+Cada 3 años hay desfalcos en los ayuntamientos, pero nadie ingresa a la cárcel por ello, es más, ni denuncias hay; el conflicto de la Cuarta Transformación
La frase:
El nivel de insatisfacción, de injusticia, corrupción, la impunidad ha llegado a niveles insoportables.
ALEJANDRO GONZÁLEZ IÑÁRRITU
La impunidad de los alcaldes ladrones
Muchos ciudadanos del Estado de México se hacen una pregunta constantemente: ¿Si las alcaldías siempre resultan prácticamente en quiebra cada tres años, por qué nunca se hace nada legalmente en contra de los presidentes municipales salientes? Supuestamente, los nuevos alcaldes han encontrado irregularidades administrativas y financieras que podrían ser consideradas como escandalosas, y se recurre a conferencias de prensa para decir a grito abierto que hubo quebranto, que se llevaron hasta el bote de la basura de las oficinas y que el que se fue, se hizo millonario a costa del erario municipal.
Sin embargo, esas supuestas denuncias nunca concluyen en verdaderos procesos penales que den como resultado la consignación de alguna o algún político que haya tenido la responsabilidad de gobernar un municipio. Casos van y casos vienen.
En el Estado de México, por ejemplo, tenemos el triste recuerdo del panista y luego morenista Juan Rodolfo Sánchez Gómez, quien llegó culpando de todo lo que hacía falta a sus antecesores, pero, tres años después, aún no terminaba su periodo y ya evidenciaba las carencias que él mismo había provocado al presupuesto de la capital mexiquense, no fue capaz de pagar las últimas quincenas a los empleados municipales, aguinaldos, primas vacacionales, además de dejar una herencia de cientos de millones de pesos. Pero de entonces acá ya desfilaron otros dos alcaldes: Raymundo Martínez Carbajal y Juan Maccise, y ni uno ni otro actuaron legalmente en contra de Sánchez Gómez.
En Naucalpan ocurrió lo mismo. Patricia Durán Reveles también dejó sin pagar a empleados municipales, como tampoco liquidó deudas con proveedores, lo que evidenció un quebranto financiero millonario, pero le siguieron Angélica Moya Marín e Isaac Montoya y la histórica fue la misma, mucho hablaron sobre quebranto financiero presuntamente cometido por la panista convertida en “morenista”, pero nunca fueron capaces de llevar en serio una investigación que demostrara culpabilidad alguna de Durán Reveles, y hoy en Tlalnepantla uno de ellos regresa a la alcaldía, Raciel Pérez Cruz, y el otro la acaba de dejar, Marco Antonio Rodríguez, con el mismo cuento.
Esos son sólo tres casos emblemáticos que se han registrado en el Estado de México en los últimos años, pero si uno le busca tantito lo mismo ha ocurrido en la mayoría de los municipios de esta entidad, donde una de dos: simplemente se termina por encubrir al que se va, o el que se queda se convierte en cómplice de la impunidad, gracias a un intrincado y desdentado sistema de contraloría gubernamental que simplemente no ha ofrecido ningún resultado contundente en la lucha contra la corrupción y el dispendio de las autoridades municipales, sea cual sea su color.
El Órgano Superior de Fiscalización, mecanismo dependiente del Poder Legislativo del Estado de México supuestamente creado para verificar y controlar el gasto de los recursos públicos, ha servido para lo que se le unta al queso en materia de revisión a los municipios. De acuerdo con lo informado por la última titular del OSFEM, recientemente relevada, se practicaron más de mil auditorías a municipios para revisar sus gastos en los años 2022 y 2023, pero hasta el momento nada se sabe sobre los resultados, no de observaciones que se hacen hasta por el gasto en papel higiénico, sino sobre los evidentes excesos cometidos por personajes como Juan Rodolfo Sánchez Gómez y Patricia Durán Reveles, solo por mencionar a dos distinguidas personas.
Hoy la situación no ha cambiado mucho, es más, no ha cambiado nada, pues mientras en Ecatepec la actual presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, acusa al ex presidente municipal, Fernando Vilchis Contreras de haber entregado finiquitos a sus parientes que tuvo tres años registrados en la nómina municipal, el nuevo presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, acusa a su antecesora de un quebranto financiero superior a los mil millones de pesos.
