+19 meses tarda un asunto judicial en el Estado de México, abundan controversias familiares; 2 jueces por cada 100 mil habitantes
La frase:
La justicia sobre la fuerza, es la impotencia, la fuerza sin justicia es tiranía.
BLAISE PASCAL
LEJOS DE LA JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA
En los últimos días se ha hablado de la Reforma Judicial y se seguirá hablando, pero hasta el momento sólo han hablado los afectados, es decir quienes trabajan en el Poder Judicial de la Federación, pero también quienes quieren hacer cambios que son los integrantes del Poder Ejecutivo federal y del Poder Legislativo; sin embargo, lo que deben tomar en cuenta es la tardanza en la aplicación de la justicia que rompe por así decirlo con el apotegma de que la justicia debe ser pronta y expedita. Actualmente en México no es ni lo uno ni lo otro.
El estudio que realizó el Consejo de la Judicatura Federal, indica lo siguiente:
El federalismo judicial mexicano acarrea desafíos para la implementación de reformas estructurales y la garantía efectiva del derecho de acceso a la justicia. Los poderes judiciales estatales son diversos en cuanto a su presupuesto, infraestructura, número y perfiles de los funcionarios judiciales, áreas y personal de apoyo judicial, niveles de independencia, normas internas, entre otros aspectos. Ello complica la detección de problemas en la impartición de justicia, así como el diseño y la implementación de reglas, procedimientos y políticas públicas destinadas a mejorar los servicios judiciales.
Al mismo tiempo, la responsabilidad de impartir justicia recae principalmente en los poderes judiciales locales y toda iniciativa de reforma debe responder a los problemas que enfrentan las personas que acuden a estas instancias para resolver sus conflictos. De acuerdo con los datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal, entre 2020 y 2022 ingresó un promedio de 2’188,719 controversias en los juzgados de primera instancia, de las cuales 40% fue de naturaleza familiar y 30%, civil. Esto quiere decir que en su mayoría los casos que conocen los jueces y tribunales locales son controversias del orden familiar.
Por otra parte, en la mayoría de los casos la decisión del juez de primera instancia es definitiva; es decir, que nunca llega al conocimiento del Poder Judicial de la Federación (PJF). De acuerdo con cifras del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal, en 2022 66% de las sentencias dictadas por los juzgados de primera instancia no fue impugnado ante las Salas, por lo que se convirtieron en sentencias firmes. En lo que respecta a las sentencias dictadas en segunda instancia por los poderes judiciales locales, únicamente 14% fueron impugnadas sin intervención del PJF.
Ante la relevancia que tienen los poderes judiciales estatales en el sistema de justicia en general y en la garantía de acceso a la justicia en particular, en esta sección se señalan los principales problemas que enfrenta la justicia local y se presenta una serie de propuestas para desarrollar una reforma judicial integral.
A. Aspectos generales
I. Duración de los juicios
La duración de los juicios en el ámbito local es uno de los indicadores más importantes para evaluar si se cumple el principio de justicia rápida, efectiva y expedita. Cuando la resolución de los procesos judiciales se demora más de lo razonable, las personas involucradas, especialmente las que menos tienen, pierden. Las partes en conflicto invierten recursos económicos, sociales y personales que no tienen o que podrían haber destinado a cubrir otras necesidades, mientras que los órganos judiciales se congestionan, incrementa el rezago y la percepción de legitimidad se ve afectada.
En este escenario, cualquier propuesta de Reforma a la Justicia Local debe reconocer la necesidad de partir de un diagnóstico que identifique la duración de los juicios, por actores y materias. De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal, en 2022 los procesos civiles fueron los más largos, con un promedio de 19.28 meses para obtener una sentencia. Si esta cifra se analiza en conjunto con el hecho de que las materias civil y familiar son las que más se litigan en el ámbito local, resulta que estos procesos judiciales son los más numerosos y los más largos.
Una de las razones que explica la duración de los juicios civiles y familiares es que en éstos tiene lugar la actividad probatoria principal. También, que el avance de algunas etapas depende de la actividad de los abogados, que no siempre actúan de manera diligente. En cambio, justo por sus características en términos de adjudicación, la segunda instancia dura en promedio cuatro meses.
En materia laboral estatal, el INEGI reporta que entre 2020 y 2023, el número de expedientes solucionados fue de 31,173. Entre éstos, 8,199 duraron entre 1 y 15 días; 3,511, de 16 a 30 días; 5,251, entre 31 y 60 días; 2,131, de 91 a 120 días; 2,014 de 121 a 150 días; 1,390, de 151 a 180 días; 1,009, de 181 a 210 días; 639 de 211 a 210 días; 1,240, de 241 a 365 días y 494 duraron más de 365 días. Este cálculo se hizo sin tomar en cuenta fines de semana ni días de descanso obligatorio. La duración de los procesos laborales locales en días calendario es, en consecuencia, mayor, salvo en los procesos de huelga en que todos los días son hábiles.
II. Jueces por habitante y cargas de trabajo en los órganos jurisdiccionales
La judicatura estatal ha enfrentado muchos problemas respecto a la capacidad instalada para atender de manera eficiente y adecuada los asuntos que se someten a su conocimiento. Aunque no es el único factor que explica la lentitud de algunos procesos y el rezago judicial, la falta de jueces y juzgados suficientes para atender las demandas de acceso a la justicia contribuye de manera negativa en el acceso a la justicia y a recibirla de forma pronta y expedita.
El promedio de jueces por cada 100,000 habitantes en el ámbito global es de 17.83. En contraste, el promedio de jueces estatales por 100,000 habitantes en México es de 3. Si se contrasta esa misma cifra respecto de las diferentes entidades que integran la Federación, resulta evidente que la disparidad es muy grande. Por ejemplo, en Campeche hay 10 jueces por cada 100,000 habitantes; en Baja California Sur, 7, y en Chihuahua, 6. En cambio, en Chiapas, Nuevo León y Estado de México hay sólo 2 jueces por cada 100,000 habitantes.
Es evidente que algunos estados tienen muchísimos menos jueces de los que deberían, y su tamaño o distribución territorial genera problemas de acceso a la administración de justicia, en especial, a las poblaciones que se encuentran en áreas rurales y remotas.
Sumado a lo anterior, el número actual de jueces estatales es insuficiente para enfrentar las crecientes demandas de justicia. Las estadísticas judiciales demuestran que cada año se incrementa sustancialmente el número de controversias. Entre 2019 y 2020, los asuntos aumentaron en más de 200%, a los cuales se suman los procedimientos judiciales que sufrieron retrasos debido al cierre parcial de los órganos jurisdiccionales durante la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2.