+Las observaciones de la OEA a la elección del Poder Judicial de México; La encrucijada del conflicto universitario

La frase:

¿Cuántas veces antes de la renovación del rector y ahora con el paro estudiantil apareció públicamente la llamada Asamblea de Académicos?

ES PREGUNTA QUE LLEVA AGUA A ALGÚN MOLINO

 

Más críticas que aprobación en la elección judicial

Al correr de las horas, la elección extraordinaria de integrantes del Poder Judicial del país y del Estado de México van recibiendo más críticas que aprobación, y no solo de aquellos sectores que Morena y sus aliados les encanta tachar de conservadores, sino éstas van mucho más allá y evidencian, cada vez más, que las votaciones del domingo 1 de junio y todo lo que con ellas conllevan fue más un gasto, que no una inversión, que poco o nada construirá con el saneamiento que se intentó de este poder en México, y particularmente en el Estado de México.

Basta con revisar la opinión que la misión de la Organización de Estados Americanos, OEA, por sus siglas, refirió sobre la organización y resultados de la elección judicial. Lo menos que se dice en tal documento es que este ejercicio electoral fue manipulado de principio a fin, que el voto ciudadano se partidizó hacia una sola opción y que en términos democráticos no aportó absolutamente nada al proceso democratizador al que aspira las Américas.

Al paso de las horas, en el análisis político, surgió un nuevo aspecto en el que poca atención se había puesto, pero que finalmente sería importante revisarlo y repensar este modelo por sus raquíticos resultados: la legitimidad de aquellos que fueron eventualmente electos, y dijo eventualmente porque todavía falta la etapa de calificación y validación de los resultados electorales. Pero, de entrada, se señala que, aun los que lograron mayor votación, que para el caso tendrían que ser los ganadores del proceso para Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no tendrá una legitimidad para ejercer los cargos.

Es decir, de acuerdo con los análisis políticos, aquel que resulte ganador como primero en la elección por la presidencia de la Suprema Corte, no habrá sido votado por más allá del 10 por ciento del padrón nacional de electores, lo que lo dejaría en un grado de legitimidad de más o menos el siete u ocho por ciento.

Es decir, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a lo mucho, representaría al siete u ocho por ciento de los mexicanos, y así sucesivamente hacia abajo en el resto de los cargos, por lo que, se dice, serán magistrados, ministros y jueces que en realidad representarán a un movimiento político, pero no a los mexicanos.

Todavía falta parte del proceso electoral, y en esto vendrán los recursos legales en contra de la elección, no tanto en contra de los electos, pero el primer argumento para cualquier revisión jurídica de los que fueron electos será precisamente el alegato de la legitimidad de los que ganaron la elección. Se sintetiza de una manera: Si alguien fue electo por menos del 10 por ciento del padrón total de potenciales electores no puede representar al noventa por ciento de los que no votaron por él o por ella.

Lo que haría de esta elección una totalmente carente de los hombres y mujeres electos el pasado 1º de junio, lo que para la hora de que ejerzan el cargo cualquiera de esos millones de hombres y mujeres de este país que no votaron por ellas y ellos, por los electos, podría contravenir esa discusión bajo el argumento mínimo de que no fueron electos por una mayoría democráticamente constituida de ciudadanos de este país.

Las conclusiones de la misión de observadores de la OEA tienen muchos más aspectos para revisión y análisis, y lo iremos haciendo en los próximos días en este mismo espacio, pero de entrada ya se dio pauta para contravenir el proceso en sí mismo, no solo los resultados, sino la legitimidad de la elección, a reserva de revisar los resultados, donde también hay evidentemente grandes vacíos desde el punto de vista de la democracia.

La encrucijada del paro universitario

El conflicto que vive la Universidad Autónoma del Estado de México llegó a una verdadera encrucijada, pues ya no se sabe bien a bien cuál es la salida que se pretende alcanzar en esta situación. Para unos los más importante sería desatorar las cosas a nivel político y alcanzar acuerdos que permitan reanudar actividades, pero para otros lo más importante es que se atiendan una por una de las razones que se argumentan que fueron las que causaron el descontento del estudiantado y que hasta que no se realicen reformas de fondo para atender esas causales se tendría que hacer una especie de elección y que la comunidad, toda, vote por reanudar las actividades académicas y seguir en el análisis profundo de esas razones.

Obviamente desde el punto de vista académico lo más importante sería desatorar las cosas y que se permitiera reanudar las actividades académicas y luego, poco a poco revisar los argumentos de los involucrados y hallar alternativas de solución, que pudieran llegar hasta una reforma integral de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México.

La otra vía es mucho más compleja y eventualmente tardada porque implicaría, primero, atender causa por causa, y luego reanudar la elección, y finalmente acordar el reinicio de actividades académicas, pero eso, en términos legislativos, podría irse a más allá de un año para alcanzar a solucionar todas las demandas, incluidas aquellas que se expresaron a través de los llamados tendederos universitarios, donde la mayoría tienen que ver con asuntos de índole sexual, como acoso, y donde seguramente saldrán muchos involucrados directa e indirectamente.

Otra visión de las cosas es quizá mucho más radical, pues sugiere un punto y aparte a la historia universitaria, a partir de una gran consulta a la base universitaria, en la que se discuta el futuro de la universitaria y, a partir de la opinión de alumnos, trabajadores administrativos y docentes, se elabore un proyecto de nueva Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México, sobre la cual reposen todas las demandas de los miembros de esta comunidad.

Cualquiera de estas formas o alternativas de solución demandan la voluntad de las partes, y, sobre todo, ganas de contribuir a que se curen heridas, se atiendan las causas y se vea por el futuro inmediato, sin sepultar las situaciones que dieron origen a la actual situación de la máxima casa de estudios de la entidad.

Lo malo es que en todo este proceso sugerido es importante destacar que hay personas, internas y externas a la universidad, involucradas en la toma de decisiones, algunas de las cuales están teniendo un peso específico, y la mayoría de éstas están jugando a frenar el proceso de solución, no tanto a resolver la problemática.

Quizá en el momento en que se hagan a un lado esas personas que hoy defienden intereses personales y de grupo, sea más alcanzable la solución para la universidad, y eso está básicamente en unos tres grupos que los últimos 20 años han tenido cierto dominio sobre las decisiones que se han tomado a favor y en contra de los procesos.

Sobre la posibilidad de reactivar la elección de Rector o Rectora para que sea esa nueva administración la que encuentre una solución definitiva a la situación, pues hay que ser sinceros que esa opción es quizá la más lejana, pues no sólo esa alternativa tiene poco apoyo de la mayoría, sino que es evidente que es la menos respaldada porque no hay condiciones de respaldar a ninguno de las involucradas que quedaron hasta donde se quedó la elección.