municipal ha insistido en fortalecer la confianza ciudadana en sus instituciones, pero hechos como éste envían un mensaje completamente opuesto.
No basta con exigir legalidad a los ciudadanos si quienes integran las corporaciones de seguridad no actúan bajo los mismos estándares.
La ciudadanía espera que quienes portan un uniforme sean los primeros en respetar la ley. Porque cuando un policía o un escolta es señalado por conductas que ponen en riesgo a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en un golpe a la credibilidad de toda la corporación.
La confianza en las instituciones se construye con disciplina, transparencia y consecuencias claras para quien incumple la ley, sin importar el cargo o la cercanía con el poder.
¿Operativos? En la zona hospitalaria
Hay decisiones que generan aplausos al momento de ejecutarse, pero críticas cuando se desdibujan con el paso de los días. Eso parece haber ocurrido con el retiro del comercio informal en la zona de hospitales de Toluca.
El operativo fue amplio: retiraron puestos, vehículos, estructuras e incluso pintaron guarniciones para recuperar espacios que, durante años, permanecieron ocupados y complicaban la movilidad.
La justificación era difícil de cuestionar. En una zona donde se ubican el Hospital Adolfo López Mateos y el Hospital Regional del ISSEMyM, mantener libres los accesos no es un asunto de imagen urbana, sino de vidas humanas.
Una ambulancia no puede perder minutos valiosos porque un automóvil esté mal estacionado o porque un puesto invada la entrada. En una emergencia, cada segundo cuenta.
Las autoridades señalaron que el objetivo era garantizar el libre tránsito de ambulancias, pacientes y personal médico, además de permitir que el helipuerto del Hospital López Mateos vuelva a operar con seguridad para el traslado de personas en estado crítico.
Sin embargo, la historia no terminó con el operativo. Los comerciantes regresaron. La diferencia, según se ha informado, es que ahora lo hicieron bajo el compromiso de no bloquear los accesos a los hospitales, los juzgados y otros edificios públicos, favoreciendo a una organización que logró mantenerse en la zona bajo nuevas condiciones.
Ahí surge el verdadero debate. Si era posible permitir la actividad comercial sin obstruir vialidades, ¿por qué esperar hasta un operativo para imponer reglas? Y, por el contrario, si los espacios vuelven a ocuparse poco a poco, ¿quién garantizará que dentro de unas semanas no se repita el mismo problema que motivó el retiro?
La autoridad tiene el reto de demostrar que no se trató únicamente de una acción temporal para enviar un mensaje, sino de una estrategia permanente de ordenamiento.
Porque recuperar un espacio público es relativamente sencillo; conservarlo requiere vigilancia constante, diálogo con los comerciantes y, sobre todo, aplicar la ley sin excepciones.
Al final, la discusión no debería centrarse en si debe haber o no vendedores en la zona, sino en que ningún interés, por legítimo que sea, esté por encima del derecho de una persona a recibir atención médica sin obstáculos. Si un acceso hospitalario se bloquea, el costo puede medirse en minutos… y, en ocasiones, esos minutos hacen la diferencia entre la vida y la muerte.