+Tarde, pero llegó la acción de la justicia para el ex alcalde de Almoloya de Juárez, Oscar Sánchez García; Accidentada elección en la Universidad Autónoma del Estado de México
La frase:
La injusticia, en cualquier parte, es una amenaza a la justicia en todas partes.
MARTIN LUTHER KING
El Poder Judicial Mexiquense sólo se tardó cuatro años en actuar
Óscar Sánchez García, quien fue presidente municipal de Almoloya de Juárez el trienio pasado, y que buscó la reelección al cargo con el apoyo personal, institucional y económico de la ex presidenta estatal del Partido Revolucionario Institucional, quien decía que era capaz de meter las manos al fuego por él, fue vinculado a proceso penal por violencia familia cometida en contra de sus tres hijos y ex esposa, lo que demuestra que, tarde, pero aún se puede confiar en la acción de la justicia.
Sánchez García fue evidentemente protegido desde lo más rancio del priismo mexiquense desde hace por lo menos un par de años, pues la entonces esposa del ex alcalde lo denunció públicamente en más de cinco ocasiones, tanto ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, como también lo hizo ante los representantes de los medios de comunicación, a los que solicitó apoyo en innumerables ocasiones para presionar a las autoridades para que sancionaran las conductas violentas del entonces munícipe.
Pero Ana Lilia Herrera Anzaldo evitó en todo momento que las autoridades hicieran su trabajo, pues se argumentaba que, aunque sí había habido algunos problemas familiares entre el otrora alcalde de Almoloya de Juárez, su esposa e hijos, éstas se habían resuelto por la vía de la conciliación y Sánchez García tenía documentos que lo demostraban.
Pero su suerte se acabó, pues en un juzgado precisamente de Almoloya de Juárez, la tierra que gobernó, ayer fue vinculado a proceso penal, pues se demostró ahora sí fehacientemente que, por lo menos el 22 de abril del año 2022, Sánchez García sí incurrió en violencia física y psicológica en contra de la que fue su familia.
La fiscalía presentó pruebas ante el juez que conoce del caso que demuestran esos hechos, e incluso se dijo en la misma audiencia que existen más formas de comprobar que en otras ocasiones también actuó con golpes y amenazas tanto contra su ex mujer como en contra de los hijos de ambos.
Evidentemente las circunstancias hoy son muy diferentes a las que hace algunos años le sirvieron al priista para evadir la acción de la justicia, y en la audiencia tampoco estuvo el ex vocero del gobierno estatal, Marco Antonio Garza, para defenderlo ante propios y extraños, por lo que ahora sí tendrá que hacer frente a la justicia.
El proceso apenas comienza en contra del ex presidente municipal de Almoloya de Juárez, pero el que lo hayan vinculado a proceso penal ya es un buen comienzo que puede dar mayor tranquilidad tanto a la ex esposa como a sus hijos, quienes, además, han solicitado desde hace varios años medidas de protección para evitar que esta persona a la que conocen por su carácter violento les siga haciendo daño.
Seguramente, bajo el nuevo marco legal y las actuales circunstancias políticas que imperan en el Estado de México, donde la defensa de la mujer es una prioridad para la titular del Ejecutivo mexiquense, será otro el trato que tendrá Sánchez García en los juzgados, donde tampoco este personaje ya no cuenta con la protección del Poder Judicial, el cual está en plena transición.
En la audiencia celebrada en los Juzgados de Control de Almoloya de Juárez, el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México aportó datos de prueba en contra de Oscar Sánchez García, por lo que la Autoridad Judicial, además de iniciar proceso en su contra, estableció plazo de cuatro meses para el cierre de investigación complementaria y medidas cautelares consistentes en una garantía económica de 30 mil pesos, presentación periódica ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares (CEMECA) y abstenerse de acercarse a las víctimas.
El Representante Social expuso que, de acuerdo con la investigación en curso, la tarde del día 22 de abril del año 2022, las tres víctimas y su madre acudieron a la celebración de cumpleaños del ex presidente municipal de Almoloya de Juárez, en un domicilio ubicado en la carretera Toluca-Zitácuaro del mismo municipio.
