+El nombre de Manuel Anthony Domínguez, ex alcalde de Tejupilco, aparece en la audiencia de los vende plazas en Educación, otro es Rogelio Tinoco; ¿Y Gerardo Monroy?
La frase:
El problema no es que haya corrupción, el problema es que haya impunidad.
JULIO COTLER
La investigación por la presunta Red de 324 Plazas Docentes irregulares en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) del Estado de México dejó de ser un expediente limitado a diez funcionarios y ex funcionarios acusados de abuso de autoridad y fraude.
Conforme avanzan las audiencias, la Carpeta de Investigación comienza a exhibir un entramado que, de acuerdo con los testimonios incorporados por el Ministerio Público, alcanzaría a personajes que durante años ocuparon posiciones estratégicas dentro del Sistema Educativo Mexiquense.
Uno de los nombres que apareció durante la audiencia es el de Manuel Anthony «N», ex alcalde de Tejupilco y ex coordinador de Delegaciones Administrativas de la SECTI al inicio de la actual administración estatal.
Su nombre fue mencionado a partir de la declaración de José Daniel Popoca Estrada, ex servidor público que denunció el presunto esquema de corrupción los días 23 y 25 de marzo y que falleció el 27 del mismo mes, aunque su cuerpo fue localizado hasta el 3 de abril.
De acuerdo con la lectura realizada por el Ministerio Público, Popoca declaró que, al asumir el cargo, Manuel Anthony «N» tuvo conocimiento de la existencia del supuesto mecanismo de venta y asignación irregular de plazas docentes.
Incluso, según ese testimonio, habría sido invitado a participar en dicho esquema y presuntamente aceptó hacerlo. Se trata de afirmaciones contenidas en un expediente ministerial que actualmente forma parte de una investigación en curso y que no constituyen, por sí mismas, una resolución judicial.
A fin de evitar escándalos entre altos funcionarios, culparon injustamente a personal operativo, sin embargo ahora desde la defensa de uno de los imputados, argumentó que su cliente no tenía facultades para autorizar altas o bajas de personal y sostuvo que todas las decisiones dependían de la estructura superior.
Hasta ahora, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no ha informado si el ex alcalde será citado o requerido formalmente dentro de la investigación. Lo único confirmado es que ya suman doce personas detenidas por este caso y que aún existen órdenes de aprehensión pendientes contra Areli «N», Eduardo «N», Rodolfo «N» y Jaime «N».
En paralelo, otro nombre comienza a escucharse con insistencia dentro y fuera de la Secretaría de Educación: Rogelio Tinoco García. Aunque la Fiscalía tampoco ha confirmado alguna imputación en su contra, diversas versiones sostienen que habría sido mencionado dentro de las investigaciones relacionadas con la presunta red que operó durante la gestión de Gerardo Monroy al frente de la dependencia.
No se trata de un funcionario cualquiera. Rogelio Tinoco fue director General de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y posteriormente ocupó la Subsecretaría de Educación Básica y Normal en la administración de Alfredo Del Mazo Maza. Su permanencia durante distintos sexenios lo convirtió en un actor con amplio conocimiento de la estructura educativa estatal. Sin embargo, es importante precisar que, hasta este momento, no existe una imputación formal en su contra y cualquier responsabilidad deberá determinarse conforme al debido proceso.
Del otro lado del expediente, están las familias de los diez detenidos, quienes sostienen que la investigación está cargándose únicamente sobre personal operativo mientras quienes realmente dirigían las decisiones continúan en libertad.
Denunciaron que las detenciones fueron arbitrarias, que no se respetó el debido proceso y que durante los cateos realizados en sus domicilios hubo ingresos violentos que incluso provocaron temor entre menores de edad.
Es incongruente los señalamientos a personas operativo, pues carecían completamente de facultades para autorizar plazas, pues esa responsabilidad correspondía exclusivamente a directores y mandos superiores.
Alargar el proceso, es un beneficio para los funcionarios mencionados toda vez que este lunes fue declarada improcedente la audiencia en los Juzgados de Almoloya de Juárez, tras las manifestaciones de los familiares y los reclamos de la defensa de los imputados que fueron regresados a prisión mientras se resuelve su situación jurídica.
La exigencia de los familiares coincide con una pregunta que comienza a extenderse fuera de los tribunales: ¿la investigación llegará realmente hasta quienes diseñaron y operaron el supuesto negocio millonario de las plazas o terminará castigando únicamente a los eslabones más débiles?
