+ Periodismo: Entre la Regulación, la Censura y el Profesionalismo; Intacta la relación Ana Lilia-Montiel
La frase:
Política es la convivencia de los distintos y de los diferentes
DANIEL COSÍO VILLEGAS
RELACIÓN ANA LILIA-MONTIEL, INTACTA: Ni distancia ni frío. La cercana relación política del ex gobernador, Arturo Montiel Rojas con Ana Lilia Herrera Anzaldo se mantiene intacta y el pasado jueves se hizo patente cuando la doctora, Karla Lizette Cortés Treviño, asumió su papel como Rectora de la Universidad de la Salud, UNSA, del Estado de México.
Allá por la salida a Atlacomulco, donde se ubica la institución universitaria, se realizó la ceremonia de toma de protesta de la doctora Cortés, a la que acudió el ex rector de la UNAM, José Ramón Narro Robles y una de las invitadas especiales fue la diputada federal y ex colaboradora de Montiel, Ana Lilia Herrera.
Anita como le llama el ex gobernador, fue colocada en el presidium, al lado de la doctora Cortés (esposa de Montiel) y del ex rector Narro, además de que, al momento de las presentaciones, la diputada Herrera fue muy ovacionada.
Las versiones que hablaban de un distanciamiento entre el ex gobernador Montiel Rojas y la diputada Ana Lilia se vinieron abajo al hacerse público que no hay distancia y sí mucho afecto.
El ex gobernador Montiel y su esposa, la doctora Cortés, mostraron su cercanía con Ana Lilia Herrera, quién ha reafirmado su condición de política profesional y agradecida, empezando con el gobernador Alfredo Del Mazo Maza.
Periodismo: Entre la Regulación, la Censura y el Profesionalismo
A pesar de la decisión unánime en el Pleno de la Corte para invalidar la reforma que eliminó la obligación de los representantes de noticieros de radio y televisión, a distinguir entre noticias y opinión, al final del día quedaron más dudas que certezas sobre los efectos que tal invalidez tendría en los hechos.
Lo cierto es que en el medio periodístico se mantiene la certeza de que el actual gobierno, al igual que lo han intentado los anteriores, mantiene firme su decisión de regular al máximo a los medios informativos y a los comunicadores, censurar sus contenidos, y castigarlos con multas y sanciones cada vez que se salgan de la línea oficialista; o premiar a los que se muestran totalmente dóciles al poder.
Para los comunicadores en cambio, sigue vigente la máxima de que la prensa se regula con la prensa, que debe garantizarse la absoluta libertad de expresión y acceso a la información pública, y que debe avanzarse en la educación democrática y comunicacional de las audiencias, lo mismo que en las libertades sociales, para que sea cada ciudadano quien premie con rating, suscripciones o pautas publicitarias, el profesionalismo de los medios y los periodistas; o castigue con su rechazo a quienes se escudan en la infodemia, la posverdad o las fake news para caer en el sensacionalismo, el amarillismo, la mentira y el engaño.
A lo largo de la historia, los gobiernos federales han recurrido a las amenazas, a las egresiones, a las ejecuciones, al sometimiento regulatorio, y al castigo presupuestal para intentar controlar y acallar a los medios de comunicación y a los periodistas. El actual gobierno no es la excepción ni diferente a los anteriores, como lo podemos apreciar cada mañana desde Palacio Nacional o en las crecientes estadísticas de agresiones y homicidios a periodistas en todo el país.
En medio de la incertidumbre que generó la decisión de la Corte, sólo el ministro Alberto Pérez Dayán salió a explicar que como no se entró al estudio de la falta de consulta previa a comunidades indígenas y personas con discapacidad, únicamente se derogó el decreto y ya no se daría al Congreso de la Unión ningún término para legislar, como el que él mismo propuso en su proyecto original.
Las dudas quedan porque en el ámbito judicial se insiste en que lo aprobado por el Pleno de la Corte, faculta al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a emitir los lineamientos en materia de derechos de las audiencias, recobraría su vigencia, aunque la propia Corte asegura que nos será así, dado que su decisión no tuvo como efecto la reviviscencia de la legislación anterior y, en consecuencia, el vacío normativo deberá ser colmado por el Congreso de la Unión a través de la emisión de nuevas disposiciones en la materia.
O sea que en el ambiente lo que se mantiene es el eterno debate entre los que piden la regulación de los medios para poder censurar los contenidos a través de instancias indirectas, teniendo como soporte legal el derecho de las audiencias; y quienes argumentan que en las democracias contemporáneas debe privilegiarse la autorregulación de medios como la radio y la televisión, porque eso es lo que garantiza la competencia, la libertad de expresión y los derechos de las audiencias. Privilegiar la libertad ante los acosos de censura del poder.
Hay que recordar que el presidente José López Portillo, autor de la frase: no pago para que me peguen, al igual que el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, quien califica a la prensa de inmunda, corrupta, conservadora, neoliberal, enemiga del pueblo, coinciden en propuestas para que sea un Consejo de Regulación de Medios, dirigido por el Estado, el encargado de controlar a los medios electrónicos. Lo cual, ahora como antaño, es catalogado como grave retroceso a la libertad de expresión, a la pluralidad de las ideas y a la crítica periodística que prevalecen en los medios de comunicación.
La democracias confían plenamente en que las audiencias saben diferenciar entre un medio que ejerce el periodismo desde un código ético y mecanismos de participación de sus audiencias; y aquel que no hace ni se esmera por contar con estas herramientas de profesionalismo y defensa de sus audiencias.
El riesgo de la regulación, como es bien sabido, es el pretexto perfecto de los gobiernos autoritarios para controlar y someter a la prensa; para amenazarla y castigarla; para manipular e imponer los contenidos informativos, violentando claramente la Constitución, los derechos humanos y la libertad de expresión.
En lo que se debe avanzar, evidentemente, es en la profesionalización de la actividad periodística y en la educación informativa de las audiencias, elevando el nivel y la calidad de la comunicación, para lo cual cada medio informativo deberá contar a la vista con su propio código de ética, el compromiso explícito de contenidos ante sus audiencias, así como los mecanismos adecuados para que los consumidores puedan hacer valer dicho código cuando sea violado.
Entonces, más que seguir enredando el tema con galimatías jurídicos, lo urgente y medular ante la gran diversidad de medios de comunicación, es que se consolide de una vez y por todas, la autorregulación para evitar que las imposiciones externas se conviertan en pretextos para la censura, el sometimiento y el control de los medios de comunicación en perjuicio del derecho a la información.
La actuación de la Corte fue oportuna, pero no se debe dejar en el limbo, si es que en verdad se quiere garantizar la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información, porque a estas alturas del desarrollo democrático en el mundo, ningún país puede darse el lujo de imponer criterios informativos, mecanismo de comunicación, calificación a los contenidos y menos de censura.
Pero sobre todo, ante gobernantes hegemónicos, militaristas, concentradores del poder y autoritarios, como sucede en América Latina, se debe contar con una prensa libre, profesional y apegada a los derechos universales de las libertades de expresión e información, ¿no le parce a usted, estimado lector?