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¿Seguirá México Como el País Más Peligroso para el Periodismo?

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Nos recuerda Juan Becerra Acosta que, con el triunfo electoral de Morena en 2018, y el inicio de la transformación de la vida pública de México, llegó el compromiso de garantizar libertad de prensa y terminar con la violencia contra los periodistas con que durante décadas se le ha coartado a la sociedad su derecho a estar informada. Pero hoy México es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo.

Apunta: se afirma, equivocadamente, que ya no hay censura en México. El que el gobierno no coloque directamente la mano en la boca del periodista no impide que el mismo periodista sea quien se tape la boca con mano propia en una obligada autocensura para evitar ser asesinado por aquellos que encuentran en la impunidad la vía para silenciar la verdad. Los ataques a periodistas quedan, en su gran mayoría, impunes.

Nos ilustra: de 105 investigaciones que ha llevado a cabo la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, sólo hay 29 sentencias condenatorias. Gran número de agresiones contra periodistas se perpetra por autoridades municipales o estatales: alcaldes, regidores, policías, diputados y otros funcionarios, lo que implica una enorme dificultad para proteger al comunicador y con ello permitir que continúe con sus investigaciones. ¿Quién lo va a cuidar?, ¿los mismos a quienes está investigando, o aquellos que son brazo institucional del crimen organizado? Para ello existe el Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, pero debido a sus limitaciones se encuentra rebasado.

Durante la recién concluida administración, 58 periodistas y 107 defensores de derechos humanos fueron asesinados en México. El mecanismo encargado de protegerlos señala que entre los principales factores de riesgo están la impunidad y la corrupción, y que 600 periodistas están integrados a esta instancia federal que, afirma, para el próximo año necesita, mínimo, 800 millones de pesos para cubrir sus requerimientos.

A lo anterior se suma otro pendiente que, de no resolverse, impediría, aun con el presupuesto solicitado, que el mecanismo pueda garantizar a sus beneficiarios ejercer su desempeño profesional sabiéndose protegidos: una reforma constitucional que establezca de manera clara la obligación por gobiernos estatales y municipales y así el mecanismo tenga la capacidad de emitir resoluciones que vinculen a las autoridades y las obliguen a proteger a los periodistas.

*Licenciado y Maestro en Periodismo

lurame_3@hotmail.com                  @luciorm