Exige el MPCOI se detenga la represión y violencia a agrupaciones indígenas en la Ciudad de México

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El Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas exigió al gobierno de la Ciudad de México que detenga la represión y la violencia en contra de las organizaciones indígenas residentes en la capital del país, así como una audiencia urgente con el secretario de Gobierno Martí Batres para dialogar sobre este tema.

Lo anterior ante la represión ejercida contra manifestantes indígenas en Paseo de la Reforma e Insurgentes el día 11 de enero.

El MPCOI establece en una carta dirigida a funcionarios del gobierno capitalino, encabezados por Claudia Sheinbaum, que de acuerdo con los artículos 6 y 9 de la Constitución Política de México se tiene garantizado el derecho a la libre manifestación de las ideas y el asociarnos o reunirnos pacíficamente.

Aclaran que sistemáticamente el gobierno de la CDMX ha utilizado la fuerza pública en estos últimos tres meses, un antecedente de la cerrazón del gobierno fue contra compañeros de FOI que sufrieron encapsulamiento por la fuerza pública el pasado 17 de diciembre de 2021 en calzada de Tlalpan.

Una sociedad inclusiva e igualitaria busca que todos los ciudadanos, indígenas o no indígenas participen en la toma de decisiones, por lo mismo las manifestaciones públicas son el resultado del ejercicio de sus derechos de libertad de expresión y de reunión, ante lo cual “repudiamos y rechazamos la violencia en contra de los hermanos indígenas cuando el gobierno tenía que anteponer el diálogo y no reprimir a los manifestantes”.

 

La carta a las autoridades capitalinas establece:

Vemos que es claro y evidente que la estrategia siempre ha sido la fuerza pública y si no les funciona, recurren al método de desgaste y de oídos sordos, el de la indiferencia, o sentarse a las mesas de trabajo, pero sin resolver nada de las prioridades, el fin es justificar la atención a las comunidades indígenas. En este gobierno de la 4T no puede existir prácticas contrarias a los designios del presidente de la República, se luchó por décadas para que la izquierda llegara al poder y este a su vez, tiene la obligación de gobernar y hacer valer nuestros derechos adquiridos constitucionalmente, se tiene que gobernar de la mano con diferentes organizaciones indígenas residentes en esta ciudad.

Les recordamos que en el mes de septiembre del año pasado, se ingresó un escrito de petición tanto por Oficialía de partes como por vía electrónica donde solicitamos de manera respetuosa una audiencia para plantear nuestro derecho a la vivienda, la firma de un Convenio Marco, la Creación del anexo transversal indígena en la ciudad de México, la calendarización de feria itinerantes, la edificación de plazas y corredores artesanales, la creación de un programa de apoyo emergente para hacer frente a la pandemia, seguro de desempleo para los compañeros y el apoyo a las actividades en torno al Decenio Internacional de las lenguas indígenas  y hasta el día de hoy no ha habido respuesta, aunque el gobierno sabe que nos ampara el artículo 8 de la carta magna que dicta la pronta respuesta de funcionarios y empleados públicos a toda petición por escrito, entonces ¿cuál es la atención que presumiblemente se está diciendo por parte del gobierno de la Ciudad?

A manera de conclusión, exigimos que se respete el artículo 7, enciso C, numeral 4 de la Constitución de la Ciudad de México, donde se especifica y protege a la protesta social como un derecho individual que todo ciudadano tiene en esta urbe y repudiamos el uso de la fuerza represiva como respuesta a las demandas legítimas de las organizaciones indígenas.

Exhortamos de manera respetuosa al gobierno de la Ciudad de México que encabeza la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo que dialogue y escuche y de seguimiento y solución a las demandas de diferentes organizaciones indígenas residentes y evite del uso de la fuerza pública, así también, reiteramos nuestra petición de audiencia con el secretario de gobierno, esperando una respuesta por escrito si es posible.

Finalmente, insistimos nuestra disposición al diálogo y no aceptamos la violencia sea institucional o ejercida por el libre arbitrio de funcionarios.