Se rezaga la figura del juez de ejecución de sanciones: Luis Rivera Montes de Oca

La presencia de la figura del juez de ejecución de sanciones penales tiene que replantearse en México, pues actualmente están quedando al margen debido a una serie de reformas y leyes, como los son la reforma al artículo 19 constitucional para aumentar los delitos graves y la Ley de Amnistía, además de que el sistema penitenciario mexicano actualmente no está cumpliendo con la tarea primordial de prevención.

Así lo señaló el maestro en derecho Luis Rivera Montes de Oca, durante su presentación vía zoom de la cuarta edición de su libro Juez de Ejecución de Penas, La Reforma Penitenciaria Mexicana en el Siglo XXI, en la que participó como comentarista Sergio García Ramírez, profesor investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y como moderador J. Dolores Alanis Tavira, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Rivera Montes de Oca expresó su preocupación por el hecho de que llamada Ley de Amnistía “se está aplicando de manera arbitraria, sin una reglamentación todavía clara”, a lo que se suman las condiciones actuales por la pandemia de Covid-19, por las que se están concediendo libertades y traslados de manera poco clara y con irregularidades.

Durante la presentación de su obra, refirió que se reconoce al Estado de México como “la cuna” del juez de ejecución de penas o de sanciones penales, pues dos años antes de reforma de 2008-2016, en la entidad ya estaban funcionando los jueces de ejecución de penas.

El catedrático e investigador, quien también cuenta con una trayectoria destacada en el servicio público, señaló que independientemente de los rezagos, la presencia de la figura del juez de ejecución de penas tuvo un impacto positivo, con la disminución de la población del sistema penitenciario en el país, toda vez que “los procesados tienen a sus jueces que siguen sus procesos, y ellos son los encargados de vigilar, decretar la libertad o dictar la sentencia”.

Así, de una población de 240 mil internos en 2016, de acuerdo con datos del Órgano Desconcentrado de Tipo Administrativo y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, para agosto del presente año hay una población penitenciaria de 211 mil internos entre procesados, sentenciados, internos del fuero común y del fuero federal; mientras que en 2019 se llegó a una población de 198 mil internos, es decir, habían disminuido 42 mil internos en todo el sistema, en 12 meses.

Lamentablemente, señaló que en la actualidad los jueces no están siendo tomados en cuenta “para la resolución de problemas y para la aplicación de los valores que se identifican con la reinserción social, que es el trabajo, la capacitación para el trabajo, la educación, la salud, el deporte y la recreación.

“Los jueces no están cumpliendo con la tarea porque están dejando en manos de los directores de los Centros Penitenciarios, a que con sus consejos técnicos sean quienes marquen las políticas penitenciarias, cuando hemos luchado por que quede en manos de los jueces de sanciones penales todas estas acciones, en relación con el cumplimiento de las penas, con su modificación y con la extinción”, explicó.

CIERRE DEL COMPLEJO PENAL DE ISLAS MARÍAS

Por otro lado, el jurista expresó su preocupación por lo que consideró un acto que atenta contra el sistema penitenciario del país, esto es la clausura del Complejo Penal Islas Marías, tema también presente en su obra.

Explicó que en este “se daba la readaptación social en plenitud, y debido a una acción administrativa del Ejecutivo, se cierra este complejo, que hoy quienes estamos atentos a la cuestiones penitenciarias lamentamos profundamente, porque se perdió un ejemplo que México podía dar al mundo en materia de readaptación social o de reinserción social”.

Agregó que la única manera de subsanar el vacío que dejó el cierre de este centro de readaptación, sería “revocar el acuerdo del ejecutivo para que se reabra”, y es que hoy hay registro de que la isla no solamente está abandonada, sino que se están depredando todos los recursos naturales que antes estaban protegidos.