La electricidad ¿una razón de Estado?
El gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto consiguió lo que por lo menos desde los años 90 buscaban los gobernantes del país azteca: una reforma al sector energético que incluyó entre otros aspectos la “privatización” al menos parcial del sector eléctrico. Esto con el fin de diversificar el mercado para que tarde o temprano, los precios al consumo de la electricidad bajaran en beneficio de la población.
La reforma al sector eléctrico consistió en liberalizar la producción y generación de la energía eléctrica mientras que se mantenía el control de la distribución en manos de una empresa del Estado mexicano, en este caso, la Comisión Federal de Electricidad. El Estado tenía que mantener el control de la distribución por tratarse de un actividad estratégica y de seguridad nacional.
La cuestión, además de ser de trascendencia para México, es que surge en las primeras planas de los diarios mexicanos de los últimos días a razón de que la secretaria de energía, Rocío Nahle, emitió un “acuerdo sobre la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional” con el fin de reorganizar la reforma energética antes mencionada. Suena más bien a desmantelarla, al menos en el sector eléctrico.
La decisión fue polémica ya que una de las consecuencias, al menos de manera temporal es que “frenará” entre otras cosas, el desarrollo de las inversiones en energías renovables, es decir, limpias y amigables con el medio ambiente. Que ayudarían entre otras cosas a que cumplamos nuestros compromisos internacionales en materia de prevención del cambio climático.
Además, la Secretaría de Energía obvió las vías legales para la toma de decisiones en la materia, ya que no contó con la consulta y visto bueno jurídico de la obligatoriedad que representan los tratados internacionales que tiene firmados México, así como parte del marco jurídico del sector como la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley del Mercado Eléctrico mayorista
Parte de los argumentos que se emplean desde el gobierno en el acuerdo y su justificación, es afirmar la decisión en la soberanía y la independencia energética. ¿Busca el gobierno de México mantener el control y monopolio de la generación y distribución de energía eléctrica, que incluye por supuesto a las energías renovables?
Esta decisión sin duda provocará que la Comisión Federal de Electricidad se mantenga con el monopolio de la generación de la energía eléctrica y que la inversión privada no tenga mayor alcance en este sector. Resumiendo, más control, también será más dinero para la Comisión y por consecuencia para el gobierno de México.
De acuerdo con los organismos empresariales mexicanos más representativos como los son CONCAMIN, la COPARMEX y el Consejo Coordinador Empresarial, la decisión además de resultar polémica e ilegal, lo que provocará es que se frenen inversiones privadas que podrían alcanzar hasta los 30 mil millones dórales en este sector.
Además, otras de las consecuencias serían la no creación de empleos; desincentivará inversiones privadas en otros sectores; y sobre todo que el gobierno generará desconfianza, pues la falta de respeto a la vida institucional, podría ser un signo de preocupación para la democracia y el orden constitucional.
La decisión tomada por la Secretaría de Energía bien puede ser comprendida por una razón de Estado, incluso echar abajo la reforma energética sería legitimo siempre y cuando se hiciera a través de los causes legales que existen para ello; pero la decisión se vuelve un problema cuando las formas adoptan una naturaleza casi autoritaria. Los atajos que desprecian el orden institucional suenan a: “no me importa la Ley, porque la Ley soy yo”
El presidente sabe mucho de política, pero las prisas y el oportunismo quizá lo estén traicionando, quizá haya olvidado que “En política, la forma es fondo”