Sistema de pensiones ISSEMYM
El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, sufre una crisis financiera desde hace algunos años, crisis que tiene múltiples factores, pero que sin duda, el problema principal es la falta de un programa de reestructura financiera que involucre al Gobierno del Estado mediante la Secretaría de Finanzas, pero a su vez, que sin excusa, cobre las aportaciones que adeudan los organismos públicos del Estado y municipios.
De tal suerte, que ante dicha crisis, el Instituto ha optado por retrasar el pago de las nuevas pensiones, supuestamente por exceso de trabajo, retrasando la emisión de un dictamen de 30 días como lo marca la Ley, hasta dos años, y la misma situación para la programación del primer pago de la misma, situación que resulta violatoria de derechos humanos de los trabajadores afiliados, mismos que tienen que buscar otras fuentes de sustento mientras se desbloquea su pensión.
Algunos abogados, promovemos amparos para que la autoridad se ajuste a los tiempos y plazos establecidos en la ley, mismos que aceleran la emisión tanto del dictamen como de la programación del primer pago, servicio que busca ayudar a los afiliados a poder acceder a recursos necesarios sobre todo, en el caso de jubilación, para su subsistencia como adultos mayores, no obstante, a pesar de que el Instituto prácticamente pierde todos los juicios de amparo promovidos en su contra, siempre niega y aplaza el cumplimiento de las sentencias bajo el argumento de que no hay recursos.
Este argumento es absurdo y contrario a derechos humanos, ya que estos son de aplicación preferente a cualquier falta de recursos del Estado (mismo que cabe recordar, esta financiado por las contribuciones de todos los contribuyentes del Estado de México), por lo que, de acuerdo con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, no es suficiente con que el Instituto diga “no tengo”, sino que al ser derechos humanos, tendría que presentarle al Poder Judicial su plan de reestructuración financiera, para establecer como es que pretende pagar.
Claramente hay trabajadores que cuentan con familias que los ayudan a mantenerse pero hay muchos casos de personas que no tienen esa facilidad y por tanto, es una grave violación a derechos humanos de manera sistemática, por lo se recomienda que quienes tienen la oportunidad de acercarse a un abogado amparista que lleve ese tipo de trámites promuevan su amparo no solamente para desbloquear su pago, sino para hacer sinergia a efecto de que realmente el Gobierno del Estado tome cartas en el asunto, cobre a los deudores y realmente provea al pueblo mexiquense de seguridad social adecuada.