El devenir peruano, una dictadura uniformada de Keiko Fujimori

Hoy es 16 de junio. Han pasado ocho días desde que votamos. Nueve días de conteo lento, de actas observadas, de silencios estratégicos, de miradas fijas en una pantalla que cambia de números con la parsimonia de un suspiro. Y lo que esas pantallas muestran (todavía sin certeza oficial, pero con una tendencia que se vuelve ineludible) que Keiko Fujimori va ganando.

No me interesa repetir el lamento, no serviría de nada y apegándome a los intereses capitalistas que devienen esta columna vale nada, solo mi voz. Porque los que votaron por Keiko no votaron por un programa. Votaron por un conjuro, el conjuro ese del mal menor, del orden, del no seremos Cuba. Creyeron, con la fe de los conversos, que cualquier cosa era mejor que Sánchez. Que el terrorismo era una palabra que justificaba todo y que el miedo era una razón suficiente.Bien. Ahora asuman.

Asuman que el gobierno que viene no será el de la pacificación. Será el de la restauración conservadora más brutal que este país haya visto desde los años noventa. Y no me refiero a metáforas. Me refiero a leyes, leyes que ya están en el horno del Congreso, aprobadas con el voto de Fuerza Popular y Renovación Popular, mientras ustedes miraban a otro lado, pero antes siquiera de hablar de leyes, de derechos, de las consecuencias concretas de un gobierno de Keiko Fujimori, es necesario detenerse en un hecho que la prensa ha normalizado pero que es, en rigor, antitético a la democracia, que Keiko Fujimori nunca ha aceptado una derrota. En 2016, perdió frente a Pedro Pablo Kuczynski por poco más de 40 mil votos. No reconoció el resultado sin condiciones, alegó irregularidades, su partido impugnó, y aunque finalmente cedió, sembró la duda. En 2021, la situación fue más grave, pues perdió frente a Pedro Castillo por un margen similar, pero esa vez, desplegó una maquinaria de deslegitimación sin precedentes. Su partido presentó 945 pedidos de nulidad de actas. La mayoría fueron presentados fuera del plazo legal. Todos fueron rechazados. El Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE, la Fiscalía, la OEA, la Unión Europea, Transparencia Internacional (todos) concluyeron que no hubo fraude. Sin embargo, Keiko Fujimori pasó cuatro años repitiendo nos robaron las elecciones. Lo dijo en mítines. Lo dijo en entrevistas. Lo dijo en el aniversario de su partido, sin pruebas, con la misma sonrisa con la que hoy recibe los votos que la acercan al poder.

El problema no es solo ético, es a su vez, estructural. Porque el fujimorismo ha entendido algo que otras fuerzas políticas no, que no es necesario ganar las elecciones para tener poder porque basta con controlar la narrativa. Basta con instalar la idea de que el sistema está viciado, que el adversario es ilegítimo, que cualquier resultado adverso es un fraude, y cuando millones de peruanos creen eso, la democracia se vuelve un cascarón vacío.

El «fraudismo» como método, cuando perder no es opción

Hay una palabra que deberíamos incorporar al vocabulario político peruano, fraudismo. No se refiere a la comisión real de fraude (que nunca se probó) sino a la estrategia sistemática de alegar fraude para deslegitimar resultados adversos. El fujimorismo ha perfeccionado esta técnica. 

Regresemos nuevamente al 2021, Fuerza Popular gastó más de 1.2 millones de soles (aproximadamente 320,000 dólares) en su campaña de impugnaciones. La Fiscalía investigó si ese dinero provenía de fuentes ilegales, bufetes de abogados, empresarios vinculados a casinos, donaciones opacas. Keiko Fujimori, además, enfrentó un juicio por el Caso Cócteles, investigación por lavado de activos y organización criminal relacionada con aportes de Odebrecht a sus campañas de 2011 y 2016. El juicio fue anulado en octubre de 2025 por decisión del Tribunal Constitucional, y archivado en enero de 2026, aunque se mantuvieron las imputaciones por falsa declaración en procedimiento administrativo

Pero más allá de las idas y venidas judiciales (que ya son un laberinto donde la impunidad encuentra siempre una puerta de salida) lo relevante es el patrón porque Keiko Fujimori ha estado bajo investigación por corrupción durante años. Ha sido señalada por recibir aportes ilegales. Ha estado en prisión preventiva, y sin embargo, se presenta como víctima de una conspiración. Su discurso es siempre el mismo: Soy hija de Alberto Fujimori y con esas medallas, injustamente me llevaron a prisión. Esa frase resume una operación política brillante y monstruosa, convertir los delitos (o las acusaciones de delitos) en medallas, transformar la condición de hija de un dictador condenado por crímenes de lesa humanidad en un título nobiliario de la resistencia. Y lograrlo, lograrlo con millones de peruanos que la aplauden.

