+Gobernar a golpe de bloqueo; la Toluca-Tenango, historia de reclamos, promesas incumplidas y servicios que no llegan; “Usted nos mintió”, le dijeron a Azucena Cisneros Coss

La frase:

 

Con las protestas, crece el nivel de desconfianza en el gobierno.

UNA REALIDAD

Hay algo que debería preocupar mucho más a las autoridades del Estado de México que un bloqueo carretero: que cada vez más ciudadanos estén llegando a la conclusión de que cerrar una vialidad es la única manera de conseguir que alguien los escuche.

Lo ocurrido en distintos puntos del sur y norte del estado no puede analizarse únicamente como un problema de tráfico. Detrás de cada barricada, de cada carretera cerrada y de cada automovilista obligado a buscar una ruta alterna existe una historia de reclamos, promesas incumplidas, servicios que no llegan y comunidades que aseguran sentirse ignoradas.

En San Martín Coapaxtongo, Tenancingo, los pobladores decidieron cerrar la carretera federal Tenancingo-Tenango para exigir que se esclarezca la presunta desaparición de 2 millones de pesos que, según los inconformes, pertenecían al comité de agua potable de la comunidad. Señalan a una persona del propio pueblo que habría formado parte del comité encargado de administrar el sistema y demandan que, si se acredita alguna responsabilidad, se aplique la ley.

 

Aquí hay una pregunta de fondo que no debería perderse entre el caos vehicular: ¿por qué una comunidad considera necesario bloquear una carretera federal para exigir que se investigue el destino de recursos que, presuntamente, pertenecían a sus propios habitantes?

La respuesta corresponde a las autoridades y deberá sustentarse en investigaciones formales, no en señalamientos populares. Pero el hecho de que una comunidad haya decidido recurrir a una medida extrema para hacerse escuchar revela un nivel de desconfianza que no puede ignorarse.

Y mientras unos exigen transparencia sobre recursos del agua, en Santo Domingo de Guzmán, Ixtlahuaca, los habitantes bloquearon la autopista Atlacomulco-Toluca para reclamar algo todavía más elemental: agua potable.

No están pidiendo un lujo. Hablan de un servicio indispensable para beber, cocinar, mantener la higiene y realizar las actividades cotidianas. Cuando una comunidad tiene que cerrar una de las principales vías de comunicación del Valle de Toluca para solicitar que se incorpore el servicio de agua potable, el problema ya dejó de ser exclusivamente hidráulico. Se convierte en un problema de gobernabilidad.

Porque una autoridad puede argumentar que existen procedimientos, presupuestos, proyectos y tiempos administrativos. Una familia que no tiene agua difícilmente puede resolver sus necesidades con un oficio sellado.

 

El tercer caso resulta todavía más revelador. La autopista Tenango del Valle-Ixtapan de la Sal llegó a cumplir 72 horas de bloqueo por parte de habitantes de San Miguel Balderas y San Francisco Putla, quienes reclaman obras de infraestructura que, aseguran, forman parte de acuerdos previamente establecidos.

Rehabilitación de aproximadamente 10 kilómetros de caminos laterales, reencarpetamiento, continuación de la segunda etapa de la Preparatoria Oficial 196 y construcción de un puente. Demandas concretas que, de acuerdo con los pobladores, siguen pendientes.

La protesta incluso se extendió hacia accesos comunitarios y complicó las rutas alternas. Es decir, el conflicto dejó de ser una manifestación momentánea para convertirse en una confrontación territorial que afecta a miles de personas.

Y aquí aparece el verdadero problema: el bloqueo se vuelve noticia, pero la causa que lo originó corre el riesgo de quedar en segundo plano.

Es cierto que cerrar carreteras afecta a terceros. Perjudica al trabajador que llega tarde, al estudiante, al transportista, al comerciante, al paciente que necesita llegar a una cita y a las empresas que dependen del traslado de mercancías. También es cierto que quemar llantas o colocar barricadas puede incrementar los riesgos y que ninguna inconformidad debería convertirse en una amenaza para otros ciudadanos.

