VOTA PRI EN CONTRA DE LA REFORMA JUDICIAL PARA EL ESTADO DE MÉXICO
El Grupo Parlamentario del PRI votó en contra de la Reforma Judicial para el Estado de México, pues quebranta la división de poderes, compromete la independencia judicial y no representa una mejora en la justicia ordinaria, lo que afecta directamente a las y los mexiquenses.
A nombre de las diputadas y los diputados priistas, Mercedes Colín detalló que
el PRI está en contra del control de las candidaturas, de la creación de un tribunal disciplinario con poderes omnipotentes, y del alto costo económico que tendrá ́ la implementación de esta reforma, que será similar al gasto aprobado este 2024 para todos los programas sociales.
“Advertimos disposiciones que ponen en grave riesgo la independencia judicial y que significan una franca intromisión al principio de división de poderes; en términos generales y con responsabilidad, buscaremos que la implementación de esta Reforma Judicial sea lo menos lesiva, lo menos invasiva posible”, dijo la legisladora.
Agregó que para lograr una verdadera reforma a la justicia, que beneficie a las
familias mexiquenses, sería necesaria la discusión de una propuesta que
contemple la profesionalización de las corporaciones policiacas y mejore la
calidad de las defensorías públicas y de las fiscalías; que impulse la justicia
digital y multiplique los mecanismos alternos de solución de conflictos, y que
garantice la reinserción para reconstruir el tejido social.
La bancada tricolor presentó tres reservas al dictamen, con el objeto de
garantizar una transición que sea lo menos invasiva posible a la independencia del Poder Judicial.
El diputado Alejandro Castro presentó una reserva al artículo Tercero Transitorio para generar una transición estable para las instituciones judiciales y dar certidumbre jurídica a la renovación de la mitad de los magistrados y las magistradas del Tribunal Superior de Justicia; esta reserva fue aprobada por mayoría.
En tanto, el diputado Mariano Camacho presentó reservas a los artículos
Séptimo y Octavo Transitorios para garantizar la independencia judicial y permitir la continuidad del Consejo de la Judicatura del Estado de México, asegurando un régimen de transición menos lesivo; ambas fueron aprobadas por unanimidad.