+Seguridad a base de un perro robótico y humanoides, pero con disminución de personal humano; 9 de julio fecha clave para Nancy Nápoles, cuyo delito no alcanza cárcel; los árboles de altura
La frase:
Hay que meter pitita para sacar sedita.
REFRÁN POPULAR
EL DETALLE: Habrá 126 mil árboles para restaurar espacios verdes en Toluca, anunció el alcalde Ricardo Moreno. Señaló que los árboles serán grandes, de más de 15 metros de altura.
Si es así, estará igualando el profesor Carlos Hank González, entonces gobernador de nuestra entidad, quien en la realización del Paseo Tollocan, una de las más bellas entradas a la ciudad de Toluca, ordenó la plantación de árboles de origen canadiense, de más de 20 m de altura, los que fueron transportados por tráileres especiales.
Ojalá también, una treintena de árboles de la altura anunciada por Moreno, sean plantados en Paseo Colón, en donde muchos árboles de gran altura, prácticamente han visto pasar su vida útil.
Ojalá que no sea con plantitas de árboles de 10 centímetros o en el peor de los casos, que la cuestión quede en mera promesa, como la que nos quedó a deber el entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes de Enrique Peña Nieto, ya fallecido Gerardo Ruiz Esparza, quien prometió plantar 10 árboles por cada uno de los casi 200 mil árboles sacrificados para dar paso al Tren Insurgente.
ACLARACIÓN: La presidenta municipal de Tenancingo Nancy Nápoles no ha sido detenida. Simplemente el juicio por el delito de secuestro simulado se está siguiendo y con base a ello el próximo día 9 de julio, tendrá que presentarse ante el juez correspondiente, para aclarar su situación de víctima y planeadora del supuesto secuestro. Ese día, 9 de julio, se le hará la formulación de imputación, de acuerdo al procedimiento jurídico.
Por esta razón es que permanece en su puesto, muy oronda y además porque en caso de encontrársele culpable de planear el secuestro y de ser la víctima, lo más que puede alcanzar, de acuerdo a la ley penal correspondiente, es una sanción de 700 días de trabajo comunitario.
No es lo mismo para el caso de los dos detenidos y sujetos a proceso, porque ellos al ser juzgados podrían alcanzar una penalidad de hasta dos años de prisión. Cabe hacer notar que el boletín correspondiente, emitido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México si bien presentó un aporte gráfico en donde aparece la alcaldesa entre los sospechosos, nunca se dijo que fue detenida o que sería.
El día clave, es el próximo jueves 9 de julio. Por lo pronto, el Fiscal no está mintiendo y todo parece indicar que la alcaldesa sí.
SEGURIDAD: ALTO COSTO TECNOLÓGICO Y RESULTADOS ESCATOLÓGICOS
La inauguración de la supuesta remodelación del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de Toluca, encabezada por el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, fue presentada como un parteaguas en la estrategia de combate a la delincuencia.
Sin embargo, una vez disipado el impacto mediático del evento, comienzan a surgir interrogantes que obligan a analizar con mayor profundidad si realmente se está fortaleciendo la seguridad pública o si se construye una narrativa basada en la exhibición de tecnología que poco tiene que ver con las necesidades inmediatas de los mexiquenses.
La imagen institucional apostó por mostrar un rostro futurista de la seguridad: robots humanoides, un perro robótico, nuevas herramientas de monitoreo y la incorporación de un helicóptero Black Hawk fueron colocados en el centro de la conversación pública.
El mensaje era claro: el Estado de México entra a una nueva etapa tecnológica. Sin embargo, detrás de esa puesta en escena emergen señalamientos que contrastan con el discurso oficial.
Diversas voces dentro de la propia estructura de seguridad han advertido sobre una disminución significativa de operadores en los centros de atención, una situación que podría traducirse en mayores cargas de trabajo y posibles afectaciones en la capacidad de respuesta ante emergencias.
