ENORME BRECHA PARA ALCANZAR UN ESTADO DE DERECHO FUERTE
En México se observa una brecha bastante amplia para alcanzar un Estado de Derecho fuerte en las entidades, y continúa un estancamiento, incluso deterioro, que se explica por tres tendencias: debilitamiento de contrapesos al Ejecutivo Estatal, deterioro de los sistemas de justicia, y estancamiento en la lucha contra la corrupción.
Así lo revelaron los resultados del Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, realizado por World Justice Project, presentados por las investigadoras Estefany Caudillo y Eréndira González en conferencia virtual ante integrantes de MéxicoJusto.ORG.
Estefany Caudillo señaló que para la realización del índice se analizaron aspectos como la Justicia, Gobernanza y Sector Privado, es decir impacto del Estado de Derecho en el ambiente de negocios, a través de 8 factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal; y se utilizaron tres fuentes de información: encuesta a población general -12 mil 800 encuestas cara a cara en hogares aplicadas por 5 compañías líderes y una compañía coordinadora que supervisó y validó el trabajo de campo-; cuestionarios a más de 2 mil especialistas en justicia civil, administrativa o mercantil, justicia penal, justica laboral y salud pública, así como fuentes terciarias que consistió en 12 indicadores de datos administrativos y encuestas con representatividad a nivel estatal.
Eréndira González explicó que en una escala del 0 al 1, donde el 1 es la máxima adherencia al Estado de Derecho, las entidades se quedan cortas. Con 0.49 Querétaro es la entidad más alta este año -los años anteriores había sido Yucatán-, y se observa que todavía hay un camino amplio que recorrer en el avance hacia el Estado de Derecho, pues el promedio de todas las entidades es de 0.41.
Respecto al estancamiento del Estado de Derecho, detalló que después de 4 ediciones, no hay cambios importantes, pero se logran identificar cueras tendencias.
“Se empieza a notar un deterioro, pues 14 entidades descendieron, 12 se quedaron sin cambio y solo en 6 hubo algunos aumentos, pero al final la tendencia en 4 años es que los cambios que ha habido son marginales, son pequeñísimos como para poder ir notando cambios estructurales”.
En este sentido, destacan tres tendencias relevantes. En cuanto a los contrapesos institucionales, 17 entidades bajaron en el tema de los límites al poder gubernamental, es decir, los distintos actores que sirven como contrapeso al ejecutivo estatal. En este renglón, se ve con preocupación que tanto la sociedad civil como la prensa son los contrapesos más efectivos que tiene el Ejecutivo Estatal, pero han ido decayendo a través de los años.
Segundo, se observa un deterioro en los sistemas de justicia civil y justicia penal: 18 entidades decayeron en justicia civil en este último año, mientras que, en justicia penal, hubo 14 estados que descendieron.
Detalló que, por cuarto año consecutivo, el indicador que sale peor calificado en todas las entidades es el tema de la efectividad en las investigaciones con la policía y el Ministerio Público, este es el principal reto entre todas las entidades, mientras que, como fortaleza de los sistemas de justicia, se identificó a los mecanismos alternativos de solución de controversia como un medio efectivo para mejorar el acceso a la justicia para ciertas poblaciones.
Tercero, se observa un estancamiento en la lucha contra la corrupción. En particular en este año en comparación con el año anterior, hubo 16 estados en los que cayó el tema de ausencia de corrupción y se mantuvo sin cambio en 11 entidades. Es de llamar la atención el tema de corrupción dentro del Poder Judicial, así como la corrupción en los Sistemas de Seguridad y Procuración de Justicia y dentro del Ejecutivo Estatal, que no ha habido cambios e incluso registró deterioros.
Estefany Caudillo destacó que la cuantificación del Estado de Derecho a través de este índice, se traduce en “buscar mejorar la política pública, en acciones en específico o en cómo podemos colaborar con distintos actores para ir fortaleciendo el Estado de Derecho en las entidades”.