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Ése es el verdadero desafío para la Fiscalía mexiquense. Si las investigaciones pretenden recuperar la confianza ciudadana, deberán demostrar que no existen nombres intocables, sin importar el partido, el cargo o el grupo político al que pertenezcan.
Porque el mayor daño no sería únicamente el presunto desfalco de recursos públicos, sino que la justicia vuelva a quedarse a medio camino, dejando fuera del expediente a quienes, de comprobarse alguna responsabilidad, habrían tomado las decisiones desde los niveles más altos del poder.
EN EL CASO DE LAS PROTESTAS
Familiares y amigos de las personas detenidas por el presunto Esquema de venta irregular de plazas en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) se manifestaron este lunes 29 de junio frente al Poder Judicial del Estado de México y en los juzgados de Almoloya de Juárez para exigir un proceso imparcial y que las investigaciones alcancen a quienes tomaban las decisiones dentro de la estructura administrativa del gobierno estatal.
La protesta se realizó mientras continúa la audiencia en la que se analiza la situación jurídica de los imputados, quienes enfrentan acusaciones por fraude y abuso de autoridad derivadas de una investigación relacionada con la presunta asignación irregular de plazas dentro del Sistema Educativo Mexiquense.
Sin embargo, las personas que se manifestaron aseguran que quienes ahora están bajo investigación no contaban con un nivel jerárquico que les permitiera decidir sobra a quiénes se les asignaban plazas; es decir, que ellos sólo recibieron en algún momento una promoción salarial y laboral, por lo que no son responsables del manejo de esas plazas laborales.
Exigieron que se investigue a fondo, principalmente a ex funcionarios de la administración estatal, la que encabezó el ex gobernador Alfredo del Mazo Maza, que es donde se cometieron este tipo de irregularidades y lo que ellos llamaron abusos de poder.
Advirtieron que se está haciendo pagar a justos por pecadores y que las personas a las que ahora se investiga no tuvieron nunca capacidad administrativa para decidir sobre las plazas, no así personas que todavía están inmersas en la Secretaría de Educación, desde la pasada administración estatal, quienes son los verdaderas responsables de ese tipo de asignaciones a cambio de dinero.
La venta de plazas en la Secretaría de Educación no es algo que ocurra sólo ahora, se da desde siempre y se mantiene hasta ahora, nada más que ahora se les ocurrió procesar a personas cuyo único pecado ha sido trabajar para el gobierno estatal, aseguraron.
Quienes protestaron ante las instalaciones del Poder Judicial, así como en los juzgados de Almoloya de Juárez advierten que hay personas inocentes a las que se pretende inculpar, mientras que los verdaderos responsables de ese tipo de irregularidades administrativas andan sueltos, gozan también de plazas muy altas y a ellos ni siquiera se les ha tocado.
Advirtieron que se está tratando de fabricar responsables, y hacer pagar a unos por otros de trampas y manejos turbios que se han tenido desde hace mucho tiempo en la Secretaría de Educación.
Uno de los manifestantes relató que a él mismo le vendieron una plaza a razón de 50 mil pesos –de hace ocho años— a cambio de una de mucho menor nivel y salario que fue la que él entregó a cambio de la plaza con la que finalmente se jubiló.
Se trata de un esquema de corrupción que existe desde hace mucho tiempo y que el actual Secretario de Educación del Estado de México conoce perfectamente y eventualmente él mismo ha sido parte.
Por eso, demandaron que la investigación se haga sobre la base de la presunción de inocencia y no se responsabilice previamente a personas que llevan años trabajando sin prestarse a ese tipo de irregularidades.
El asunto de la venta de plazas en el área de Educación del Gobierno mexiquense es un asunto muy delicado que tiende a crecer y, lo peor, a involucrar a muchas más personas que en algún momento de sus vidas laborales lograron una promoción en sus bases de empleo.
Educación es un área muy susceptible de la administración estatal, por lo que, de no aclararse, el asunto de la venta de plazas podría generar un verdadero conflicto a nivel sindical dentro del magisterio mexiquense, que ahí es donde muchas veces se apoyaron ese tipo de movimientos para pagar favores o simplemente para favorecer la economía de personas que no fueron capaces de logar una mejora por la vía del escalafón.
La pregunta es: ¿Llegarán hasta los intocables?