Pero dejemos el pasado, hablemos del futuro inmediato. Porque más allá de las investigaciones judiciales y las narrativas del fraude, lo que debería encender todas las alarmas es lo que el fujimorismo y sus aliados de la derecha radical ya están haciendo desde el Congreso, incluso antes de que Keiko asuma la presidencia.

La ley pro crimen

El 13 de junio, el Congreso aprobó en primera votación un proyecto de ley que estipula que los delitos cometidos por militares y policías en ejercicio de sus funciones sean juzgados exclusivamente por la justicia militar y policial. Es decir: un militar que mate a un manifestante no será juzgado por un juez ordinario, será juzgado por sus propios compañeros. ¿Suena familiar? Así operaban las dictaduras del Cono Sur. Así se amnistió la tortura en Argentina, así se construyó la impunidad en el Perú de los noventa.

Esta ley tiene un nombre técnico, excepción de jurisdicción ordinaria, pero también tiene un nombre político: impunidad institucionalizada, y tiene un nombre moral: cobardía. Porque si un uniformado comete un delito, debe ser juzgado como cualquier ciudadano. Decir lo contrario es decir que hay peruanos de primera y peruanos de segunda (¡aunque vaya que siempre ha existido este sesgo!). Que la vida de un militar vale más que la de un campesino en una carretera bloqueada.

Los que votaron por Keiko para salvar al Perú de la dictadura comunista acaban de votar, sin saberlo, por la legalización de la dictadura uniformada. Porque el terrorismo con el que se enquistan y repiten una y otra vez no deviene solo de la izquierda viene del estado, como el conocido terrorismo de estado, y esta ley no es una novedad, el terrorismo de Estado ya existía en los años noventa, cuando el Grupo Colina asesinó en Barrios Altos y La Cantuta. Pero ahora, con esta ley, lo que era una práctica ilegal se convierte en un derecho legal. 

El fusil ya no tendrá que esconderse. Podrá disparar a nombre del Estado, y el Estado le dará las gracias.

¿No es acaso esto terrorismo? Claro que lo es, el terrorismo no deviene solo de la izquierda. Viene del Estado también y me atrevo a decir que más. Porque el terrorismo de Estado tiene la legitimidad de la ley, los recursos del presupuesto nacional, y la cobertura de los medios que le son afines, entonces cuando un militar mata a un campesino en una protesta, no es un exceso. Es la aplicación de una política, y esta ley lo blinda. Y es que, no seamos ingenuos, la violacion de los derechos, la maldad del ser humano no tiene bando.

Milagros Jáuregui y el Mes de la Vida

Mientras tanto, Milagros Jáuregui, congresista de Renovación Popular, ha impulsado dos proyectos que deberían helarnos la sangre. Primero: declarar junio como el Mes de la Vida y la Familia, invisibilizando deliberadamente el Mes del Orgullo LGBT, y no, no es una casualidad, es una declaración de guerra cultural, es decir: aquí no caben los que aman distinto. Aquí no caben los cuerpos disidentes, se debe como siempre entrar en una guerra que no permita coexistir la celebración que cada año se da. Es el primer paso de una política de odio que, en otros países, ha terminado en persecución sistemática de disidencias sexuales.

Segundo, y mucho más grave (no hablo de manera vertical): Jáuregui ha propuesto la adopción desde el vientre materno. ¿Qué significa esto? Significa que una niña violada, un embarazo forzado, una mujer en situación de extrema vulnerabilidad, podría ser obligada a gestar para que el Estado le quite el hijo al nacer. Es la versión peruana de Serena Joy (la comandante del cuento de la criada, esa novela distópica que ustedes, los que votaron por Keiko, probablemente nunca leyeron porque son mariconadas de izquierda, pues bien, se está volviendo real, y no es ficción).

