+Raúl, director General y Carlos Eduardo, director de Control de Emisiones de la Secretaría del Medio Ambiente estatal, cabezas de red de corrupción

La frase:

Algo huele mal y la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno estatal que encabeza Alhelí Rubio Arroniz y no es precisamente contaminación, sino…

CORRUPCIÓN

Algo huele mal en el Estado de México. Y esta vez no precisamente por las emisiones contaminantes de los vehículos, sino por las presuntas cuotas que, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, habrían estado cobrando funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente a propietarios de verificentros.

La detención de Raúl “N”, director General de Control de Emisiones Atmosféricas, y Carlos Eduardo “N”, director de Control de Emisiones a la Atmósfera, debería encender todas las alarmas dentro del Gobierno mexiquense.

¿Son sus amigos, o por qué los contrató Alhelí Rubio Arroniz?

No estamos hablando de dos empleados de ventanilla que presuntamente se aprovecharon de un ciudadano. Estamos hablando de funcionarios con responsabilidades de dirección que, según las autoridades, formarían parte de una red integrada por servidores públicos, ex servidores y particulares dedicada presuntamente a extorsionar a quienes necesitaban mantener funcionando sus negocios.

Uno fue localizado en Acapulco y otro en la Ciudad de México. Parece que la supuesta preocupación por el medio ambiente no les impedía tener una agenda bastante amplia para viajar.

Pero más allá de la ironía, el asunto es grave, según la investigación, a los propietarios de verificentros se les exigían pagos ilegales para evitar que sus líneas fueran cerradas. Y cuando el dinero no era suficiente, presuntamente venían las amenazas, los procedimientos administrativos y hasta intentos de despojo de concesiones e infraestructura, es decir, la autoridad que debería regular se habría convertido, presuntamente, en el cobrador.

Y aquí es donde la historia comienza a ponerse verdaderamente incómoda. Las autoridades hablan de varias decenas de millones de pesos mensuales que habría generado este esquema. No son monedas para el café. No es el clásico “moche” de unos cuantos miles de pesos.

Si las acusaciones terminan siendo acreditadas ante un juez, estaríamos frente a una estructura que habría convertido la regulación ambiental en un negocio millonario.

¿Y nadie se dio cuenta? ¿Nadie preguntó por qué determinados funcionarios tenían acceso a cantidades de efectivo de esa magnitud? ¿Nadie observó patrones extraños en clausuras, revalidaciones, concesiones o permisos? ¿Nadie recibió denuncias antes de que la Fiscalía interviniera?

Porque una red que supuestamente puede generar decenas de millones de pesos cada mes difícilmente se construye de la noche a la mañana. Y tampoco parece razonable pensar que dos funcionarios, por sí solos, pudieran operar un mecanismo de esta naturaleza.

Por eso la investigación no debería quedarse en los dos detenidos. Hay que revisar nombres, expedientes, concesiones, clausuras, revalidaciones, cuentas, propiedades, vehículos, movimientos financieros y, sobre todo, la cadena de mando.

Porque si alguien cobraba, alguien entregaba. Si alguien amenazaba, alguien lo protegía. Y si alguien se enriquecía, alguien más pudo haberlo permitido. También habrá que preguntar cuántos verificentros fueron víctimas de este presunto esquema y cuántos empresarios terminaron pagando por miedo a perder su patrimonio.

La parte más delicada de esta historia es precisamente esa: el temor a denunciar.

Porque cuando el extorsionador porta un arma, el ciudadano sabe que está frente a un delincuente. Pero cuando el extorsionador porta gafete, ocupa una oficina pública y tiene capacidad para clausurar un negocio, la frontera entre autoridad y delincuencia se vuelve peligrosamente delgada. Es sin duda, un delincuente con gafete y oficial del gobierno.

Ahora la Fiscalía tiene una enorme responsabilidad, si las pruebas son suficientes, que se castigue a todos los responsables; pero si detrás de estos dos funcionarios existe una estructura mayor, que no haya funcionarios intocables, ex funcionarios protegidos ni particulares que puedan esconderse detrás de los escritorios públicos.

El Gobierno del Estado de México tampoco debería limitarse a emitir comunicados celebrando las detenciones. Debe explicar cómo ocurrió. Quién supervisaba a estos funcionarios. Qué mecanismos de control fallaron. Cuántas denuncias recibió la dependencia. Y qué medidas se tomarán para impedir que las áreas encargadas de regular los verificentros vuelvan a convertirse, presuntamente, en cajas registradoras de funcionarios corruptos.

Porque si alguien utilizó el poder público para cobrar cuotas ilegales, no estamos ante un simple abuso administrativo. Estamos ante una posible industria de la corrupción. Y si la investigación confirma que esa industria existió, habrá que desmontarla completa.

Sin importar quiénes caigan, porque el uniforme, el cargo, el escritorio y el nombramiento no convierten a nadie en intocable. Y en este caso, la pregunta que queda flotando en el aire es sencilla, pero demoledora: ¿Cuántos funcionarios más cobraban y todavía siguen cobrando?