SE QUEJAN FEMINISTAS DE ACCESO LIMITADO AL ABORTO DESPENALIZADO
A un año de la despenalización del aborto en el Estado de México, colectivas feministas, especialistas en salud y representantes institucionales señalaron que, pese al avance legislativo, el acceso efectivo al procedimiento continúa siendo limitado, desigual y atravesado por barreras institucionales, territoriales y sociales. Durante una rueda de prensa realizada en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, activistas insistieron en que la despenalización “no es suficiente” sin una política pública integral que garantice servicios seguros, gratuitos y accesibles en toda la entidad.
El encuentro inició con un reconocimiento al trabajo de las acompañantas, organizaciones comunitarias y colectivos que han sostenido el acceso al aborto durante el último año, así como un llamado a consolidar un modelo de atención centrado en la justicia social.
Las participantes señalaron que, a nivel comunitario, persiste una profunda desinformación respecto a los derechos vigentes, las rutas seguras y los procedimientos disponibles. Muchas mujeres y personas gestantes aún desconocen que pueden acudir a un servicio de salud sin enfrentar criminalización.
Esta falta de información, denunciaron, provoca miedo, aislamiento, angustia y vergüenza. Por ello destacaron la labor de las acompañantas de Marea Verde Estado de México, cuyo trabajo ha sido crucial para que ninguna mujer enfrente sola un proceso que “debería ser sencillo y digno”.
Las participantes enfatizaron que el reto más urgente se encuentra en el sistema de salud estatal. Afirmaron que, pese al marco legal, el Estado de México carece de una red robusta de clínicas que garanticen el servicio de manera segura y gratuita. También denunciaron la ausencia de capacitación obligatoria y transversal para el personal médico, situación que deriva en tratos discriminatorios, revictimización y negación de servicios.
Otro punto crítico es el uso indiscriminado de la objeción de conciencia, que —según señalaron— opera como una barrera estructural que afecta especialmente a mujeres jóvenes y de zonas rurales. Además, no existe una ruta clara y homologada de atención, lo que ocasiona traslados injustificados entre hospitales y la exigencia de requisitos no contemplados en la ley.
Las voceras advirtieron también que la brecha territorial es profunda, pues mientras algunas zonas urbanas cuentan con servicios parciales, grandes regiones de la entidad permanecen completamente desatendidas. Lo cual, indicaron, revela que la reforma penal no se ha traducido en acceso real para todas.
“La despenalización no basta sin presupuesto, políticas públicas e infraestructura”, reiteraron las organizaciones, al señalar que el derecho a decidir no puede depender de la ubicación geográfica ni de la disponibilidad de un médico que no invoque objeción de conciencia.
Durante la conferencia, las participantes presentaron tres exigencias centrales para avanzar hacia un modelo de atención integral, las cuales son crear y fortalecer clínicas públicas de aborto seguro en todo el territorio estatal, especialmente en regiones rurales. Regular efectivamente la objeción de conciencia para impedir que continúe utilizándose como barrera sistemática e implementar un modelo de atención con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y acompañamiento psicológico libre de estigma.
En la conferencia de prensa, la cual se desarrolló de las 9:00 a las 13:30 horas en el Instituto de Estudios Legislativos del Estado de México, participaron diversas especialistas y activistas, como Ana Ramírez, representante de la Marea Verde en el Estado de México, quien presentó un modelo de atención basado en la experiencia de la despenalización en Extremadura. Lizbeth García, psicóloga feminista, quien abordó los retos institucionales y sociales, y quien es perteneciente a la Red de Psicólogas Feministas en México.
Así como Maribel Luna, de Católicas por el Derecho a Decidir, quien habló sobre los desafíos de la despenalización social; Fátima Plata, Karina Mateo, Lizbeth Marcelino Reyes y Dulce González de María Verde Edomex. Además de Esperanza Arias de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddser Estado de México); Zaira Cedillo, diputada por la Comisión Legislativa para la Igualdad de Género y Denisse Bastida del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).