Y quiero hacer incapié en esta ley, así que analicemos esta propuesta con la crudeza que merece.

En primer lugar, parte de una premisa falsa: que el embarazo en niñas violadas es un problema que se resuelve con más embarazo. No. El problema se resuelve con justicia, con educación sexual (¿y qué quieren hacer con la educación sexual? ¡Prohibirla!), con acceso a anticonceptivos, con aborto legal en casos de violación (que ya está permitido en Perú, pero es sistemáticamente obstaculizado).

En segundo lugar, normaliza la venta de vientres. Porque adopción desde el vientre materno no es otra cosa que convertir a la niña gestante en un receptáculo involuntario, un útero alquilado por el Estado o por iglesias, sin su consentimiento (y las niñas no pueden consentir), para producir bebés que serán entregados a familias adecuadas. ¡Eso no es pro-vida! Es la mercantilización del cuerpo femenino más vulnerable, envuelta en retórica religiosa.

Milagros Jáuregui ha sido denunciada penalmente por forzar a niñas víctimas de violación sexual a continuar con sus embarazos. Es un hecho documentado, y sin embargo, esta mujer tiene una bancada. Tiene poder, tiene la posibilidad de que sus leyes estúpidas se conviertan en política de Estado. Quienes votaron por Keiko para salvar al Perú del comunismo acaban de votar, sin saberlo, por la normalización de la violencia contra niñas, contra cualquier cuerpo que no se ajuste al modelo de familia que estos sectores tienen en la cabeza. Felicidades.

El Perú de Fujimori: una repetición anunciada

Hay un libro que debería ser de lectura obligatoria para quienes hoy celebran el triunfo de Keiko. Se llama Fujimori’s Peru: The Political Economy, editado por John Crabtree y Jim Thomas, publicado en 1998 por el Institute of Latin American Studies de la Universidad de Londres, el texto se propuso evaluar las continuidades y discontinuidades entre el período Fujimori y los anteriores, así como responder a una pregunta que hoy resuena con escalofriante actualidad: si el gobierno de Fujimori había sentado las bases para una mayor estabilidad futura.

La respuesta de Crabtree y Thomas fue, ya entonces, lúcidamente escéptica. Señalaron que, aunque 1990 había sido en muchos sentidos un punto de inflexión, existían más continuidades de lo que muchos suponían. Y, sobre todo, lanzaron una advertencia que treinta años después debemos recordar: el modelo político parece particularmente frágil (The political model looks particularly brittle). Esa fragilidad era estructural, el fujimorismo construyó su poder sobre la concentración autoritaria, el control de las instituciones y la persecución del disenso. Y lo hizo, paradójicamente, con un discurso de pacificación que ocultaba la profundización de las desigualdades que el propio libro documenta: la exclusión social, la dependencia del capital extranjero, la debilidad del Estado de derecho.

Hoy, con Keiko Fujimori a un paso de la presidencia, el diagnóstico de Crabtree y Thomas no es solo un documento histórico. Es una profecía autocumplida, la fragilidad que describieron en 1998 no se ha resuelto: se ha enquistado. Y lo que viene no es la consolidación de un modelo político estable, sino la profundización de esa fragilidad bajo el manto de un liderazgo que nunca ha reconocido la legitimidad de la derrota.

El fraude que no fue y la narrativa que sí fue

Una última cosa, para quienes aún creen que votar por Keiko fue un acto de fe democrática. La Unión Europea, en su informe preliminar del 10 de junio, ha dicho algo que los medios peruanos han pasado de puntillas, y que claramente los medios de comunicación JAMÁS pasaron en sus programadas, durante la campaña, los medios privados difundieron sistemáticamente una narrativa de fraude y atacaron exclusivamente a Sánchez. Willax (¡vaya novedad!) TV, Perú21, El Comercio, Correo y Trome dedicaron más del doble de espacio a Sánchez que a Fujimori, casi siempre con tono negativo. Mientras que el 96% de la cobertura de Fujimori fue neutral o positiva. ¿Qué significa esto? Que el fujimorismo no necesita comprar votos, necesita comprar relatos, y los tiene. Los medios no son neutrales, no lo han sido nunca. Pero en esta elección, la parcialidad fue tan evidente que una misión internacional tuvo que señalarla. El problema es que, cuando Keiko asuma la presidencia, ese control de la narrativa se profundizará. No habrá espacios para la crítica, los periodistas que se atrevan a denunciar serán acosados, demandados, encarcelados (el fujimorismo tiene historia en esto). Recordemos a los periodistas que investigaron los vladivideos, a los que denunciaron las esterilizaciones forzadas, a los que siguieron el rastro del dinero de Odebrecht. Muchos tuvieron que exiliarse. Otros, como en la época del gobierno de Alberto Fujimori, simplemente desaparecieron de las parrillas. 

