+Nueva Ley para la Universidad Autónoma del Estado de México. Por fin hay coincidencia entre grupos parlamentarios
La frase:
La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo.
NELSON MANDELA
Las diputadas y diputados que integran las comisiones unidas de la LXII Legislatura mexiquense aprobaron expedir una nueva Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), con base en las iniciativas de las bancadas de Morena y Movimiento Ciudadano y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
Los principales objetivos de la nueva legislación son actualizar los modelos de representación y elección de autoridades, eliminar progresivamente los cobros de cuotas y crear un Sistema de Ética y Justicia Universitaria.
Las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación, que presidió el diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo (Morena), incorpora las iniciativas de los diputados Octavio Martínez Vargas y Gerardo Pliego Santana, ambos de Morena; de la bancada de Movimiento Ciudadano, y de la gobernadora que recoge la propuesta de la propia universidad emanada de un proceso interno de consulta a estudiantes, personal académico y administrativo.
La nueva Ley establece la creación de un Órgano Electoral Universitario, un régimen disciplinario y de responsabilidad universitaria, así como un sistema de bienestar y cuidado universitario.
Durante la deliberación del dictamen, presentado por el diputado Rigoberto Vargas Cervantes (Morena), Octavio Martínez Vargas destacó que el ordenamiento fortalece la formación académica del alumnado, fortalece la transparencia, vincula la institución con la sociedad y aspira a una mayor cobertura en zona oriente.
Mientras, la legisladora Paola Jiménez Hernández expresó que el debate central en el tema es cómo seguir impulsando una educación de calidad. En este rubro es donde está el meollo del asunto, hasta hace unos 26 años, había plantillas de maestros de mucho renombre en varias facultades. Hoy ocurre todo lo contrario.
La diputada María del Consuelo Estrada Plata (PT), solicitó no olvidar en la nueva legislación la figura de las y los maestros y su investigación humanista, mientras que el parlamentario Eduardo Zarzosa Sánchez (PRI) indicó que sin reglas claras se puede abrir la puerta a la discrecionalidad, la inestabilidad y la intervención política en los procesos electivos de la institución.
Por su parte, la diputada Ruth Salinas Reyes, de Movimiento Ciudadano señaló la ausencia de un tribunal de justicia universitaria y de mayores atribuciones de fiscalización para el órgano interno de control, por lo que presentó tres reservas al dictamen para fortalecer sus facultades más allá de la revisión, así como establecer la obligación del Sistema de Ética y Justicia Universitaria de dar vista al Ministerio Público cuando se detecten conductas constitutivas de delito y brindar acompañamiento a las víctimas. Sin embargo, las reservas fueron rechazadas. Esperemos que con el rechazo no vaya a dar más de lo mismo.
El proyecto legislativo señala que, en cuanto a la actualización de los modelos de representación y elección de autoridades, la persona titular de la rectoría será elegida para un periodo ordinario por mayoría de votos, mediante sufragio personal, directo, libre y secreto de cada integrante de la comunidad universitaria, y que los votos se contabilizarán por sector —alumnado, personal académico y administrativo—, conforme a la ponderación establecida en el Estatuto Universitario. Además, establece que el nombramiento será otorgado por el Consejo Universitario, con base en el informe de resultados que presente el Órgano Electoral Universitario. En estos términos también se elegirán las personas directoras de los espacios académicos. Sigue el voto secreto, es decir no se avanza nada.
La nueva norma establece como requisitos para ocupar la rectoría no haber recibido sanciones por responsabilidad universitaria, disciplinaria o administrativa; no haber sido condenada la persona aspirante, mediante sentencia firme, por un delito doloso que amerite pena privativa de la libertad; no estar inhabilitada para el servicio público ni inscrita en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, así como presentar una propuesta de plan de trabajo universitario. Estos requisitos también serían aplicables a quienes aspiren a dirigir los espacios académicos. Igualmente prevé supuestos para la remoción y destitución del cargo de la persona titular de la rectoría, ausencias o licencias, la elección o designación de la persona rectora sustituta, así como el nombramiento de una persona encargada.
