La discapacidad en el contexto de la pandemia

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La situación actual de confinamiento a causa de la pandemia por COVID-19 se vive de muy diversas formas; no obstante, una de las cosas más evidente que ha dejado ver este contexto es la desigualdad en todos los sentidos, en esta ocasión me refiero a las personas con discapacidad, uno de los grupos vulnerables que enfrenta de manera más compleja esta problemática, ya que las medidas como el distanciamiento social y el aislamiento personal, pueden ser imposibles para quienes requieren apoyo para comer, vestirse o ducharse.

 

Es fundamental que este sector de la población se encuentre protegido, especialmente porque pareciera que las medidas sanitarias no les favorecen; en principio, debieran recibir licencias con goce de sueldo para garantizar la seguridad de sus ingresos, lo mismo que a sus familiares y cuidadores para que ellos, a su vez, puedan brindarles el apoyo requerido durante la crisis.

 

La relatora especial de sobre los derechos de personas con discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Catalina Devandas, considera que se ha hecho poco para proporcionar la orientación y los apoyos necesarios a las personas con discapacidad con el fin de protegerlas durante la actual pandemia del coronavirus COVID-19, aun cuando muchas de ellas pertenecen al grupo de alto riesgo, esto porque muchas personas con discapacidad dependen de servicios que han sido suspendidos, o no tienen los suficientes recursos para hacer reservas de alimentos y medicinas o pagar los costos adicionales de las entregas a domicilio, por poner algunos de los ejemplos más visibles.

 

En este sentido, la experta de la ONU recalcó que las personas con discapacidad deben tener la garantía de que su supervivencia es considerada una prioridad, por lo que exhortó a los Estados a establecer protocolos para emergencias de salud pública a fin de garantizar que, cuando los recursos médicos sean limitados, no se les discrimine en el acceso a la salud, incluyendo las medidas para salvar vidas.

 

Entre las medidas que deberán contener dichos protocolos destacan las campañas de información pública y la proporcionada por las autoridades nacionales de salud debe estar disponible en lengua de señas y medios y en medios y formatos accesibles, incluida la tecnología digital, los subtítulos, los servicios de relevo, los mensajes de texto, la lectura fácil y el lenguaje sencillo.

 

Es de suma importancia, asimismo, que las personas con discapacidad no se enfrenten a temas que tienen que ver con la discriminación médica uno de los puntos que es ampliamente tratado en la guía publicada por la Oficina de la Alta Comisionada, en la cual se identifican las principales preocupaciones y establece acciones clave en el contexto de la pandemia. La orientación tiene como objetivos: concienciar sobre el impacto de la pandemia en las personas con discapacidad y sus derechos, llamar la atención sobre algunas prácticas prometedoras que ya se están llevando a cabo en todo el mundo, identificar acciones clave para los Estados y otras partes interesadas, proporcionar recursos para seguir aprendiendo sobre cómo garantizar respuestas COVID-19 basadas en los derechos, incluidas las personas con discapacidad.

 

Del mismo modo, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), como tratado internacional de derechos humanos, ha incluido las medidas incluye medidas pertinentes para garantizar que las vidas y los derechos de las personas con discapacidad estén adecuadamente protegidos frente a la pandemia de COVID-19.

 

Este documento además de exhortar a los Estados para la protección y salvaguarda de los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito de la salud, la economía, el bienestar psicológico, también se pronuncia a favor de la provisión de alimentos, medicamentos y otros suministros para personas con discapacidad en situaciones de aislamiento y cuarentena. Así como los servicios de rehabilitación, cuando sean necesarios, deben garantizarse y no discontinuarse, ya que son esenciales para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Todos los servicios relacionados con la crisis de COVID-19, incluido el asesoramiento médico remoto/telefónico y las instalaciones de cuarentena.