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El ABC de los Derechos Humanos - María José Bernal

Las migraciones y los desplazamientos forzados, una realidad en México

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Las migraciones y los desplazamientos forzados, son un problema que nos importa a todos. Son fenómenos que necesitan soluciones regionales que puedan vincular a los países de origen, tránsito y destino, con el fin de proponer soluciones y mostrar un panorama real.

En este sentido, para México resulta importante ser parte de la solución del problema que existe, específicamente a nivel regional, de modo tanto jurídica como políticamente considerando a la atención humanitaria como eje rector de las acciones encaminadas a intervenir en las alternativas para combatir las causas que llevan a las personas a ser parte de la migración irregular.

En el contexto global, hay alrededor de 68.5 millones de personas desplazadas a la fuerza en todo el mundo: 40 millones son desplazadas internas (en su propio país), 25.4 millones son personas refugiadas y 3.1 millones son solicitantes de asilo político (Conapred, 2018).

México tiene la capacidad de poder brindar ayuda a las personas migrantes que atraviesan por la discriminación y exclusión o que están en extrema vulnerabilidad durante sus trayecto y estancia en el país. A su vez es indispensable que la sociedad mexicana pueda hacer a un lado todos esos mitos respecto a la estancia de las personas migrantes.

Al igual que los 5.4 millones de mexicanos y mexicanas que viven en la Unión Americana en condición indocumentada no son una amenaza, la migración centroamericana y procedente de otras regiones no debe ser interpretada como una invasión, ni como una amenaza a nuestra seguridad, al tejido social, ni mucho menos a nuestra cultura (Conapred, 2018).

Lo anterior debido a que parte de la población mexicana tiene una percepción errónea acerca de las personas migrantes y refugiadas, olvidando que son víctimas de las circunstancias que suceden en su país y a su vez viven en vulnerabilidad al desplazarse por los países de tránsito que existen en la región.

Es nuestra obligación dar protección a los migrantes, conforme al marco jurídico nacional y los compromisos internacionales en la materia. Hacerlo resulta en beneficio tanto de las personas migrantes y refugiadas como de la población mexicana; primero, porque implica disminuir las presiones en Centroamérica (lo que contribuye a desincentivar el flujo) y, segundo, porque nos permite ser congruentes entre en respeto de derechos que demandamos para nuestros compatriotas en Estados Unidos y el que aseguramos a las personas migrantes y refugiadas que entran al país (Conapred, 2018).

Incluso las migraciones pueden ser parte del desarrollo de un país, tendiendo a incrementar la productividad así como la competitividad. Es indispensable que se continúe trabajando en medidas de atención que se basen en las causas de la migración y las vulnerabilidades que viven todos aquellos que han tenido que atravesar por una experiencia de esta magnitud.