+¿Qué pasa con recursos públicos dedicados a operación de servicios esenciales?; Relámpagos y su precario aniversario; la boda de Sibaja
La frase:
El cómplice del crimen de la corrupción es generalmente nuestra propia indiferencia.
BESS MYERSON
En el Estado de México hay una pregunta que comienza a cobrar fuerza entre trabajadores, ciudadanos y observadores de la administración pública: ¿qué está pasando con los recursos públicos destinados a mantener en operación servicios esenciales mientras, al mismo tiempo, aparecen denuncias sobre presuntos derroches, contrataciones millonarias y funcionarios que parecen vivir muy lejos de la austeridad que predica la llamada Cuarta Transformación?
El caso del Grupo Relámpagos resulta particularmente delicado porque no se trata de una oficina administrativa ni de un programa cuya suspensión pueda pasar inadvertida.
Se habla de una Unidad de Rescate Aéreo cuya razón de existir es llegar a lugares donde una ambulancia terrestre podría tardar demasiado, trasladar pacientes graves y participar en emergencias donde unos cuantos minutos pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Trabajadores de la Unidad de Rescate Aéreo del Grupo Relámpagos han denunciado una situación que califican como crítica, aseguran que desde el pasado 22 de julio se habrían suspendido los traslados de pacientes en estado crítico provenientes de los 125 municipios mexiquenses, debido presuntamente a la falta de cursos de actualización, uniformes operativos, equipo biomédico funcional y medicamentos suficientes.
La denuncia tampoco termina ahí. Los trabajadores señalan una reducción significativa del personal, particularmente de pilotos. De acuerdo con sus testimonios, cuando el ingeniero Héctor Trejo Rojas asumió como encargado de la Unidad habría 32 pilotos de rescate; actualmente, aseguran, sólo permanecerían cuatro.
Si esa cifra es correcta, no estaríamos frente a una reducción menor ni ante un simple ajuste administrativo. Se trataría de una disminución aproximada de 87.5 por ciento del personal de pilotos señalado por los propios trabajadores, situación que inevitablemente genera dudas sobre la capacidad operativa de una institución diseñada precisamente para responder ante emergencias.
También existen señalamientos de presunto hostigamiento al personal operativo y de la salida de integrantes de la Unidad, mientras las carencias denunciadas continuarían sin resolverse.
Los trabajadores cuestionan además que el paramédico Víctor Manuel Figueroa Corchado, jefe de la Unidad de Rescate Aéreo, presuntamente imparta cursos en otros estados y municipios mientras dentro de la institución persisten los problemas que ellos mismos han expuesto.
Aquí aparece una contradicción que merece una explicación pública: ¿cómo puede presumirse capacidad y experiencia hacia afuera cuando los propios trabajadores denuncian que hacia adentro faltan condiciones elementales para operar?
La pregunta adquiere todavía mayor relevancia porque el pasado 21 de agosto el Grupo Relámpagos celebró su 32 aniversario. Mientras se conmemoraban más de tres décadas de rescates y atención de emergencias, trabajadores expresaban preocupación por el futuro de una institución que debería ser considerada estratégica para la seguridad y la atención de los mexiquenses.
¿Cuántos pilotos están actualmente activos? ¿Cuántas aeronaves se encuentran disponibles? ¿Cuál es su condición operativa? ¿Qué equipo biomédico existe y cuál está fuera de servicio? ¿Qué medicamentos hay disponibles? ¿Cuántos traslados se han realizado desde el 22 de julio? Y, sobre todo, ¿por qué se habría reducido de manera tan drástica el personal?
Mientras estas preguntas permanecen sobre la mesa, en otro frente del gobierno estatal aparecen documentos que también generan interrogantes.
Al Cabildo de Toluca llegó un dictamen de la Comisión de Hacienda relativo a la autorización de la exención del pago del impuesto predial correspondiente a los ejercicios fiscales 2025 y 2026 de cinco inmuebles propiedad del Gobierno del Estado de México.
En el expediente SA/CABILDO/061/2026 aparecen el Hospital Mónica Pretelini, el Hospital Nicolás San Juan, el Hospital para el Niño, el Hospital Adolfo López Mateos y un Centro de Salud Urbano. Se trata de instalaciones vinculadas directamente con la atención de la población y cuyos trabajadores del sector salud se manifestaron durante tres días por problemas relacionados con el pago de sus sueldos, entre otras prestaciones.
Las instituciones públicas cuentan con mecanismos legales para solicitar beneficios fiscales y una exención predial no significa automáticamente que exista un acto indebido.
