+ Libre Acceso a la Información Pública, Sustento de la Democracia
La frase:
Alberto Fernández, el desaparecido presidente de Argentina, votó en la Universidad Católica, en Puerto Madero, a donde llegó con medidas extremas de seguridad y un corralito –al estilo mexicano– para los periodistas.
¿A QUÉ LE TEME?
Libre Acceso a la Información Pública, Sustento de la Democracia
Cuando pensamos en democracia, inmediatamente nos viene a la mente la idea de pluralidad política y el rechazo a la represión de ideas; por lo que el sustento de todo este escenario novedoso para los mexicanos debe ser el libre acceso a la información pública actualmente en riesgo por la terquedad autoritaria de un gobierno que llegó al poder gracias al respaldo de la pluralidad ciudadana, y que ahora, se empeña en esconder los datos gubernamentales para actuar en la opacidad y a espaldas de la ciudadanía a la que se debe.
Santiago Cantón es un especialista en Derechos Humanos y advierte que debemos fomentar la consolidación de nuestras nacientes democracias a través del fortalecimiento de las instituciones; el respeto y reconocimiento de los derechos humanos; de un Poder Legislativo y Judicial Independientes; un sistema de partidos políticos que faciliten una comunicación fluida entre los ciudadanos y sus líderes; una sociedad civil participativa y, sobre todo, una amplia libertad de expresión basada en un libre acceso a la información que asegure la existencia de una ciudadanía bien informada para tomar sus decisiones.
Lo peor del gobierno federal en turno es que pretende ocultar la información pública, que debe estar al alcance de todo el mundo; y poner en riesgo los datos personales de los ciudadanos, que está obligado a resguardar; por lo que Adrián Alcalá Méndez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), advierte que la garantía de estos derechos fundamentales de la población, se veía impedida por la falta de quórum que afectó al organismo autónomo por más de 4 meses, hasta que intervino la Corte, por la falta de nombramiento de tres comisionados por parte del Senado de la República, obligación que ha omitido aun con órdenes judiciales para hacer las designaciones, cuando la obligación constitucional del Senado de realizar el procedimiento no es un acto discrecional o potestativo, sino correspondiente a sus facultades exclusivas y de ejercicio obligatorio, como lo precisó la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña.

Es por eso que el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Alfonso Pérez Daza en su exposición sobre Audiencias y sus Derechos, recalca que el derecho a la libertad de expresión y el rol que cumplen los medios de comunicación en nuestra sociedad, cada vez se vuelve más técnico y complejo, pues por una parte la Constitución establece que el Estado debe garantizar que las telecomunicaciones y las radiodifusiones sean prestadas en condiciones de calidad y preservando la pluralidad y la veracidad de la información; pero al mismo tiempo existe el denominado “derecho de las audiencias; esto es, el reconocimiento de diversos colectivos que son receptores de la información, quienes tienen derecho a que los medios de información emitan contenidos de calidad, útiles, veraces y capaces de formar verdaderas opiniones públicas críticas en la audiencia, para lo cual la única autoridad competente para defender a los usuarios de las telecomunicaciones y los derechos de las audiencias, es el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), por lo que el Tribunal Constitucional”, señaló que los concesionarios son empresas con fines comerciales e intereses económicos. Por tanto, al margen de su buena voluntad y del compromiso que puedan tener para salvaguardar los derechos de las audiencias, delegarles la facultad de su regulación podría provocar la emisión de normas con un sesgo económico y parcial.
En este momento, la sociedad mexicana se encuentra atrapada entre el apetito autoritario del gobierno federal con sus prácticas ilegales para ocultad la información pública y exponer los datos personales de la ciudadanía; y el apetito comercial de los concesionarios para evadir los derechos de las audiencias a una información veraz, plural y oportuna.
Se podría decir que la mejor vía de la ciudadanía para defenderse de estos abusos de poder que atentan contra sus derechos fundamentales, tendría que ser una educación de calidad, pero, como lo apunta el sociólogo de la UNAM, Saúl Arellano, desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari hasta el actual de Andrés Manuel López Obrador, han ofrecido la reforma educativa que el país requiere para, ahora sí, llevar a una nueva era de condiciones de desarrollo y de capacidades individuales para realizar sus proyectos personales de vida.
El problema es que, en todos los casos, todas las reformas han fracaso en lo esencial: construir nuevas generaciones de alumnas y alumnos con nuevas capacidades de aprendizaje, y con la posibilidad de continuar estudiando en niveles superiores y con vocaciones bien cimentadas para incorporarse a las estructuras de desarrollo científico, humanístico y tecnológico; o bien para potenciar las capacidades económicas y productivas del país.
No en balde, el propio sociólogo de la UNAM asegura que los expertos en materia educativa alertan que ya podemos hablar de una generación perdida debido a los rezagos estructurales heredados del pasado, pero también por la desastrosa gestión e implementación de la llamada “contra reforma” educativa impulsada por la presente administración federal.
Los resultados acreditan el fracaso del actual gobierno en materia educativa: sólo el 1 por ciento de las y los estudiantes mexicanos estuvieron en los niveles más altos de la prueba PISA, frente a un promedio de la OCDE, organización a la que está integrado nuestro país, de 16 por ciento. Y en contraste, el 35 por ciento del estudiantado mexicano obtuvo resultados por debajo del mínimo de competencias, frente a un 16 por ciento promedio de los países de la OCDE.
En el informe anual del INEA se acredita que el porcentaje de mexicanos de 15 años y más, que están en condiciones de rezago educativo, no ha tenido ningún avance y, por el contrario, hay variables en ese indicador que muestran incluso algunos retrocesos. Para colmo, ahora presentan los nuevos libros de texto gratuitos, plagados de errores y retroceso educativo, cuyos efectos en desarrollo intelectual resultan incalculables, además de la nueva polarización que se ha generado por incumplir con el consenso social obligado, ¿no le parece a usted, estimado lector?

