Datos personales contra la corrupción
El Día Internacional de Combate a la Corrupción se celebra el 9 de diciembre de cada año, fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2003 para concientizar sobre la corrupción y promover medidas para combatirla.
En 2023, el Día Internacional de Combate a la Corrupción conmemora el vigésimo aniversario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que es un tratado internacional que establece medidas para prevenir, detectar, investigar y sancionar la corrupción en los sectores público y privado. El tema de este año es: “20 años de la Convención de la ONU: uniendo al mundo contra la corrupción” con el objetivo de reflexionar sobre los cambios positivos que han traído consigo los esfuerzos colectivos impulsados por la Convención y destacar los retos que aún quedan por superar.
La corrupción es un problema global que afecta a todos los países y sociedades y el combate de este fenómeno requiere la promoción de la transparencia, la justicia, la democracia y el desarrollo sostenible, como elementos clave que coadyuven en la articulación de mecanismos institucionales que proscriban los espacios en los cuáles se desarrolla este fenómeno y para tales efectos, tomando en cuenta las diversas dimensiones de la corrupción, se advierte un aspecto en el cual, se requiere la implementación de medidas, como lo es el verdadero destino de dinero obtenido a través de fuentes ilícitas que se logra identificar a partir del seguimiento de los pagos y beneficios que se destinan a las personas, figura que se conoce como beneficiario final, y posiblemente, a pesar de las diversas concepciones y visiones sobre lo que constituye la corrupción, podría ser de las fibras más sensibles para establecer medidas para su prevención de manera profunda y asertiva, si se tiene en cuenta de que, una de las visiones más extendidas en torno a una aproximación conceptual, podemos asociar a la corrupción como el uso indebido o desvío de lo público para beneficios privados.
Es así que, la identificación de beneficiarios finales es un tema de amplio alcance y para ello, conviene señalar quecomo marco general de referencia, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una organización intergubernamental creada en 1989 por los países integrantes del G-7. Su objetivo es fijar los estándares internacionales y promover la efectiva implementación de políticas, medidas legales, regulatorias y operativas para prevenir y combatir el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), así como también otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional, la seguridad y la paz mundiales. Los estándares que emite son conocidos como las 40 Recomendaciones. El GAFI cuenta con un procedimiento de revisión entre pares conocido como “Evaluaciones Mutuas”, que tiene como objetivo determinar, a través de una metodología, el grado de implementación que se tiene de las 40 Recomendaciones en todos los países y jurisdicciones (no sólo de sus miembros). Actualmente el GAFI está integrado por miembros de 36 países y 2 organizaciones regionales (el Consejo de Cooperación del Golfo y la Comisión Europea). Para llevar a cabo sus funciones, el GAFI consta de los siguientes grupos de trabajo:
Sin embargo, entre las capacidades institucionales y la infraestructura de información pública, se identifica que a través de los controles en materia de transparencia que versan sobre datos personales que tienen carácter de información pública, se pueden establecer controles que permitan monitorear los beneficiarios finales a fin de disuadir, prevenir y combatir la corrupción, para ello, conviene señalar que el INAI emitió un acuerdo sobre beneficiarios finales aprobado el 31 de agosto de 2022 por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en octubre de ese año. Este acuerdo establece los datos mínimos indispensables que deben ser publicados para transparentar los nombres de todos los socios, compañías y personajes que participan en una empresa privada y se benefician de los recursos públicos recibidos cuando son contratados, denominados “beneficiarios finales”.
Los datos de los beneficiarios finales suelen estar ocultos o no difundirse y sólo se exhiben los nombres de algunos socios o de representantes legales, quienes son beneficiarios directos. Sin embargo, con el acuerdo aprobado por el INAI, se podrán conocer los nombres de las personas y compañías beneficiadas indirectamente de una contratación pública.
Dicho acuerdo podrá ser coadyuvante para generar un padrón de beneficiarios finales es un compromiso firmado desde 2019 como parte del Cuarto Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto, en la que participan organizaciones de la sociedad civil e instituciones de gobierno. La identificación y la transparencia de los datos del beneficiario final, sin duda, será un aporte significativo para prevenir actos de corrupción, agilizar información sobre estos actos o investigaciones sobre estos actos y redes de corrupción, así como para la prevención y el combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
Medidas que, a su vez coadyuvarán en una de las líneas para combatir la corrupción en una línea específica y con capacidades de inteligencia que se suman y deberían girar en torno a las capacidades de inteligencia que se implementan alrededor de la Política Nacional Anticorrupción, particularmente a partir de la Plataforma Digital Nacional y los módulos que la conforman que son fuente y operación del uso de datos personales conforme los diversos atributos de sus fuentes, para la identificación y monitoreo de beneficiarios finales, como cualquier otra persona susceptible de incurrir en actos que favorezcan la corrupción. Hasta la próxima.