3 SOBREVIVIENTES RECLAMAN LA EXCLUSIÓN DE SU INICIATIVA POR PARTE DEL CONGRESO
Por Fátima Chávez
Carmen Sánchez, presidenta de la fundación con el mismo nombre, junto a las sobrevivientes Ana Elena Saldaña, Esmeralda Millán y Lesli Moreno, denunciaron formalmente ser víctimas de violencia institucional por parte del Congreso del Estado de México.
El reclamo surge tras la exclusión de su iniciativa ciudadana, presentada desde el 12 de noviembre de 2025, la cual busca combatir la denominada «violencia química».
Durante una conferencia de prensa, Sánchez afirmó que esta propuesta es el resultado de un largo proceso colectivo de estudio y análisis basado en testimonios directos, con el fin de subsanar los huecos jurídicos que actualmente impiden sancionar adecuadamente estas agresiones, calificadas como las más crueles por las secuelas fatales y cicatrices permanentes que dejan en las víctimas.
La iniciativa plantea una reforma integral a tres instrumentos jurídicos fundamentales en la entidad: la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para reconocer la agresión como un tipo específico; el Código Penal, para tipificar el delito ante su alta peligrosidad; y la Ley de Víctimas, para garantizar una ruta de atención médica especializada y dermatológica.
La activista subrayó que el término «violencia química», acuñado por la fundación en 2021, es una necesidad jurídica más amplia que el concepto de «violencia ácida», pues investigaciones de la colaboradora Jimena Reyes Canseco revelan que existen más de 125,000 sustancias peligrosas, de las cuales 25,000 pueden causar daños severos en piel, ojos y mucosas.
A pesar de contar con un sólido respaldo legal, incluyendo la Recomendación 85/2019 de la CNDH, la primera en su tipo en el país y reconocida por el entonces Fiscal de la entidad, Alejandro Gómez Sánchez, la Comisión de Igualdad de Género ha priorizado el análisis de propuestas posteriores presentadas por las diputadas morenistas Zaira Cedillo Silva y Nelly Brígida Rivera Sánchez.
Carmen Sánchez enfatizó que esta omisión ignora los procedimientos legislativos obligatorios y minimiza el activismo de quienes han cumplido con todos los trámites legales para transformar su dolor en propuestas de ley.
Ante este escenario, la fundación y las sobrevivientes exigieron formalmente que su iniciativa sea turnada y acumulada en el dictamen final, fundamentando su reclamo en tres pilares legales: el Derecho de Inicio (Art. 51, Fracción V), que otorga a los ciudadanos el mismo rango constitucional que a la Gobernadora o diputados; la obligación de turno inmediato estipulada en los artículos 70 y 73 del Reglamento; y la responsabilidad de la JUCOPO (Art. 62 de la Ley Orgánica) para coordinar las tareas legislativas.
Las denunciantes señalaron que omitir su estudio en este mes de abril de 2026, favoreciendo propuestas de partidos políticos sobre las ciudadanas, evidencia un análisis selectivo y una vulneración directa a la participación democrática en el Estado de México.