 

Pero también sería demasiado cómodo reducir todo a una frase: los manifestantes están afectando la circulación. Porque la circulación puede reabrirse en unas horas. El hartazgo, en cambio, tarda años en construirse.

Se alimenta de solicitudes sin respuesta, de reuniones sin resultados, de compromisos que no se cumplen, de obras que se anuncian y no terminan, de servicios que nunca llegan y de ciudadanos que sienten que las puertas institucionales sólo se abren cuando las calles ya están cerradas. ¿La gobernadora dónde está?, ¿Su Secretario General qué hace?

El problema no es que la sociedad proteste. El problema sería que la sociedad llegue a pensar que protestar pacíficamente, acudir a una oficina, presentar una denuncia o solicitar una audiencia no sirve de nada.

Cuando el ciudadano descubre que una carretera bloqueada genera en unas horas más atención que meses de gestiones, el mensaje para las instituciones es peligrosísimo.

 

Porque entonces el bloqueo deja de ser sólo una protesta y comienza a convertirse en un mecanismo de negociación. Y si esa percepción se extiende, cada carretera puede convertirse en una oficina improvisada de trámites, cada barricada en una mesa de diálogo y cada cierre en una forma de obligar al gobierno a mirar hacia una comunidad que antes no había escuchado.

El Estado de México no puede acostumbrarse a gobernar a golpe de bloqueo. Las autoridades tampoco pueden esperar a que las comunidades cierren una autopista para descubrir que necesitan agua, caminos, escuelas, puentes o respuestas sobre el manejo de sus recursos.

La obligación institucional debería ser anticiparse al conflicto, escuchar antes de que llegue la confrontación y cumplir lo que se promete. Porque detrás de los vehículos varados hay ciudadanos enojados, sí, pero también hay otros ciudadanos que están cansados de quedar atrapados en medio de conflictos que pudieron haberse evitado.

El hartazgo social tiene dos caras: la de quien bloquea porque siente que nadie lo escucha y la de quien permanece atrapado porque ya no sabe a quién reclamarle. Y entre ambas caras hay una responsabilidad que no puede evadirse: la de las autoridades.

Si las instituciones funcionan, las carreteras sirven para conectar comunidades. Si dejan de funcionar, las carreteras terminan convirtiéndose en el lugar donde las comunidades hacen visible su desesperación. Ese debería ser el verdadero llamado de atención.

No cuántos kilómetros de tráfico, provocó el bloqueo, sino cuántos reclamos tuvieron que acumularse para que una comunidad decidiera que cerrar una carretera era su última opción.

“Usted nos mintió”, le dijeron a Azucena Cisneros Coss

El discurso de gobierno del pueblo parece haber encontrado un duro espejo en Las Américas, el martes 25 de agosto, la alcaldesa morenista de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, acudió a una de las llamadas Mesas de Paz y se encontró con una escena muy distinta a la que cualquier gobierno quisiera presumir: pancartas, reclamos, gritos y una frase que los vecinos repitieron una y otra vez: ¡Usted nos mintió!.

Cisneros Coss intentó defender a su administración y aseguró: Nunca voy a hacer una obra o una acción en contra del pueblo que tanto amo y quiero y a quien me debo. La respuesta de los inconformes fue inmediata: ¡No es cierto!

La presidenta municipal sostuvo que el diálogo está abierto, pero los vecinos le respondieron a gritos que no era así. Cuando la alcaldesa explicó que las obras tenían un carácter regional y que ninguna colonia podía actuar por sí sola, nuevamente apareció el reclamo: ¡Usted nos mintió!

La discusión fue subiendo de tono hasta que, visiblemente molesta, Cisneros Coss expresó: ¡No nos entendemos, compañeros!”. Y quizá esa frase resume buena parte del problema, porque cuando un gobierno asegura que escucha, pero una comunidad responde que no se siente escuchada, existe una fractura que no se resuelve con discursos, sino con respuestas, información y decisiones capaces de generar confianza.

La escena resulta especialmente incómoda para una administración que ha construido buena parte de su narrativa alrededor de la cercanía con la ciudadanía, mientras que las Mesas de Paz deberían ser espacios para escuchar, explicar y encontrar soluciones; sin embargo, en Las Américas terminaron convertidas en un escenario de confrontación política y social.

