+ Inducida, competitiva y oportunista, UAEMéx (parte II); Corrupción en la Junta de Caminos del Estado de México. ¿Verdad o mentira?; El huachicol es una actividad que incluye a todos los niveles de gobierno, quienes prefieren hacer como que no ven

San Isidro por favor,

sea maestra o sea doctora,

votemos por una rectora.

Inducida, competitiva y oportunista, UAEMéx

(II de III partes)

Se observan tres tipos de legitimación de candidaturas. Toca dos competitiva.

La candidatura competitiva en cualquier sistema electoral parte de la premisa de que la legitimidad proviene de la libre competencia entre dos o más candidatas.

En la competencia abierta y franca el único acuerdo es admitir la voluntad de la mayoría.

Eventos, discursos y conversaciones en la universidad advierten quienes encarnan las candidaturas competitivas en la UAEMéx.

En primer lugar, Laura Benhumea. Su posicionamiento público ha sido firme. Se enfrentó al autoritarismo uaemita.

Fue pública su persecución.  Fue evidente que intentaron silenciarla. Se ensañaron con ella. Quisieron eliminarla de la boleta electoral. Hoy es ejemplo de lucha universitaria.

Su mensaje es diferente. Tiene capacidad de diálogo. Escucha y atiende. No pudieron acabar con Benhumea. Hoy es la candidata más competitiva.

En segundo lugar, la candidatura competitiva se configura en el caso de Dolores Durán, quien viene por el desquite al haber sido relegada en el anterior proceso de sucesión en la rectoría Uaemex a quien sentaron a fuerza y sin hueso de consolación de por medio.

Las candidatas competitivas como Benhumea y Durán le apuestan a la incertidumbre del resultado el día de las votaciones, empiezan por aceptar que el voto se gana conquistando las voluntades de los electores, también tienen mucha claridad en que se gana en la mesa de votación, pues es la única vía legítima para ascender al cuarto torreón de rectoría.

De esta forma, todas sus estrategias en medios de información, sus mensajes en redes y los comentarios de sus equipos de campaña, privilegian el llamado a la participación informada, la defensa de los principios democráticos y la inclusión de todos los sectores universitarios.

La legitimación proviene del voto en urna transparente, del escrutinio público, de la presencia de observadores independientes, de la máxima publicidad y de la contabilidad de los sufragios por un órgano imparcial.

Y lo más importante, aceptar el triunfo o la pérdida. Dejar que la ganadora sea ungida rectora. Resignarse a que la o las perdedoras regresen a su salón a seguir impartiendo clase.

EL NEPOTISMO INVADE LA JUNTA LOCAL DE CAMINOS

Muy mal dejaron los trabajadores de la Junta de Caminos del Estado de México, al director General de ese organismo, Mario Ariel Juárez Rodríguez, al exponer frente a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la presunta relación que existe entre este personaje y María Teresa Ruiz Pérez, quien, siendo su pareja sentimental, es la subdirectora de Administración del mismo organismo.

Tal acusación no es nueva, en realidad Ariel Juárez Rodríguez y María Teresa Ruiz Pérez mantienen una relación personal desde que el primero fue presidente municipal de Cuautitlán, y también todo el mundo sabe que Walter Ruiz, es hermano de María Teresa Ruiz Pérez y cuñado de Ariel Juárez Rodríguez, y también trabaja en la Dirección Jurídica de la Junta Local de Caminos del Estado de México.

Este bonito caso de nepotismo ya había sido denunciado por los trabajadores de la Junta Local de Caminos del Estado de México por los propios trabajadores del organismo mediante un oficio dirigido a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, quien hasta ayer no había fijado una posición oficial al respecto.

Pero la presidenta Claudia Sheinbaum si argumentó al respecto, y precisó que: cuando hay nepotismo vinculado con las leyes, tiene que sancionarse.

Durante la conferencia de prensa que ofrece Sheinbaum Pardo de lunes a viernes en Palacio Nacional, explicó que la ley establece que no se puede contratar a familiares hasta un cuarto grado de parentesco, salvo en casos muy específicos, como cuando la persona denunciada ya trabajaba en la dependencia antes de que llegara el servidor público que la nombró.

Sheinbaum puso como ejemplo que un cuñado, que es esposo de tu hermana, cuenta como segundo grado y que el límite son cuatro grados de relación directa para que la contratación esté prohibida.

Agregó que, aunque las acusaciones deben tener sustento legal, siempre es importante escuchar y atender las quejas de los trabajadores.

En este contexto, trabajadores de la JLCEM han solicitado la intervención de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, para atender diversas irregularidades que, según afirman, se viven al interior de la dependencia. Entre los señalamientos destacan presuntos actos de acoso laboral y tratos discriminatorios atribuidos a la subdirectora de Administración, María Teresa Ruiz Pérez, quien se señala como La Jefa y pareja de Ariel Juárez.

Además, acusan que, junto con su hermano, Walter Ruiz, quien se desempeña en la Dirección Jurídica, controlan una red que va desde las contrataciones hasta las residencias regionales, donde existiría una nómina inflada con aviadores, personas que cobran sin trabajar.

De acuerdo con la denuncia de los trabajadores, tanto María Teresa Ruiz como Walter Ruiz provienen del grupo político cercano de Ariel Juárez, desde que éste fue presidente municipal de Cuautitlán en 2019-2021. De hecho, la primera fue Secretaria del Ayuntamiento.

