+En Metepec la indignación social tiene vigencia limitada; Las carencias del gobierno “ambientalista” del Estado de México
La frase:
La tala clandestina es un delito que destruye ecosistemas, agota mantos acuíferos y pone en riesgo la biodiversidad.
¿Y EL GOBIERNO?
En Metepec parece haberse instalado una preocupante contradicción entre el discurso oficial y la percepción ciudadana. Mientras el Ayuntamiento de Metepec y el alcalde Fernando Flores Fernández sostienen públicamente una narrativa de cero tolerancia al crimen y de aplicación estricta de la ley, diversos sectores cuestionan que esa firmeza institucional no se aplique de manera uniforme para todos.
La crítica recurrente apunta a una presunta justicia selectiva que castiga con rigor a ciudadanos comunes, comerciantes ambulantes o infractores menores, mientras personajes y negocios vinculados con intereses económicos relevantes parecen recibir un trato considerablemente más flexible.
La sensación que expresan algunos habitantes es que en el municipio existen dos formas distintas de aplicar la ley: una para la ciudadanía ordinaria y otra para quienes cuentan con influencia, relaciones o capacidad económica.
Particularmente en torno a la vida nocturna del municipio, las dudas se han multiplicado. Establecimientos que han sido señalados por presuntas irregularidades administrativas, problemas relacionados con licencias de funcionamiento o incluso por hechos violentos, reaparecen operando después de clausuras que, para muchos ciudadanos, terminan pareciendo más una pausa temporal que una sanción efectiva.
Los sellos de clausura se convierten así en símbolos de una autoridad que aparenta actuar, pero cuya capacidad para sostener las consecuencias de sus decisiones es constantemente puesta en entredicho.
La percepción de impunidad resulta todavía más evidente cuando se compara con la actuación de las autoridades frente a otros sectores de la población.
Mientras algunos ciudadanos denuncian operativos agresivos, detenciones controvertidas o acciones que consideran excesivas bajo el argumento del orden público, ciertos establecimientos parecen sobrevivir sin mayores consecuencias a denuncias, escándalos o cuestionamientos públicos.
La diferencia de trato alimenta una narrativa que cada vez encuentra más eco entre quienes consideran que la ley se aplica dependiendo de quién sea el involucrado.
La ironía es difícil de ignorar. En un municipio donde se presume disciplina administrativa, seguridad y respeto al Estado de Derecho, algunos ciudadanos perciben que las clausuras son temporales, las investigaciones concluyen sin resultados visibles y la indignación social tiene una vigencia limitada.
Para unos, la autoridad aparece con todo el peso de los reglamentos; para otros, surge la comprensión institucional, la tolerancia burocrática y una capacidad extraordinaria para superar cualquier obstáculo legal.
En ese contexto también surgen cuestionamientos hacia la estrategia de comunicación gubernamental. Mientras desde el gobierno municipal y desde la oficina de comunicación encabezada por Gabriel Flores Archundia se difunden mensajes sobre legalidad, seguridad y orden, crece entre diversos sectores la sospecha de que el verdadero permiso de funcionamiento no depende únicamente del cumplimiento de la norma, sino también del nivel de influencia, conveniencia o cercanía con los círculos de poder.
El problema de fondo no es únicamente la posible reapertura de negocios o la actuación de determinadas autoridades. El verdadero riesgo para cualquier gobierno surge cuando la ciudadanía comienza a perder confianza en la imparcialidad de las instituciones.
Porque cuando la ley parece aplicarse con distinta intensidad según el nombre, el cargo o la capacidad económica de las personas involucradas, deja de percibirse como un instrumento de justicia y comienza a verse como un mecanismo de privilegios.
La credibilidad institucional no se construye con discursos ni campañas publicitarias. Se fortalece cuando las reglas son iguales para todos y cuando las autoridades pueden demostrar, con hechos verificables, que no existen ciudadanos de primera y de segunda categoría.
Mientras esa percepción de selectividad persista en Metepec, seguirá creciendo la duda sobre si la llamada mano dura combate realmente la ilegalidad o simplemente elige cuidadosamente contra quién ejercerla.
La comunicación social en los gobiernos municipales debería estar regida por principios básicos de transparencia, equidad y rendición de cuentas.
Sin embargo, en Metepec parece que la realidad transita por una ruta completamente distinta, donde los recursos públicos terminan favoreciendo a quienes forman parte del propio círculo de poder, mientras decenas de medios de comunicación enfrentan retrasos, incumplimientos y promesas que nunca llegan.
El señalamiento ha generado molestia entre representantes de diversos medios de comunicación de la región, quienes aseguran que mientras algunos contratos son cubiertos puntualmente, ellos acumulan meses de espera para recibir los pagos correspondientes por servicios ya prestados.
La inconformidad crece porque, según relatan varios comunicadores, la respuesta recurrente que reciben por parte de la Coordinación de Comunicación Social es que no existen recursos suficientes para cubrir los adeudos pendientes.
El argumento de la falta de presupuesto contrasta con las versiones que apuntan a que determinados proveedores vinculados al entorno gubernamental continúan recibiendo pagos sin retrasos, lo que alimenta las sospechas sobre un trato preferencial y una distribución discrecional del gasto público.
Las carencias del gobierno “ambientalista” del Estado de México
Desde que tomó protesta del cargo, la gobernadora Delfina Gómez ha mostrado un énfasis en un discurso ambientalista y animalista, pero, a la fecha su administración no ha tomado ninguna medida de fondo ni en uno ni en otro aspecto que —dijo— caracterizarían a su administración.
Porque el ambientalismo es mucho más que asistir a un acto público en el que le tomen fotografías ni animalismo es aparecer constantemente con cachorritos de perro que tiene protegidos en las instalaciones de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna. Ambas cuestiones son plausibles, pero insuficientes.
Existen problemas de fondo en el aspecto ambientalista de la administración estatal que prácticamente están abandonados, por ejemplo, el combate a la tala clandestina que en los bosques del Estado de México es cosa común y de todos los días.
Cientos de toneladas de madera que se corta de manera clandestina se baja de los bosques de municipios como Jiquipilco, Amatepec, Ocuilan y Tianguistenco, prácticamente a la vista de cualquier autoridad, pero en realidad nadie hace nada para frenar esa actividad ilícita que tanto daña la riqueza forestal mexiquense y que, por si ya se les olvidó, constituye un ilícito que debería ser combatido, pero en serio.
Los supuestos operativos que realiza el Gobierno del Estado de México para frenar la actividad de los taladores clandestinos son una farsa, una pose, como las que practica la mandataria mexiquense para lucir bien en las fotografías, pues, aunque todo el mundo sabe perfectamente donde están los sitios donde se tala y procesan los árboles para convertirlos en piezas de madera decorativas, nadie es capaz de hacer algo para detener ese saqueo.
Como sucede con el tráfico de drogas y otros tantos ilícitos, la tala clandestina tiene origen y destino, y lo peor es que el origen es totalmente conocido, pero nadie mueve un dedo por frenarlo, también existe todo un mercado de consumo donde los productos maderables tienen precio y se venden al mejor postor, pero esos talleres nunca son siquiera visitados por las autoridades para conocer el origen de la madera y sancionar su venta.
La tala clandestina está en todas partes, al menos del Estado de México, solo que existe una autoridad que no ejerce esa responsabilidad, y que, por el contrario, parece acercarse más a cierta complicidad, pues, en el camino, algún beneficio económico debe obtener por el simple hecho de hacerse como que no ve.