En cuanto al Consejo Universitario, máxima autoridad de la institución, la nueva ley establece que su integración deberá observar el principio de paridad, entendido como la igualdad numérica entre representantes del alumnado y del personal académico. Lo ideal hubiera sido maestros con conocimiento y entrega y estudiantes con calificaciones destacadas, de lo contrario el nivel no subirá.
Estará conformado por la persona titular de la rectoría; las personas directoras de facultades, centros universitarios, preparatorias, escuelas, unidades académicas profesionales e institutos; representantes de la Asociación Sindical del Personal Académico y Administrativo titular del contrato colectivo; una persona académica de cada uno de estos espacios, así como dos representantes del alumnado por cada uno de ellos.
De acuerdo con esta distribución, el nuevo consejo se conformaría por 223 personas consejeras elegidas por mayoría de votos mediante sufragio personal, directo, libre y secreto de cada persona integrante del sector de la comunidad correspondiente.
Respecto de la gratuidad de sus servicios, prevé que la eliminación progresiva de los cobros por concepto de inscripción y reinscripción se realice en términos de la Ley General de Educación Superior. Para tal fin, la UAEMéx conformaría un plan de acción para la transición gradual hacia la gratuidad de los servicios educativos, sin afectar el cumplimiento de sus fines ni poner en riesgo sus finanzas. Tarea complicada. Harto complicada si la UAEMéx no diversifica con visión y eficiencia nuevas fuentes de ingreso.
El Sistema de Ética y Justicia Universitaria, por otra parte, tendrá como funciones prevenir, conocer, resolver y sancionar, de forma integral y bajo un marco de ética, mediación, conciliación y justicia restaurativa, las faltas a la responsabilidad universitaria y las faltas disciplinarias cometidas por quienes integran la comunidad universitaria, para lo cual contaría con independencia en su actuación.
El Órgano Electoral Universitario tendrá a su cargo la organización, conducción, vigilancia y validación de la legalidad del proceso electoral, en la elección de la persona titular de la rectoría, de las personas titulares de las direcciones de los espacios académicos y de las personas consejeras. Asimismo, podrá encargarse de cualquier otro proceso de elección que el consejo determine.
El régimen disciplinario y de responsabilidades será aplicable al alumnado, al personal académico y administrativo, así como a quienes integran los órganos de gobierno de la universidad y el Órgano Electoral Universitario, conforme a lo establecido en la nueva ley y demás disposiciones normativas aplicables.
Lo anterior será aplicable siempre que las conductas no constituyan faltas de responsabilidad administrativa en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, en cuyo caso se atenderá a lo previsto en dicha ley y las disposiciones aplicables.
Por último, el sistema de bienestar contempla la promoción de la salud física y mental; la seguridad y protección ante riesgos y violencias; el fomento de la cultura física y el deporte; la alimentación saludable; la disponibilidad de espacios universitarios adecuados y accesibles; el apoyo a personas en situación de vulnerabilidad, así como la promoción de una convivencia respetuosa, inclusiva y libre de violencias. Por ejemplo, en futbol, por qué no recuperar la franquicia de Primera A y crear como ya lo hubo un Patronato que genere fondos para el mantenimiento del equipo y la mejor explotación del estadio Universitario, más allá de competencias internas.
Finalmente, con la aprobación de la nueva legislación, que abroga la ley vigente desde 1992, se establece un proceso de transición para garantizar la continuidad de las autoridades universitarias, avanzar hacia la gratuidad de los servicios educativos, expedir el nuevo Estatuto Universitario e implementar gradualmente los sistemas, programas y servicios previstos, conforme a la disponibilidad presupuestal de la institución.
En este renglón, las autoridades universitarias deberán aguzar los sentidos para generar, en principio, más presupuesto federal y estatal y también allegarse fondos con sus propias instituciones.