Los trabajadores expusieron su malestar ante el presunto cobro de moches a empresas contratistas por parte del grupo cercano a la dirección de la JCEM, así como la existencia de la mencionada red de aviadores.

Incluso, se menciona que Walter Ruiz llegó a ocupar el cargo de presidente del Sistema Municipal Anticorrupción de ese municipio, como ejemplo de la falta de congruencia de los políticos adheridos ahora a la Cuarta Transformación.

Por ahora, el caso continúa bajo denuncia pública y se espera que las autoridades correspondientes determinen si existe responsabilidad legal y, en su caso, se apliquen las sanciones previstas por la ley.

Hay que recordar que Ariel Juárez Rodríguez ya se vio inmerso en otra polémica, cuando acusó públicamente al todavía secretario de Movilidad del Estado de México, Daniel Sibaja, de obligarlo a firmar documentación para autorizar una compra de materiales con sobreprecio y también dijo que Sibaja estaba utilizando recursos estatales que corresponderían a la Junta de Caminos del Estado de México para apoyar otros programas que nada tienen qué ver con el mejoramiento de caminos, que es la obligación de ese organismo.

Lo cierto es que las cosas no marchan bien en la Junta de Caminos, entre disputas de los propios servidores públicos que integran el organismo que, al menos hasta el momento, no se ve que haga mucho por arreglar las pésimas condiciones de rodamiento que hoy registra la mayoría de la red carretera del Estado de México.

Huachicol, actividad delictiva que nadie quiere ver

La extracción ilegal de combustible de los ductos de Petróleos Mexicanos se ha vuelto un dolor de cabeza para la administración federal, pues por esa vía se pierden millones de pesos todos los días en una actividad que, según Andrés Manuel López Obrador, ya se había extinguido en este país, pero que todos los días nos damos cuenta todos los mexicanos que esa fue una mentira más de la larga lista con la que algunos creyeron en su transformación.

Es cierto que cuidar más de 35 mil kilómetros de ductos no es una tarea fácil para las fuerzas federales, estatales y para las policías municipales, es real que, aunque nos duela reconocerlo, hay cosas más importantes qué hacer para los uniformados de este país, pero el problema es que los grupos delictivos han hecho de esta actividad una de sus principales formas de financiamiento.

Se trata de un delito del fuero federal, pero ese nivel de gobierno no será capaz de hacer nada real en su contra si no se recurre a la coordinación de esfuerzos entre las corporaciones y al uso de nuevas tecnologías que permitan identificar los puntos de extracción y combatir a quienes se dedican a ese delito.

Hasta antes de López Obrador la extracción ilegal de combustibles –gasolinas y diesel— se enfrentaba con sistemas de calibración que eran capaces de detectar cambios en la presión de los ductos, pero  ese señor se le ocurrió que la mejor forma de controlar el problema era comprando pipas que dejaran inservibles los ductos e hicieran el trabajo a la antigüita, o sea con el trasvase del producto de las estaciones de almacenamiento a los puntos de venta. Esa decisión en realidad fue un fracaso, primero, porque alguien se quedó con las pipas que supuestamente se compraron para distribuir los combustibles, segundo, porque se les olvidó que era más fácil interceptar las pipas que ordenar los ductos, y, finalmente, porque a final de cuentas creyeron que unos cuantos guardias nacionales convertidos en operadores de pipas serían suficientes para asegurarse que esa labor se realizada efectivamente y sin riesgos.

Pues nada de eso resultó, y la verdad es que el llamado huachicol sigue muy presente en todo el país, y de eso se puede dar cuenta cualquiera simplemente dando una revisada a los aseguramientos de los múltiples sistemas de contención que hoy utilizan los delincuentes, lo mismo barcos que unidades terrestres de gran escala. Lo increíble es que parece que nadie se da cuenta cuando esos sistemas se mueven por todo el país repartiendo el producto robado a las gasolineras a las que poco les importa el origen lícito de ese combustible.

Seguimos viviendo en una fantasía en la que las autoridades federales dicen que no pasa nada y la realidad expone todos los días que el huachicol está ahí, muy presente, en todos los niveles y casi en todo el país, pues incluso los grupos delincuenciales ya tienen sus unidades especializadas que se dedican tanto a la extracción ilegal de combustibles, como al traslado y la comercialización del producto. Pero, para el gobierno federal, no pasa nada.

Mencionamos antes que es imprescindible la colaboración de todos los niveles de gobierno para compartir este flagelo delictivo, pues las policías estatales y más las municipales no sólo no son capaces de exponer este tipo de delitos, sino que los protegen, los cobijan y brindan protección a quienes se dedican a esto.

Apenas la semana pasada trascendió un importante aseguramiento que se logró de combustible robado en la zona norte del Estado de México, allá por la zona de Jilotepec, pero resulta que no hubo un solo detenido en esas acciones, nada más se encontraron camiones cisterna repletos de gasolina, pero abandonados.

¿Serán tan buenos los delincuentes como para darse a la fuga inmediatamente del lugar de los atracos sin que nadie se entere? ¿Cuentan o no cuentan con la protección institucional de los policías municipales de esas localidades? Y, aunque parezcamos mal pensados, ¿será que alguna autoridad municipal es cómplice de estas acciones?

Por supuesto que todo eso pasa, a la vista de todos, pero tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata, y en esa red de complicidades todos dicen ser inocentes.