Desfalco en la SECTI: 324 plazas fantasma costaron más de 42 mdp en 2025

El daño al erario derivado de la creación ilegal de 324 plazas destinadas a falsos docentes descubierto al interior de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) estatal asciende a más de los 42 millones de pesos, tan solo durante el año 2025.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), esta red delictiva operó de manera continua entre 2021 y 2025. El esquema consistía en dar de alta a supuestos profesores mexiquenses cuyos salarios se depositaban en tarjetas bancarias; posteriormente, los integrantes de la organización retiraban el dinero y se repartían los recursos.
Las indagatorias señalan que el entramado comenzó en 2021 en la Dirección General de Personal de Oficialía Mayor y el Subsistema de Educación. Aunque la red se originó durante el pasado sexenio priista, la operación se mantuvo vigente bajo la actual administración morenista.
La carpeta de investigación identifica a tres exservidores públicos como los principales responsables:
Óscar “N”, exsubsecretario de Administración y exdirector de Personal, señalado como el creador y consolidador de la estructura, así como el enlace para habilitar las plazas fantasma.
Alfredo “N” y Daniel Arturo “N”, exdelegados administrativos del Subsistema de Educación, quienes ejercían la cadena de mando y actuaban como coautores activos al entregar los recursos financieros.
Los implicados realizaron 324 movimientos de alta docente en beneficio de 168 personas. Dichos registros carecían de expediente y estaban adscritos a secundarias que se encontraban inactivas desde el año 2007 o que eran completamente inexistentes.
El fraude millonario fue descubierto tras una inspección física y digital en las bases de datos de la SECTI. Al acudir a los supuestos centros de trabajo, las autoridades confirmaron la inexistencia del personal. Este esquema operó principalmente en los municipios de Toluca, Metepec, Texcoco, Nezahualcóyotl, Amecameca, Cuautitlán, Ecatepec, Naucalpan y Valle de Bravo.
Cabe señalar que el testigo principal, Juan Manuel Popoca, exservidor público en la delegación Administrativa del Subsistema de Educación Básica exhibió el esquema delictivo en marzo de este año, sin embargo, falleció el pasado 3 de abril.
En sus declaraciones expuso su estado de cuenta bancaria del 20 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026, tiempo en el que recibió depósitos cercanos a los dos millones de pesos. Señaló que por la venta de las plazas las supuestas ganancias ascendían a más de cinco millones de pesos mensuales.
El modus operandi era que a través de 324 movimientos en nómina dieron de alta a 168 personas que, sin reunir los requisitos, se les adjudicó una plaza de profesor, en algunos casos doble, es decir, una en el turno vespertino y otra en el nocturno sin que se presentaran a trabajar, con salarios que oscilaban entre 30 y 70 mil pesos quincenales.
Sin embargo, retenían las tarjetas bancarias y de los recursos apenas entregaban tres mil pesos mensuales, mientras que el resto del dinero era retirado en los cajeros automáticos por parte de los hoy detenidos.
Al momento, una jueza con residencia en Almoloya de Juárez dictó prisión preventiva justificada a Oscar “N”, Daniel Arturo “N”, David “N”, Araceli “N”, Juan Alberto “N”, Alfredo “N”, Yunuen “N”, Fabiola “N” y Cristopher “N”, quienes de acuerdo con la causa penal 1288/2026, vendían plazas de profesores de la SECTI, los probables delitos que cometieron es abuso de autoridad y fraude.
Los prófugos son Rodolfo López Vives, quien se desempeñó como director general de Personal tras la salida de Óscar “N” hacia la subsecretaría de Administración, así como Jaime Noé Hernández Bocanegra, titular de la dirección General de Personal durante 2024 y 2025; Yuridia Arizmendi Calderón, coordinadora de delegados Administrativos de la Dirección General de Personal, y Eduardo Flores Archundia, director de Sistemas y Tecnologías de la Información.
Las autoridades mantienen la búsqueda de los cuatro exfuncionarios para ponerlos a disposición de un juez y que enfrenten el proceso penal correspondiente.