Desarticulan en el Edomex red de extorsión y suplantación de funcionarios; hay cinco detenidos
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) coordinaron la desarticulación de una probable red delictiva dedicada a la extorsión y a la usurpación de funciones públicas en territorio mexiquense. El operativo derivó en la captura de cinco personas, entre las cuales destaca un exservidor público de la administración estatal de Michoacán.
Las indagatorias ministeriales señalan que la organización criminal utilizaba las redes de contactos recopiladas por Luis “N”, quien se desempeñó como Tesorero General y Secretario de Administración y Finanzas en Michoacán durante el periodo de 2012 a 2013.
A través de este historial laboral, los presuntos criminales obtenían números telefónicos y datos privados de políticos, empresarios y servidores públicos activos. Junto al exfuncionario, fueron asegurados su esposa Liliana “N”, sus hijos Luis Samuel “N” y Aimee de Guadalupe “N”, además de Agustín Arturo “N”, quien fungía como escolta.
El modus operandi operaba bajo un esquema estructurado en dos etapas. En la fase inicial, los implicados llamaban a los objetivos fingiendo ser secretarios particulares de dependencias de alto nivel, una estrategia diseñada para ganarse la confianza de las víctimas y extraerles datos personales sensibles. Posteriormente, suplantaban la identidad de autoridades de la Presidencia de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Gobierno del Estado de México, así como de diversos gobernadores y alcaldes.
Mediante este engaño y simulando la identidad de altos mandos, los detenidos contactaban directamente a los afectados para exigirles transferencias de recursos económicos. Estas solicitudes de dinero se justificaban falsamente bajo el pretexto de financiar campañas políticas, agilizar pagos institucionales, otorgar plazas de trabajo o formalizar la contratación de servicios públicos.
Los investigados presuntamente utilizaban fotografías, nombres, logotipos y otros elementos relacionados con instituciones públicas y organizaciones políticas.
Uno de los elementos detectados por las autoridades fue el presunto uso de inteligencia artificial para imitar las voces de funcionarios, donde los involucrados podían generar conversaciones ficticias entre supuestos funcionarios y posteriormente compartirlas con sus víctimas mediante mensajes de texto o de voz, con la intención de hacer más creíble la suplantación.
Las autoridades documentaron, como parte de la investigación, un intento de engaño contra representantes de una empresa dedicada al desarrollo de tecnologías para la emisión de documentos de identidad de alta seguridad. En ese caso, presuntamente ofrecieron un contrato a cambio de una cantidad importante de dinero en efectivo.
Las investigaciones llevaron a los agentes hasta un inmueble ubicado en el fraccionamiento La Providencia, en Metepec, donde realizaron un cateo y en la diligencia fueron asegurados diversos teléfonos celulares, tarjetas SIM y vehículos de alta gama.
La Fiscalía estableció que al menos 19 dispositivos móviles, entre iPhone, Samsung Galaxy y Motorola, habrían sido utilizados para realizar llamadas y enviar mensajes. Los investigadores encontraron correspondencia entre algunos de esos dispositivos, las tarjetas SIM aseguradas y números telefónicos relacionados con víctimas.
Las indagatorias también arrojaron que Luis “N” habría tenido dificultades para utilizar directamente el sistema bancario debido a antecedentes relacionados con su actividad delictiva previa, por lo que las exigencias económicas presuntamente se realizaban en efectivo.
Cuando era necesario bancarizar recursos, de acuerdo con la Fiscalía, habría utilizado una empresa dedicada a la arquitectura y construcción, propiedad de su hija Aimee “N”.
Las autoridades sostienen que parte de los recursos presuntamente obtenidos de manera ilícita fueron destinados a adquirir propiedades en zonas de alta plusvalía y vehículos de alta gama.
Los detenidos fueron trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya y quedaron a disposición de un juez. El pasado 6 de octubre fueron vinculados a proceso por el delito de extorsión y les fue impusta la prisión preventiva justificada como medida cautelar.