Cisneros Coss pidió calma y habló de la necesidad de contar con información clara para evitar la desinformación, pero la tranquilidad tampoco llegó por completo del lado de los funcionarios. De acuerdo con testimonios de habitantes, algunos elementos de la Policía Municipal asumieron una actitud que los vecinos calificaron de intimidatoria y represiva, percepción que, lejos de apagar la inconformidad, habría incrementado la tensión.

Entre los mandos señalados por los habitantes aparece Israel Perales Sánchez, quien años atrás se desempeñó como subdirector metropolitano de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl y que, al inicio de la administración de Cisneros Coss, fungió como encargado de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal ante la ausencia de un titular.

 

En Nezahualcóyotl, vecinos han formulado en distintos momentos señalamientos contra Perales Sánchez, incluidos señalamientos de presuntos vínculos con la protección de una banda delictiva en la que, según esas acusaciones, habrían participado familiares suyos.

Y aquí aparece una pregunta inevitable para la administración municipal: si el gobierno de Ecatepec quiere recuperar la confianza de sus habitantes, ¿no tendría que garantizar también que cualquier señalamiento serio contra sus mandos policiales sea revisado con absoluta transparencia? Sobre todo en un municipio donde la inseguridad continúa siendo uno de los principales reclamos ciudadanos.

Los vecinos de Las Américas pidieron hacer públicas las presuntas agresiones y actos de represión que, aseguran, ocurrieron durante la reunión del 25 de agosto. Para ellos, la presencia policial no representó contención, sino presión. Y cuando una comunidad llega a una mesa de diálogo con la percepción de que puede ser intimidada por quienes deberían garantizar su seguridad, el objetivo mismo de esa mesa queda en entredicho.

El conflicto de fondo tiene nombre y apellido: una obra que, de acuerdo con los habitantes, afectaría severamente su calidad de vida y cuyo costo consideran injustificado. Los inconformes sostienen que el gobierno municipal pretende imponerla pese a las advertencias que han presentado sobre sus posibles consecuencias.

Días antes, los habitantes bloquearon la Avenida Central para exigir respuestas y reclamaron la destitución de personal de SAPASE Ecatepec y de trabajadores de la UTC50, a quienes responsabilizan de acciones que, según su versión, han profundizado el conflicto.

La acusación política que queda sobre la mesa es todavía más delicada: que las decisiones sobre infraestructura ya estarían tomadas y que las mesas de diálogo funcionarían únicamente como una especie de escenografía para justificar determinaciones previamente adoptadas.

Es una acusación que la administración municipal tendría que aclarar con documentos, proyectos, estudios técnicos y argumentos públicos, no únicamente con discursos. Porque si la obra es necesaria, deberá explicarse por qué. Si es viable, deberán presentarse los estudios que lo demuestren. Si representa beneficios regionales, habrá que explicar cuáles son y quiénes resultarán beneficiados.

Y si existen riesgos o afectaciones para Las Américas, los habitantes tienen derecho a conocer cómo serán atendidos.  Por eso los vecinos solicitaron la intervención de la Comisión Nacional del Agua y de la Comisión del Agua del Estado de México, al considerar que el conflicto rebasa las atribuciones municipales. Su petición también coloca el tema en un terreno donde las explicaciones técnicas resultan indispensables.

 

Lo ocurrido el 25 de agosto deja una lección incómoda para Azucena Cisneros Coss: el gobierno del pueblo no se mide cuando los ciudadanos aplauden, sino cuando tienen el valor de cuestionar al poder. Ahí es donde se demuestra si el diálogo realmente está abierto o si nada más funciona mientras las respuestas ciudadanas coinciden con las decisiones oficiales.

Las pancartas pueden retirarse, los gritos pueden apagarse y una reunión puede darse por terminada. Pero el conflicto permanece. Y mientras los vecinos sigan diciendo ¡usted nos mintió!, la administración municipal tendrá algo mucho más difícil que enfrentar que una protesta: tendrá que recuperar una confianza que, al menos en Las Américas, parece estar profundamente lastimada.