MEMORIAL EN LA GONZÁLEZ ARRATIA PARA RECORDAR A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA
Por Fátima Chávez
En los memoriales ubicados en la Plaza González Arratia del municipio de Toluca, familiares y activistas se congregaron para conmemorar a las mujeres víctimas de la violencia y hacer visible la grave crisis de seguridad y procuración de justicia que atraviesa el Estado de México.
La entidad ocupó el primer lugar nacional en lesiones dolosas contra mujeres, lesiones culposas, violencia familiar y violación simple y equiparada durante los primeros ocho meses de 2026.
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con corte al 31 de agosto, contabilizan 18 mil 255 víctimas mujeres de lesiones dolosas, 3 mil 316 de lesiones culposas, 18 mil 755 casos de violencia familiar y mil 884 presuntos delitos de violación.
Adicionalmente, se reportaron 31 víctimas de feminicidio, 52 de homicidio doloso, 103 de homicidio culposo y un acumulado de 24 mil 860 llamadas de emergencia relacionadas con violencia contra las mujeres en suelo mexiquense.
En el marco de este panorama, la activista Lisa García lanzó un firme llamado a la justicia para mantener viva la memoria de las hermanas que han sido arrebatadas, enviando un mensaje de respaldo a las familias para recordarles que no están solas y asegurando que mantendrán la exigencia hacia el Estado para que garantice el derecho a la vida.
Ante la inoperancia institucional, las colectivas y activistas mantienen una presencia constante en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y brindan acompañamiento a los familiares en las audiencias, con el objetivo de vigilar que las investigaciones se integren con una perspectiva de género real.
No obstante, las manifestantes señalaron que en la entidad impera la impunidad, pues aun con la presentación de pruebas y evidencias, las autoridades suelen considerarlas insuficientes, lo que permite que los feminicidas eviten sentencias vitalicias y queden en libertad mediante recursos como el amparo.
A esta situación se suma la deficiencia de personal y la sobrecarga laboral dentro de la FGJEM, factores que derivan en carpetas de investigación mal integradas y en la congelación o archivo de expedientes, obstaculizando la búsqueda de la verdad.
Las familias advirtieron que las omisiones institucionales resultan inaceptables ante la persistencia de agresiones, muertes y desapariciones, cometidas en ocasiones por el propio entorno familiar, citando como emblema de esta lucha el caso de Fátima Varinia, cuyos padres tuvieron que enfrentar severos obstáculos judiciales para evitar que los agresores evadieran la justicia mediante amparos.