+104 carpetas sobre el desvío de 98 mil millones de pesos, acusan a Alejandro Murat; la tarjeta del Servicio Universal de Salud, no trae consigo medicamentos
La frase:
Cuando el gobierno se involucra en negocios, los negocios se convierten en política y la política se convierte en corrupción.
PATRICK O’ROURKE
ALEJANDRO MURAT SEÑALADO POR SU SUCESOR
La sombra de la justicia comienza a cercar al ex gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y a 24 integrantes de su gabinete, tras revelarse una investigación masiva por el presunto desvío de más de 98 mil millones de pesos. Y pensar que recibió todo el apoyo y la alternativa en política y parte del ex gobernador y ex presidente de la República Enrique Peña Nieto.
Según información difundida por Telediario Mx, la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, bajo la dirección de Leticia Reyes, ha confirmado la existencia de 104 carpetas de investigación que ya se encuentran en manos de la Fiscalía Anticorrupción y del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Durante una conferencia de prensa encabezada por el actual gobernador Salomón Jara, se detalló que estas indagatorias son el resultado de auditorías exhaustivas, tanto físicas como contables, realizadas en 10 dependencias estratégicas.
Los hallazgos exponen irregularidades críticas en proyectos emblemáticos de la entidad, tales como el Centro Cultural Álvaro Carrillo, el Centro de Convenciones de Santa María Huatulco, la infraestructura en Símbolos Patrios, el Circuito Interior y la Casa Quetzal.
Entre las anomalías más graves detectadas figuran pagos improcedentes, falta de planeación y presupuestación en obra pública, retenciones de impuestos no enteradas, recursos ejercidos de forma indebida y la entrega fuera de tiempo de maquinaria pesada.
El desglose de las acciones legales incluye el turno de 12 expedientes al Tribunal de Justicia Administrativa y la integración de las mencionadas 104 carpetas por delitos de alto impacto, entre los que destacan el peculado, abuso de funciones, uso ilícito de atribuciones, falsificación de documentos, corrupción y desvío de fondos públicos.
Hasta el momento, estas investigaciones ya han derivado en la inhabilitación de 19 ex servidores públicos para ejercer cargos dentro del gobierno estatal.
Uno de los puntos más alarmantes de la denuncia es la identificación de lo que las autoridades califican como una estafa maestra dentro de la Secretaría de Salud estatal. Leticia Reyes exhibió un esquema de dispersión de recursos mediante el uso de 20 cuentas bancarias para desviar al menos 3 mil millones de pesos que jamás fueron ejercidos.
En este esquema, se investiga la posible vinculación de la empresa Cifo Technologies, propiedad de Fernando Flores, debido a que el dinero desapareció en rutas que incluyen paraísos fiscales y cuentas a nombre de personas con alias para evitar el rastreo financiero.
A esto se suma el impago de retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los trabajadores a la Secretaría de Hacienda, fondos que, se presume, terminaron ilícitamente en los bolsillos de ex funcionarios del gobierno muratista.
EL SERVICIO UNIVERSAL DE SALUD
El gobierno federal continúa en su empeño por mantener una narrativa de progreso que, vista de cerca, parece más una estrategia de control que un avance en políticas públicas.
La nueva Credencial del Servicio Universal de Salud se presenta ante la ciudadanía como la panacea de la integración institucional, bajo la promesa de que los afiliados al ISSSTE, al IMSS y al IMSS Bienestar podrán transitar libremente entre clínicas y hospitales de cualquier sistema.
Sin embargo, detrás de este discurso se esconde una realidad mucho más invasiva: el registro obligatorio de datos biométricos. Esta medida no es un hecho aislado, sino que se suma a los intentos previos de obtener la información más sensible de los ciudadanos a través de la telefonía móvil y la CURP, evidenciando una obsesión por el monitoreo de la población.
Bajo la administración de «Claudia», el enfoque parece estar más centrado en consolidar el control sobre cada mexicano y mexicana que en resolver las carencias estructurales que asfixian al sector salud.
Mientras el discurso oficial presume una cobertura universal y eficiente, la realidad en los pasillos de los hospitales cuenta una historia distinta, marcada por el desabasto crónico.
De nada sirve una credencial tecnológica y biométrica si el sistema sigue fallando en lo más elemental: ¿dónde están las medicinas?, ¿dónde están los insumos básicos para una operación o un tratamiento?
Al final, el gobierno prioriza la vigilancia y la centralización de datos personales sobre la entrega de un servicio médico digno y adecuado, dejando a la salud pública como una simple fachada para sus fines políticos.