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La Sociedad Pregunta… - Lucio Ramírez

¿Por Qué Piden la Inconstitucionalidad de la Ley de Amparo?

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La International Chamber of Commerce México (ICC México) considera que la aprobación de la iniciativa de Reforma a la Ley de Amparo por el Poder Legislativo, en materia de suspensión del acto reclamado e inconstitucionalidad de normas generales, reducirá en forma importante la vigencia y eficacia de derechos humanos frente a actos presuntamente arbitrarios de las autoridades. Asimismo, la Reforma violenta instrumentos internacionales a los cuales se ha adherido nuestro país, como es el Pacto de San José que tutela las “debidas garantías” judiciales.

Hace llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, una vez que lleguen a su ámbito las acciones de inconstitucionalidad de esta Reforma, vele por la seguridad jurídica de las y los mexicanos y del ecosistema económico-financiero del país, que se verá gravemente afectado por esta modificación a la ley.

Una manifestación específica de las “garantías judiciales” es la posibilidad de impedir que la duración del proceso judicial se traduzca en un daño grave para quien lo inicia. La suspensión del acto reclamado es una institución que tiene el gobernado para conservar viva la materia del juicio amparo mientras dure el procedimiento, y cuando se considere prima facie que los actos de autoridad vulneran sus derechos fundamentales.

Además, la Reforma impide que se concedan suspensiones en los casos que la Ley de Amparo califica como de orden público. Sin embargo, el orden público no puede ser un pretexto para reducir legislativamente el ámbito de la suspensión como se establece en la Reforma; es el juez quien debe ponderar caso por caso las consideraciones y posibles afectaciones al orden público e interés social, tal como lo establecía el texto anterior de la Ley de Amparo.

Si no se concede una suspensión efectiva y suficiente en un juicio de amparo, éste podría ser ineficaz. La consecuencia de ello es que la ejecución del acto de autoridad combatido pueda generar daños irremediables o que difícilmente el gobierno quiera o pueda reparar.

Para la ICC México, lo que pretende la Reforma es atar de manos a los jueces para que ellos ya no sean quienes determinen cuál debe ser el alcance de la suspensión y cuándo hay una afectación al orden público y cuándo no, y que sea el legislativo quien lo decida; de manera que dicho poder se convierta en juez y parte.

Licenciado y Maestro en Periodismo

lurame_3@hotmail.com                  @luciorm