+Menos de 10 años duró la felicidad de Eruviel Ávila Villegas e Irene Dipp Walther, ahora andan entre acusaciones; la violencia de Edgar Pérez Zamora con su esposa, en Xalatlaco

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La frase:

La violencia vicaría trata de deshumanizar a los hijos, se les despoja de la categoría de personas y se les impone la categoría de objeto o, más bien, de arma.

LARA SÁNCHEZ

La realidad de la Violencia de Género en el Estado de México ha alcanzado un punto de ebullición que trasciende las frías estadísticas para encarnarse en rostros conocidos y figuras de autoridad.

Resulta paradójico y alarmante que, en una entidad que ocupa el sexto lugar nacional en feminicidios, con cinco casos registrados apenas al corte de febrero de 2026, representando el 5.3% del total nacional,  y que carga con el peso de una doble alerta de género, la violencia emane precisamente de quienes deberían garantizar el orden y la justicia.

El tejido social se estremece ante la difusión de un video que muestran a Edgar Pérez Zamora, presunto subdirector de la Policía Municipal de Xalatlaco, agrediendo brutalmente a su pareja.

La crudeza de la impunidad, exhibe al funcionario pateando a la mujer en el suelo, causándole lesiones graves bajo la sombra de denuncias ciudadanasque sugieren que este no es un evento aislado, sino un patrón de conducta recurrente.

Mientras la indignación crece en Xalatlaco, el silencio administrativo de las autoridades municipales alimenta la percepción de protección institucional hacia el agresor, contraviniendo las exigencias de transparencia y sanciones ejemplares que la población reclama para frenar la normalización de la violencia doméstica en las esferas del poder público.

Esta crisis de seguridad para las mujeres no distingue jerarquías políticas, como lo demuestra la denuncia pública realizada por María Irene Dipp contra su esposo, el diputado federal y ex gobernador mexiquense Eruviel Ávila Villegas.

A través de un testimonio visual, Dipp ha expuesto una red de violencia psicológica y emocional que la ha obligado a separarse del legislador por el temor fundado de que las amenazas de daño físico y legal contra ella y sus hijos se materialicen.

La gravedad de sus declaraciones radica en la descripción de un entorno intimidante donde el poder político se utiliza, presuntamente, como una herramienta de coacción penal y civil.

Al responsabilizar directamente a su esposo de cualquier afectación a su integridad, Dipp pone de manifiesto que, incluso en los círculos de mayor influencia del Estado de México, las mujeres viven bajo un estado de sitio privado.

La confluencia de estos casos, desde un mando policial municipal hasta un ex mandatario estatal, subraya una vulnerabilidad sistémica: a pesar de los mecanismos legales y las alertas de género, la estructura del poder parece seguir operando como un refugio para agresores, dejando a las víctimas con el espacio digital como último recurso de auxilio y denuncia ante la desconfianza en las instituciones tradicionales.

La persistencia de la violencia de género en el sistema de justicia actual no es un fenómeno accidental, sino la consecuencia directa de una estructura que favorece la omisión y el olvido.

La falta de resultados tangibles en la disminución de estos delitos revela una desconexión profunda entre el discurso institucional y la realidad operativa de las fiscalías, tanto a nivel federal como estatal.

Esta negligencia se manifiesta en una incapacidad crónica para investigar los crímenes bajo protocolos de género adecuados, donde la carencia de capacitación especializada del personal y la insuficiencia de recursos presupuestales destinados a la infraestructura forense y de atención condenan a las víctimas a un ciclo infinito de revictimización.

Ahora, hay violencia vicaria de por medio.

Cuando las instituciones fallan en el primer eslabón de la cadena de justicia, envían un mensaje silencioso, pero contundente a los agresores: la violencia carece de consecuencias reales.

Esta ausencia de castigo alimenta la percepción de una impunidad garantizada, la cual funciona como el fertilizante más eficaz para que las conductas violentas se repliquen y escalen sin control.

Al no existir una barrera legal sólida que detenga el abuso en sus etapas iniciales, el sistema permite que las manifestaciones de odio hacia las mujeres evolucionen libremente hacia sus formas más extremas.

Así, la impunidad no es solo un fallo administrativo, sino un catalizador que transforma el acoso y la agresión física en muertes violentas que, lejos de disminuir, se mantienen como una herida abierta en el tejido social.

La estadística de feminicidios se convierte entonces en el espejo de una negligencia estatal que, al no castigar al culpable, termina por abandonar a la mujer a su suerte frente a un odio que encuentra en el silencio institucional su mayor aliado.

Hay que hacer notar que el ex gobernador Eruriel Ávila Villegas y ahora diputado federal que milita en el Partido Verde Ecologista respondió a la denuncia pública de su esposa, quien lo acusó de violencia psicológica y amenazas, al señalar en sus redes sociales:

En lo privado, María y yo haremos prevalecer con diálogo y respeto, el bienestar de nuestros dos hijos que Dios nos regaló.

Es obvio que no aceptó ni negó los episodios de violencia Vicaria que presuntamente ejerció en contra de María Irene Dipp Walther.

Es necesario recordar, que con María Irene contrajo nupcias por segunda ocasión, en un evento muy sonado y que ambos tuvieron a sus hijos Juan Pablo y María de apellidos Ávila Dipp.

Edgar Pérez Zamora.

En su primer matrimonio, el doctor Eruviel estuvo casado con la señoraGrimalda Muñoz Tovar Grimmy, quien falleció en el año 2017, cuando aún era gobernador de nuestra entidad; sin embargo, a esa fecha llevaban 10 años de separados y con ella procreó cuatro hijos: Isis, Raúl, Eruviel y Montserrat.

Hay que recordar también que es reciente el matrimonio de Ávila con Dipp, ya que ocurrió el 24 de junio de 2017, en una fastuosa ceremonia celebrada en la ex hacienda de Santa Mónica en Tlalnepantla, cuando aún era gobernador. Inclusive emparentó con uno de los máximos jerarcas de la iniciativa privada, Gustavo de Hoyos Walther. La licenciada Irene, es hija del doctor Sergio Alejandro Dipp Félix, quien es médico cirujano y de la licenciada Irene Walther Serrano, originarios de Mexicali, Baja California.