+Algo no funciona en Toluca, por un lado la falta de agua, obras cuestionadas y el patrimonio se desmorona, por el otro lado, creciente carga fiscal silenciosa y versión de que todo marcha bien
La frase:
El problema real de lo que vive el ciudadano en Toluca, está lejos de lo que se comunica.
¡LASTIMOSA VERDAD!
Toluca parece empeñada en demostrar que una ciudad puede acostumbrarse a vivir entre la falta de agua, obras cuestionadas, el patrimonio que literalmente se viene abajo y una creciente carga fiscal, mientras desde el Ayuntamiento se insiste en que todo marcha conforme a lo previsto.
El problema es que la realidad que enfrentan los ciudadanos está muy lejos de lo que se comunica. En El Seminario, las familias continúan padeciendo el desabasto de agua, mientras los vecinos esperan una solución efectiva, la administración de Ricardo Moreno Bastida presume que se restablece gradualmente el suministro y anuncia que concluyeron los trabajos de reparación del equipo 1 de la Planta de Bombeo Toluca Norte, con lo que se habría recuperado el 100 por ciento del caudal que la CAEM suministra desde el Sistema Cutzamala.
La explicación oficial habla de mantenimiento en los equipos restantes, de una normalización paulatina mientras se llenan las líneas de conducción y hasta de pipas gratuitas para más de 25 zonas afectadas.
Todo suena muy bien, el problema es que abrir la llave y que no salga agua no se resuelve con publicaciones oficiales, para las familias, el agua no es un indicador de gestión ni un favor que pueda presumirse cuando regresa parcialmente, es una necesidad básica.
Y cuando el gobierno tiene que explicar una y otra vez que el servicio se regularizará paulatinamente, mientras los ciudadanos siguen esperando, la distancia entre el discurso y la realidad se vuelve cada vez más evidente, pero el problema no termina en la llave seca.
En pleno corazón de Toluca también crece la inconformidad por la manera en que el Ayuntamiento pretende ejecutar obras, en la calle Humboldt, vecinos tuvieron que movilizarse para frenar un nuevo intento de iniciar trabajos de pavimentación que, según denuncian, no cuentan con las condiciones técnicas, legales ni de seguridad necesarias.
No se trata simplemente de vecinos que se oponen a una obra, el reclamo central es que la autoridad transparente el proyecto y garantice que sus viviendas y su patrimonio no estarán en riesgo.
Los habitantes denuncian que no existe un protocolo claro para enfrentar las afectaciones operativas y de movilidad durante los trabajos y exigen documentación técnica que consideran indispensable: los resultados de los estudios de georradar, un dictamen que garantice que las obras no provocarán daños estructurales en los inmuebles aledaños y el plan hídrico que han solicitado formalmente.
Y hay otro detalle que debería preocupar al Ayuntamiento: tampoco se habría presentado la póliza de seguro de la empresa contratista para responder ante posibles daños a las viviendas, a ello se suma, según los inconformes, la falta de entrega de las minutas de reuniones previas con las autoridades.
Entonces surge la pregunta inevitable: ¿por qué tanta resistencia a transparentar información que debería ser pública cuando se trata de una obra que impactará directamente a los vecinos?
La respuesta no debería estar en otro comunicado político, debería estar en los expedientes, los estudios, los dictámenes y las garantías por escrito.
Los colonos ya advirtieron que no permitirán el ingreso de maquinaria ni el inicio de las maniobras hasta que el gobierno municipal transparente los documentos y garantice formalmente la seguridad de sus propiedades. Una obra que debería comenzar con certeza técnica y confianza ciudadana está comenzando con desconfianza y confrontación.
Y mientras se discute qué se va a construir, el Centro Histórico recuerda que hay casas que ya se están destruyendo solas, este sábado, otra parte de la vieja casona ubicada en la esquina de Nicolás Bravo e Instituto Literario cedió y terminó con el derrumbe de la barda sobre la zona exterior del inmueble. Dicho inmueble perteneció o pertenece a la familia Vallejo Cenecorta.
No es la primera vez, la estructura ha sufrido diversos derrumbes a lo largo de los años debido a su deterioro y, pese al riesgo evidente, continúa formando parte del paisaje cotidiano del Centro de Toluca.
El inmueble tiene un supuesto valor histórico y su demolición ha sido restringida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, (INAH), encargado de preservar el patrimonio arquitectónico, pero preservar no puede convertirse en sinónimo de esperar a que una estructura termine de colapsar.
¿Quién pagará los gastos en caso de que suceda una tragedia?
Porque una cosa es proteger un inmueble histórico y otra muy distinta es permitir que su deterioro se convierta en una amenaza para quienes caminan por la zona.
Lo mismo ocurre con los Portales, donde se ha hablado de remodelaciones y recuperación del Centro Histórico, pero para muchos comerciantes y ciudadanos esas promesas todavía no se traducen en una transformación tangible de fondo.
Y aquí aparece otra contradicción que no puede pasar desapercibida: mientras los servicios y la infraestructura generan reclamos, los impuestos y contribuciones sí avanzan con puntualidad.
En julio pasado, empresarios del Centro Histórico de Toluca fijaron su postura respecto a la definición y el cobro del impuesto por Descargas de Aguas Residuales, al considerar que existe poca claridad y transparencia en su aplicación.
Ante ello, solicitaron la intervención de la Dirección de Desarrollo Económico, ya que desde el 16 de julio, representantes de los distintos organismos empresariales del Valle de Toluca señalaron que, para aplicar esta contribución, debería analizarse la viabilidad financiera de cada negocio y las características reales de sus descargas, entre otros factores, pues existe preocupación por la posibilidad de que el cobro termine aplicándose prácticamente por igual a todas las unidades económicas.
Y aquí es donde la pregunta se vuelve todavía más incómoda: ¿cómo puede el Ayuntamiento exigir mayores contribuciones si los ciudadanos y empresarios siguen cuestionando la calidad, transparencia y eficiencia de los servicios que reciben?
Porque el discurso de una administración responsable no puede limitarse a recaudar, también debe demostrar capacidad para administrar, transparentar y resolver.
No basta con cobrar más, hay que explicar mejor, invertir mejor y responder mejor, así está Toluca: familias que tienen que exigir agua, ciudadanos que tienen que detener maquinaria para pedir estudios y garantías, empresarios que cuestionan nuevos cobros y una vieja casona que necesita algo más que fotografías de recuerdo antes de convertirse en un montón de escombros.
Y quizá ahí está uno de los mayores problemas de la administración de Ricardo Moreno Bastida: cuando el gobierno comunica una ciudad que funciona, pero los ciudadanos viven otra, la comunicación termina pareciéndose demasiado a la simulación.
Toluca no necesita más propaganda, necesita agua en las casas, obras técnicamente sustentadas y transparentes, garantías para los vecinos, protección efectiva del patrimonio y claridad absoluta sobre cada peso que se cobra y cada peso que se gasta.
Una ciudad no se gobierna desde las publicaciones en redes sociales, se gobierna resolviendo lo que ocurre cuando se apaga el teléfono y los ciudadanos tienen que abrir una llave sin agua, mirar una obra con incertidumbre, caminar frente a un edificio que amenaza con venirse abajo o sacar la calculadora para entender por qué cada vez pagan más mientras las respuestas siguen llegando a cuentagotas.