Sobre los derechos jurídicos de las personas con discapacidad intelectual

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En esta ocasión hablaré de un tema relacionado con los derechos jurídicos de las personas con discapacidad, y es que en 2020 el pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el artículo 153 fracción IX del Código Civil del estado de Guanajuato, el cual consideró que era un impedimento contraer matrimonio si alguno de los contrayentes, o ambos, presentaban discapacidad intelectual, dicha fracción fue reformada en 2018 en la que eliminó los términos peyorativos que contenía, entre ellos:  “La locura”, “el idiotismo” y “la imbecilidad”, y los sustituyó por “discapacidad intelectual”, no obstante, aún cuando sólo se modificaron los términos, permanecieron las prohibiciones que limitaban sus derechos jurídicos.

En este contexto, el pleno de ministros determinó que dicho impedimento violaba los derechos de igualdad y no discriminación consagrados en el artículo primero de la Constitución, además de las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada por los países miembros de las Naciones Unidas, entre ellos México; así como de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

Entre los derechos que se consideran violentados se encuentran el derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación, el derecho al reconocimiento de la personalidad de las personas con discapacidad, el derecho a la protección de la familia, el derecho al libre desarrollo el derecho a vivir de forma independiente y ser incluido en sociedad, mismos que fueron mencionados en la Demanda de acción de inconstitucionalidad, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual argumentó que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es considerada como “el paradigma normativo del modelo social y de derechos y como una respuesta de carácter integral, universal, jurídicamente vinculante y aplicable, pues se abandona la consideración de la persona con discapacidad como objeto de políticas asistenciales o programas de beneficencia y se reconoce su personalidad y capacidad jurídicas, su condición de sujeto de derechos”.

En este sentido, es de suma importancia la decisión tomada por la SCJN debido a que el contexto actual nos exige cambiar preceptos ideológicos arcaicos que se manifiestan a través del lenguaje  y que limitan avanzar en materia de derechos humanos y de protección a la dignidad de las personas; en el caso de dicho artículo del Código Civil del estado de Guanajuato, en la reforma mencionada sólo consideraron no usar las palabras peyorativas, no obstante, no resolvieron nada con respecto a limitar las decisiones de las personas con discapacidad y tampoco con respecto a dejar de ver a la discapacidad como algo igualmente peyorativo, incluso, cuando sólo intentaron buscar sinónimos que no mancharan dicho código civil, pero al final discriminatorios.

En este sentido, es fundamental cambiar la concepción sobre la discapacidad, pues si bien, anteriormente se les consideraba a estas personas “incapaces de realizar ciertas acciones”, al parecer se trataba un efecto que la misma sociedad fue implantando, a través de relegar y negar a estas personas lejos de integrarlas a la sociedad; esto es, las viejas prácticas calificaban como “diferentes” a las personas con algún tipo de deficiencia, a quienes condenaban a una existencia vinculada a la institucionalización, medicación y sometimiento, lo cual ha propiciado un desconocimiento de sus derechos, el ejercicio de los mismos en desigualdad de condiciones, y violación o vulneración constante de ellos.

Actualmente,  se reconoce el modelo de apoyo en la toma de decisiones basada en un enfoque de derechos humanos, que implica que la persona con discapacidad no necesita ser privada de su capacidad de ejercicio por una persona que sustituya su voluntad, sino que simplemente es asistida para adoptar decisiones en diversos ámbitos sin restringir su facultad de adoptar decisiones legales por sí mismas.

En lo que se refiere a las normas que nos rigen, sin duda, es importante seguir proponiendo iniciativas de reforma, no sólo que vayan a favor de los intereses personales o de un grupo, sino en casos como éste, que nos inviten a reflexionar sobre cómo estamos usando el lenguaje y peor aún cómo se están excluyendo ciertos grupos de la vida social violentando sus derechos fundamentales.