El probable implicado habría insultado a las víctimas y las violentó de manera psicológica, hechos que fueron denunciados ante el Agente del Ministerio Público, quien recabó datos de prueba y solicitó la vinculación a proceso del probable implicado.
Aquí la única pregunta que queda en el aire es cómo y por cuánto logró Sánchez García evadir la acción de la justicia por casi tres años, cuando fueron públicas en todo momento las acusaciones en su contra, además de que fueron muchas conferencias ante medios de comunicación y muchas solicitudes de acción legal en su contra que organizaciones feministas presentaron públicamente para que se actuara y sancionaran ese tipo de conductas.
¿Se le acabó el poder político a Sánchez García? ¿Se le acabó el dinero para seguir pagando impunidad? ¿O después de tanto tiempo por fin el Poder Judicial del Estado de México se dio cuenta que había suficientes pruebas sobre el comportamiento agresivo del ex presidente municipal?
Qué bueno que no pasó a mayores, pues, hasta donde se sabe, la del 22 de abril no fue la única ocasión en que Óscar Sánchez García violentó a su ex esposa e hijos, acciones que pudieron llegar, a mucho más, incluso costar la vida de alguno de ellos.
Un caso más de justicia tardía que queda de manifiesto en esta entidad, donde situaciones similares acaban todos los días en cosas peores para víctimas que desafortunadamente son calladas para siempre antes de que alguien les haga caso. Esa es la cultura mocha de justicia que debe cambiar con la próxima elección de personas juzgadoras. Esperemos que no sea tarde.
Accidentada la elección universitaria
La elección de Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México entró a una etapa decisiva y muy delicada, luego de que cuatro de las cinco candidatas al cargo se unieron para hacer una protesta, por escrito, por las condiciones en que el proceso se desarrolla.
Actos anticipados de campaña y uso irregular de recursos para la promoción personalizada de una candidata, amenazas y presiones al personal académico y administrativo, inequidad en el acceso a los medios de comunicación, involucramiento de personas ajenas a la institución en el proceso, inequidad en los espacios universitarios, y hacer de los logros institucionales un presunto logro personal, son las acusaciones expuestas por María José Bernáldez Aguilar, María Dolores Durán García, Maricruz Moreno Zagal y Martha Patricia Zarza Delgado.
Evidentemente la jugada es muy sencilla: descarrilar la campaña de la aspirante Eréndira Fierro, quien consideran que lleva clara ventaja. Es una técnica muy conocida en la política mexicana, antes muy utilizada por partidos como el PRD, que antes de la elección ya se desprestigiaba el proceso mismo y de paso a quien claramente se perfilaba para ganar, lo que, de paso, deja de manifiesto las debilidades de cuatro de las cinco candidatas.
Después de la carta que firmaron las cuatro aspirantes ya nada será igual, pues el proceso que se pensaba como democrático, abierto y plural, ya estará manchado sea cual sea el resultado final, pues la única forma en que las cosas pudieran ser diferentes sería precisamente que una de esas cuatro aspirantes se alzara con el triunfo en la elección, y eso, desde ahora, sabemos que no ocurrirá.
Mientras, el Consejo Universitario, a través de su Comisión Especial Electoral, mantiene sin respuesta a la aspirante Laura Elizabeth Benhumea González, a quien el juez Juan Miguel Ortiz Marmolejo otorgó un amparo para conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios sobre su registro.
La UAEMex tenía la obligación de acatar la suspensión provisional desde un inicio, pero hasta este momento no lo ha hecho, por lo que desde el punto de vista jurídico se advierte que están esperando a la suspensión definitiva, pero aun así están incumpliendo.
Se trata de un proceso accidentado en el que se dieron todas las libertades para que los universitarios demostraran madurez y fueran capaces por ellos mismos de determinar quién querían que los encabece los próximos cuatro años, pero hasta el momento parece que las cosas no están resultando del todo bien.