Y los que votaron por Keiko dirán: no sabíamos. Pero lo sabían, o deberían haberlo sabido. Porque la historia es un patrón, y el patrón del fujimorismo es el control de la información, la persecución al disenso, la criminalización de la crítica.

Keiko ha usado la denuncia de fraude en cada una de sus campañas. No porque creyera en ella. Porque sabía que controlar la narrativa es más importante que ganar. Perdió dos veces, denunció fraude dos veces, y después se demostró que no hubo tal fraude. Pero el daño estaba hecho: miles de peruanos creyeron que las elecciones eran un teatro. Y ese descrédito de la democracia, sembrado por ella misma, es el abono perfecto para un gobierno autoritario.

Ahora será presidenta. ¿Y qué hará con quienes no la votaron? Ya lo están haciendo. La ley pro crimen es un aviso. El Mes de la Vida es un aviso. La adopción forzada es un aviso. Keiko no necesita perseguir a nadie, leyes como estas persiguen solas.

Un manifiesto para los que votaron por ella

A quienes votaron por Keiko porque tenían miedo de Cuba, del socialismo. Miren bien lo que viene. No es Cuba, es peor, es la derecha sin disfraces, la que legaliza la impunidad, la que obliga a niñas violadas a parir, la que borra del calendario a las disidencias, la que pone a los militares por encima de la ley. Eso es lo que votaron. No por ignorancia. Por decisión. Ahora vivan con eso.

Nosotros, los que votamos en contra, no nos vamos a callar. No porque creamos que la indignación basta. Porque sabemos que la historia no la escriben los que ganan, sino los que resisten. Y aquí, en este país de plata y ceniza, vamos a resistir. No con las armas, con la memoria, con la organización, con la certeza de que el fujimorismo es una herida, no un destino.

Ya vendrán más marchas, ya vendrán más bombos sikuris, ya vendrán más columnas como esta. Porque el Perú no es de Keiko, el Perú es de los que aún creen que la justicia es posible, aunque hoy parezca una broma de mal gusto.

7 de junio, Día de la Bandera.

16 de junio, día en que la bandera empieza a mancharse otra vez.

Pero no para siempre.

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Infobae (4 de junio de 2026). «Keiko Fujimori no descarta alegar ‘fraude’ si pierde ante Roberto Sánchez: ‘Vamos a ver'»

Datos sobre el Caso Cócteles y la situación judicial de Keiko Fujimori son de dominio público y han sido cubiertos por medios como IDL-Reporteros, La República y convocatorias oficiales del Poder Judicial del Perú. La anulación del juicio en octubre de 2025 fue ampliamente reportada.

Crabtree, J. & Thomas, J. (Eds.). (1998). Fujimori’s Peru: The Political Economy. London: Institute of Latin American Studies, University of London. (ILAS Series). ISBN: 9781900039253.

Congreso de la República del Perú. (2026, 11 de junio). Proyecto de ley que declara junio como Mes de la Vida y la Familia.

Milenio (11 de junio de 2026). Elección Perú: Keiko Fujimori vs Sánchez con resultado cerrado.

Revista Elecciones – ONPE (2024). La retórica del fraude: consecuencias para la democracia en las elecciones peruanas de 2016 y 2021.

Infobae (11 de marzo de 2025). «‘Ganamos pero nos robaron los votos’: cuatro años después, Keiko Fujimori aún insiste que Pedro Castillo cometió fraude»

El Búho.pe (11 de junio de 2026). Observadores Unión Europea: ‘Medios privados difundieron narrativa del fraude y atacaron solo a Sánchez’

Perú21 (5 de septiembre de 2025). El TC a la medida, ahora salvará al fujimorismo.

Congreso de la República del Perú. (2026, 13 de junio). Ley que modifica el código de justicia militar policial.