Pero esas acusaciones seguramente no pasarán de eso, del encabezado de cualquier periódico o de una nota despachada por algún portal digital del Estado de México, pero ni denuncia formal ante la autoridad judicial, ni proceso penal contra nadie y mucho menos algún ex presidente municipal consignado por malos manejos.
Esto evidencia que hoy la moda radica en acusar a cualquiera de vínculos con grupos de la delincuencia organizada, o de producir fentanilo en cualquier cocina de departamento, pero nada hay sobre los millonarios excesos cometido en contra del erario público, en perjuicio de miles de ciudadanos del Estado de México, porque, aunque metieran a la cárcel a todos los que han sido acusados de llevarse lo que no es suyo, difícilmente se logrará recuperar siquiera 10 pesos de lo que se desaparece cada tres años en las tesorerías municipales.
En buena medida, la responsabilidad de esa impunidad con la que han actuado estos personajes se debe a las leyes a modo que la propia Legislatura ha aprobado para sancionar a quienes defraudan al pueblo de esa manera, quizá con la idea de que cualquiera de los diputados se llegue a convertir en presidente municipal y luego tenga forma de librar cualquier acusación que al respeto se le pueda fincar.
Lo cierto es que el Órgano Superior de Fiscalización nació chimuelo, le faltan dientes, carece de capacidades para sancionar a quienes dice investigar. Sobran recursos para que un servidor público, en funciones o luego de ocupar un cargo, responda por sus responsabilidades; el trámite para someterlo a la justicia es largo y complejo, se actúa a destiempo, siempre sobre administraciones concluidas, y cuando desean hacerles algo a los presuntos responsables, en la mayoría de los casos ya no los encuentran, aunque hay algunos cínicos que siguen apareciendo en actos públicos como si no debieran nada. Caraduras, les dicen por ahí.
El conflicto de la Cuarta Transformación
La Cuarta Transformación es el nombre de una colonia de esas emergentes que al paso de los años se constituyó en un área suburbana del municipio de Tultepec. Hoy se viven momentos difíciles y violentos, sólo porque a la ex presidenta municipal se le ocurrió hacer un homenaje a cierto personaje que gobernó a nuestro país hasta hace unos meses, en el que tuvo la brillante idea de cambiar el nombre a todas las calles y asignarles nombres y frases que distinguieron al arribo de la Cuarta de Transformación y al prócer López Obrador.
Pues la colonia La Cuarta Transformación terminó incendiada ayer por decenas de vecinos que se enfrentaron a la policía municipal cuando los uniformados trataron de impedir su derecho a la libre manifestación de quienes ahí viven, quienes, por cierto, decidieron arrancar las placas que la ex presidenta municipal tuvo la brillante idea para establecer una nueva nomenclatura de las calles ahí existentes.
Los vecinos no están de acuerdo en que la autoridad les imponga esos nombres, y mucho menos están conformes con que ellos tengan que cambiar toda su documentación oficial para detentar un nuevo domicilio. Tal es el caso de los recibos de agua, luz, identificaciones personales y hasta los correspondientes a servicios de telefonía, pues hasta hace menos de tres meses ellos tenían toda su documentación oficial con otra nomenclatura de calles.
Por supuesto que existe una responsable de ese enfrentamiento y del abuso del poder que hay detrás de esa reacción, la ex presidenta municipal de Tultitlán, quien dejó el puesto el pasado 31 de diciembre del 2024 y ahora anda por la vida tan campante y como si nada hubiera pasado, sin aceptar que lo que hizo trastornó la vida de esa localidad y representa una falta grave a los derechos de los vecinos.
La represión de la policía municipal de Tultitlán estuvo a la orden del día y hubo algunos golpeados que evidentemente la emprenderán contra la autoridad municipal. Este es un claro ejemplo de que por quedar bien se cae en el abuso, servilismo y lambisconería del cual, se supone, ya nos habíamos librado los mexicanos con el cambio de régimen. Es evidente que el cambio sólo es de nombre, no son diferentes, quizá sean peores, pero no distintos.