La contradicción resulta evidente. Mientras se presume la llegada de tecnología de alto costo, persisten dudas sobre la disponibilidad del recurso humano que constituye la verdadera columna vertebral de cualquier sistema de seguridad.
La atención de llamadas de auxilio, la coordinación entre corporaciones y la toma de decisiones en situaciones críticas siguen dependiendo de personas capacitadas. La inteligencia artificial y la robótica pueden complementar procesos, pero aún están lejos de sustituir la experiencia, el criterio y la capacidad de reacción de un operador que enfrenta situaciones de riesgo en tiempo real.
A ello se suma la polémica relacionada con el helicóptero Black Hawk, presentado como una de las principales herramientas de la nueva estrategia de vigilancia aérea. La aeronave ha estado rodeada de cuestionamientos desde que comenzó a hablarse de su adquisición.
Más allá de la expectativa generada, existen dudas sobre las condiciones en las que fue incorporada, los trabajos de adecuación que requirió para entrar en operación y las razones por las cuales permaneció resguardada durante un largo periodo antes de ser presentada públicamente.
Para muchos especialistas y observadores, la discusión no gira únicamente en torno a su capacidad operativa, sino a la pertinencia de una inversión de esta magnitud en un contexto donde existen múltiples carencias en materia de seguridad pública.
La exigencia de transparencia cobra especial relevancia cuando se trata de recursos públicos. Los ciudadanos tienen derecho a conocer cuánto costaron estos equipos, bajo qué procedimientos fueron adquiridos, cuáles son sus costos de mantenimiento y, sobre todo, qué indicadores permitirán evaluar si realmente generan beneficios para la población. La rendición de cuentas no debe limitarse a eventos protocolarios ni a exhibiciones tecnológicas; debe traducirse en información verificable y accesible para todos.
Los robots tampoco han escapado al escrutinio público. Aunque las autoridades sostienen que en el futuro podrían desempeñar tareas de reconocimiento facial, vigilancia especializada o apoyo en situaciones de alto riesgo, hoy su utilidad práctica sigue siendo limitada.
En una entidad donde continúan registrándose delitos de alto impacto, desapariciones, extorsiones, homicidios y feminicidios, resulta inevitable preguntarse si estas adquisiciones responden a prioridades operativas o si forman parte de una estrategia orientada principalmente a fortalecer la percepción pública de modernización gubernamental.
La confianza ciudadana en las instituciones de seguridad no se construye a partir de exhibiciones de innovación tecnológica. Se gana con resultados concretos: menos delitos, mejores tiempos de respuesta, investigaciones eficaces y atención digna a las víctimas.
Cuando la población percibe que las autoridades concentran esfuerzos en mostrar equipamiento sofisticado mientras persisten problemas básicos en la atención y protección de la ciudadanía, la brecha entre discurso y realidad puede ampliarse peligrosamente.
El reto para la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez no consiste únicamente en incorporar nuevas herramientas tecnológicas, sino en demostrar que cada peso invertido genera beneficios tangibles para la población.
La verdadera evaluación no se realizará en los eventos de presentación ni en los recorridos oficiales por instalaciones remodeladas. Se medirá en la capacidad de reducir la incidencia delictiva, mejorar la percepción de seguridad y brindar respuestas efectivas a quienes enfrentan una emergencia.
La preocupación ciudadana está plenamente justificada. La propia actualización del Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029 reconoce que el 71.3 por ciento de la población identifica a la violencia y la delincuencia como uno de los principales desafíos de la entidad.
Esa cifra refleja una demanda social urgente que difícilmente podrá atenderse únicamente con drones, robots o helicópteros. Los mexiquenses esperan resultados visibles en sus comunidades, en sus calles y en su vida cotidiana.
Porque al final, la seguridad no se mide por la sofisticación de los equipos exhibidos, sino por la tranquilidad con la que una familia puede salir de casa y regresar sin miedo.