Pero el contexto obliga a preguntar: mientras hospitales públicos requieren recursos, mientras trabajadores de salud denuncian problemas de pagos, insumos y servicios, y mientras ahora aparecen también cuestionamientos sobre la operación de Relámpagos, ¿dónde están las prioridades presupuestales?
La discusión se vuelve todavía más incómoda cuando se colocan sobre la mesa los señalamientos relacionados con ex funcionarios y el presunto uso ostentoso de recursos o patrimonios cuya procedencia tendría que ser explicada cuando existen investigaciones formales.
Uno de los casos que mayor polémica ha generado es el del ex secretario de Movilidad, Daniel Sibaja, cuya boda fue difundida como un evento de gran lujo, con estimaciones periodísticas que ubicaron el costo por encima de los cinco millones de pesos para más de 500 invitados en la Hacienda San Carlos Borromeo.
Políticamente, el contraste resulta difícil de ignorar cuando se trata de un funcionario que participó en la aprobación de la Ley de Austeridad del Estado de México, bajo el principio de que no debe existir un gobierno rico frente a un pueblo pobre.
La pregunta legítima, entonces, no es cuánto gastó un funcionario en su vida privada. La verdadera pregunta es si sus ingresos, patrimonio y nivel de gasto resultan congruentes con las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas que deben acompañar a cualquier servidor público.
Algo similar ocurre con los señalamientos contra Mario Ariel Juárez, ex director de la Junta de Caminos del Estado de México, a quien se ha señalado por presunto nepotismo, supuestos “moches” y por utilizar vehículos de alta gama, entre ellos camionetas GMC y Ford Lobo Raptor valuadas en más de dos millones de pesos, además de una presunta relación con la adquisición de un Porsche.
De acuerdo con señalamientos atribuidos a una investigación del Órgano Interno de Control, hasta mil millones de pesos del presupuesto destinado a bacheo y mantenimiento habrían sido adjudicados a empresas sin infraestructura visible, mediante esquemas de adjudicación directa o licitaciones restringidas.
También se ha señalado que algunas de las empresas contratadas compartirían representantes legales o domicilios fiscales, situación que podría constituir una señal de posible simulación y que, por su gravedad, tendría que ser aclarada mediante investigaciones formales.
Entre las empresas mencionadas aparecen El Llano, Sagro y Peñón Viejo, vinculadas en los señalamientos a Wblester Santiago, y de las cuales se afirma que recibieron contratos millonarios de obra pública durante la gestión de Ariel Juárez.
Y quizá ahí está el verdadero problema que une todos estos casos.
No es nada más la boda de un funcionario. No es una camioneta de lujo. No es un predial exento. Tampoco es únicamente que haya menos pilotos en Relámpagos.
El problema aparece cuando las instituciones públicas comienzan a proyectar mensajes contradictorios.
Por un lado, se habla de austeridad, eficiencia, transformación y prioridad para quienes menos tienen. Por otro, trabajadores denuncian falta de insumos, equipo, capacitación y personal; hospitales enfrentan reclamos por pagos y suministros; existen cuestionamientos sobre contrataciones de obra pública y, paralelamente, circulan imágenes de funcionarios disfrutando de niveles de opulencia que inevitablemente generan sospechas entre una población que enfrenta calles deterioradas, servicios deficientes y dificultades para acceder oportunamente a la atención médica.
No basta con decir que todo está bien. Tampoco basta con negar las acusaciones. La respuesta debe estar en los números, los contratos, las bitácoras, los inventarios, las nóminas, los expedientes y las auditorías.
Si Relámpagos tiene cuatro pilotos donde antes había 32, que expliquen por qué. Si los traslados se suspendieron desde el 22 de julio, que informen cuántos pacientes dejaron de ser atendidos por vía aérea y cuál fue la razón concreta.
Si faltan medicamentos o equipo biomédico, que se publique el inventario. Si existen cursos impartidos por funcionarios fuera de la entidad, que se transparente bajo qué condiciones se realizan. Si hubo salida de personal, que se conozcan las causas.
Y si alguien utilizó recursos públicos de manera indebida, que se investigue y se sancione, sin importar el cargo, el partido o el apellido.
Porque la verdadera austeridad no se demuestra con discursos ni fotografías. Se demuestra cuando un gobierno tiene suficientes recursos para que un helicóptero de rescate pueda despegar cuando un mexiquense lo necesita, para que un hospital tenga insumos, para que los trabajadores reciban su salario y para que cada peso destinado a infraestructura termine convertido en una obra útil para la población.